El pasado 23 de junio los vecinos del barrio madrileño de Vallecas estaban convocados a una consulta. Debían votar si preferían monarquía o república como forma de Estado y la iniciativa tuvo tanto éxito que las papeletas se agotaron. El resultado, aplastante. Según los datos ofrecidos por la plataforma organizadora, Vallekas Decide, 6.490 de los 7.270 votantes dijeron 'sí' a la república.

Pero, ¿podría replicarse este experimento local a nivel estatal? El 14 de abril, día en que se celebraba el 87º aniversario de la proclamación de la II República española, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón registró una batería de preguntas en las que interpelaba al Ejecutivo de Rajoy por cuestiones relacionadas con la Familia Real y, entre ellas, planteaba al Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum "para que la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía".  La propuesta, sin embargo, parece haber caído en saco roto. 

"Sería muy buena idea", reconoce el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo,  pero no es optimista. "En estas circunstancias, dudo que se materialice", añade.  No se trata de que nuestra Carta Magna carezca de mecanismos para ello. La Constitución recoge en el artículo 92.1 —en el Capítulo segundo del Título III— que las decisiones políticas de "especial trascendencia" pueden ser sometidas a "referéndum consultivo de todos los ciudadanos". El problema reside más bien en las matemáticas.

Una iniciativa que requiere apoyo mayoritario

"Sacar adelante una iniciativa de este calado requeriría el apoyo de una amplia mayoría y nos encontramos en un momento político en el que sería muy complicado recabar esos apoyos en el Congreso", explicita José Antonio González Casanova, catedrático de teoría del Estado y derecho constitucional de la Universitat de Barcelona.

Un referéndum para votar sobre la continuación de la Monarquía en España o el establecimiento de una República no podría convocarse de forma automática sino que requeriría del apoyo de las dos terceras partes del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, y un nuevo apoyo con la misma proporción de votos de las nuevas Cámaras.

El primer paso, reformar la Constitución

"Cambiar la forma de Gobierno de un país es una decisión importante y, por ese motivo, es imprescindible una reforma de la Constitución", explica Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. La llamada a las urnas exigiría, en primer lugar, que al menos 233 diputados del Congreso y 177 senadores avalaran una reforma constitucional en ese sentido. Si las cuentas salen, habría que disolver las Cámaras y, tras las elecciones, las nuevas Cortes tendrían que apoyar la reforma con el mismo apoyo, según establece el artículo 168 de la Constitución que incluye este supuesto entre aquellos que exigen una "reforma agravada" de la Carta Magna.

Cambios a largo plazo

Este artículo establece que las cámaras nuevamente elegidas "deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional" y aprobarlo nuevamente por mayoría de dos tercios. Sólo después de este proceso, una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, la revisión de la monarquía podría ser sometida a referéndum para su ratificación. Y aquí se plantea un nuevo dilema. "Todo este proceso requiere mucho tiempo. Es posible que, desde que los ciudadanos fuesen consultados hasta la ejecucción de la medida, hayan pasado varios años. Por lo tanto, surgiría la duda de si, tras ese lapso, se seguiría recogiendo la voluntad del pueblo", expone Gómez.  

La monarquía está blindada

Según explican los expertos, este complicado trámite se debe a que la figura de la monarquía se encuentra especialmente protegida en la Carta Magna ya que figura en el Título Preliminar y en el Título II que "quedan blindados" junto a otros aspectos de la Constitución como los derechos y libertades del Capítulo Segundo y los derechos y deberes fundamentales de la Sección primera del Título I.

A pesar de la compleja maquinaria legislativa, José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, entiende que no es imposible. La clave está en la voluntad política. "Existe una resistencia ancestral a modificar la forma de gobernar y es muy probable que Sánchez no sea quien altere la tendencia", reconoce. La prueba está en que, cuando el PSOE elaboró desde la oposición su propuesta de reforma constitucional, la posibilidad de cambiar el modelo de la jefatura del Estado no figuraba entre sus prioridades.