La situación de Francisco Camps en el llamado caso de los trajes se verá agravada si el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) confirma, el próximo miércoles, la decisión del juez Antonio Pedreira de pedir a la Justicia valenciana que investigue también a quienes pagaron la ropa del president con cargo a la red Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, el 'amiguito del alma' del líder del PP valenciano. En el supuesto de que los tres engrosen la nómina de imputados en ese caso, no está claro si el delito atribuible a Camps seguiría siendo sólo el de cohecho pasivo impropio, aquel soborno leve que comete quien acepta regalos que se le ofrecen por su condición de alto cargo y por el que Anticorrupción le pide 41.000 euros de multa.

Pero sí son seguras dos cosas: la primera, que la entrada en escena del trío de pagadores obligaría al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) a imputar a estos últimos un delito de soborno sin adjetivos castigado con hasta seis años de prisión, y que eso agrandaría la mancha judicial de Camps. La segunda consecuencia estriba en que el juicio de los trajes no se celebraría en otoño porque la instrucción se reabriría.

El TSJCV actúa como si los trajes surgieran por generación espontánea

En la más que probable hipótesis de que la Sala Civil y Penal del TSJM respalde a Pedreira frente al recurso planteado por el PP, que aprovechó su condición de 'acusador popular' para torpedear la inhibición, el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) se verá forzado a pronunciarse. Y el plan diseñado ya en abril de 2009 con Camps como principal beneficiario puede irse al traste. Ese plan incluía e incluye considerar el regalo de trajes como un fenómeno surgido por generación espontánea: es decir, sin relación causal ni con los contratos multimillonarios que obtuvo la red ni con la presunta financiación ilegal del PP.

De hecho, el tribunal valenciano ha rechazado por sistema todas las solicitudes de las acusaciones (Fiscalía y PSOE) para investigar como un todo indisoluble los regalos, las adjudicaciones públicas a OrangeMarket y otras empresas ligadas a la red (14 millones de euros) y las cuentas del PP, que supuestamente ocultó 2,5 millones al fisco en las elecciones de 2007. Anticorrupción ha vuelto a pedir al TSJCV que demore la tramitación del caso de los trajes hasta que decida si acepta investigar la financiación del PP, lo que debe producirse antes de las elecciones del 22 de mayo.

La Fiscalía no ha cesado de pedir que este caso se una al de la financiación del PP

Si el TSJM confirma la inhibición de Pedreira respecto al trío capitán de la red Gürtel en cuanto a lo sucedido con los trajes y reclama que se les juzgue por esos hechos, el tribunal valenciano sólo tiene dos opciones ante sí: permitir que Correa, Crespo y Pérez se libren de la acusación de soborno por los trajes o actuar contra ellos, bien incorporándolos al caso, en el que Camps ya está a un pie del juicio por cohecho pasivo, bien congelando la causa para unirla a la que, salvo nuevas maniobras dilatorias, debe abrir el TSJCV en torno a la presunta financiación ilegal del PP.

Pronosticar cuál de esas opciones será la elegida resulta poco menos que imposible. Sobre todo, porque no cabe descartar que el TSJCV alegue su incapacidad para investigar la financiación del PP so pretexto de que en el caso Gürtel hay diputados de distintas comunidades que gozan de aforamiento ante los respectivos tribunales superiores de su comunidad: los diputados elegidos en las listas del PP en Madrid, los del País Valenciá y aquellos pendientes de imputación si Castilla y León acepta investigar. Pero hay algo seguro: si el TSJCV abre en el caso de los trajes la puerta de escapatoria a los tres presuntos jefes de la Gürtel, dispararía el listón del escándalo, ya muy alto desde agosto de 2009.

Si el Alto Tribunal valenciano acepta la petición de Madrid, el juicio se demorará

El día 3 de ese mes, y gracias al voto decisivo del entonces presidente del tribunal y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa, el TSJCV cerró en falso el caso de los trajes bajo el argumento de que esos regalos no constituyeron delito. Sólo cuando el Supremo ordenó en mayo de 2010 reabrir el caso, la maquinaria arrancó de nuevo. Pedreira envió su auto al TSJCV pero el PP, teórico acusador popular en el caso Gürtel, lo recurrió. Y es ese recurso sobre el que el miércoles debe decidir la Sala Civil y Penal del TSJM.

Pero, aun así, también aquí cabe la posibilidad de que el TSJCV haga de nuevo caso omiso a la petición de Pedreira. Camps y los otros tres altos cargos imputados Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret se zafarían de verse en el banquillo acompañados por Don Vito, Grecian y el Bigotes, apodos con los que la trama designaba a Correa, Crespo y Pérez. Si el TSJCV opta, contra viento y marea, por mantener la causa en sus límites actuales, quienes presuntamente sobornaron al president con ropa a medida quedarán en un limbo jurídico difícil de romper salvo que el Supremo actúe.

De momento, las fuentes cercanas al TSJCV insisten en que el caso de los trajes sigue su camino y que los plazos no se detendrán. 'Es muy difícil reabrir la instrucción', sostiene otra fuente conocedora del tribunal.

De los tiempos que maneja el TSJCV se desprende que el juez del caso de los trajes, José Flors, celebrará la llamada audiencia preliminar en la primera mitad de abril. Ahí, defensas y acusaciones expondrán sus conclusiones. El juez decidirá entonces si archiva o si, en línea con sus propios postulados, ordena procesar a Camps y a los otros tres altos cargos por aceptar regalos de la trama.