'Ni confirmo ni desmiento'. Paula Sánchez de León, portavoz del Consell valenciano que preside Francisco Camps, evitó ayer aclarar si la trama Gürtel dispuso de información privilegiada sobre la visita del papa a Valencia en julio del año 2006, tal y como se desprende del sumario judicial. 'Desde el principio hemos dicho que en su momento se podrá demostrar toda la verdad sobre este caso', continuó Sánchez de León. Para no dar más explicaciones, la portavoz invocó el respeto a la Justicia y a las decisiones judiciales, y se quejó de que 'se trata de una causa politizada y política'.

Los empresarios dirigidos por Francisco Correa supieron que el evento se iba a producir semanas antes de que el Vaticano lo hiciera público. Así se desprende de las anotaciones de la agenda del presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, fechadas antes del 7 de noviembre de 2005: 'Está confirmado (en dos semanas, público)', escribió. El anuncio oficial llegó el 18 de ese mismo mes. El empresario también anotó en su dietario una reunión con 'Cotino' para hablar del asunto. Ese apellido coincide con el del vicepresidente valenciano Juan Cotino, aunque Sánchez de León tampoco quiso despejar ayer esta incógnita.

Los informes policiales incorporados al sumario narran cómo la trama se benefició de la anticipación con la que recibió la noticia y consiguió amañar los contratos públicos que Canal 9 adjudicó con ocasión de la visita papal. La radiotelevisión pública valenciana esperó hasta abril para adjudicar uno de los contratos más importantes, de un importe de 6,4 millones de euros. Escogió la vía de urgencia, opción que le permitió eludir el concurso público. La empresa adjudicataria fue una constructora, pero, según los informes, los empresarios presuntamente corruptos se embolsaron tres millones de euros en comisiones gracias a esta adjudicación.

Pablo Crespo ya tenía prevista esta posibilidad, a tenor de lo que escribió en su agenda, en la misma página en la que trató el resto de asuntos relacionados con la visita del papa: 'Eliminar referencias a la LCAP', en probable alusión a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Preguntada sobre si la Generalitat Valenciana investigará los indicios de delito, la consellera se limitó a considerarlo innecesario: 'No hemos realizado ninguna investigación porque no entendemos que pueda haber ningún indicio nuevo que pueda aportar nada a lo que viene dos años diciéndose en los medios de comunicación'.

'Será en los propios tribunales donde se averiguará la verdad', remachó Sánchez de León.