La falta de medios y efectivos de los servicios de extinción de incendios de Castilla y León la conocen muy bien, y por experiencia, los propietarios de las tres viviendas que el pasado 6 defebrero ardieron en el municipio leonés de la Losilla.

Unos cuarenta y cinco minutos después de avisar al 112 acudió una dotación de bomberos de la capital leonesa, pero lo hicieron sin vehículo escalera, lo que aumenta el riesgo para ellos mismos, y con problemas de abastecimiento de agua. No es la primera vez.

Desde hace años, los bomberos de esta región vienen denunciando la falta de personal profesional, la falta de parques y la falta de una legislación autonómica que regule y coordine todos los servicios de emergencias en la Comunidad, repletos ahora de múltiples figuras dependientes de distintas administraciones.

Aparte de disminuidas, las plantillas están cada vez más envejecidas al no haberse repuesto durante años las jubilaciones; en algunas localidades, los mismos profesionales se quejan de carecer del material adecuado, pero es que incluso hay grandes zonas de la comunidad donde los bomberos tardan en llegar al lugar de un incendio o unaccidente más de una hora.

Solo un dato que sirve para dibujar la situación: la provincia de León
tiene una extensión equiparable a una Navarra y media, con algo menos de población. Sin embargo, mientras en la Comunidad Foral hay doce parques profesionales de bomberos, en León únicamente dos: en la capital y en Ponferrada.

La ley de Bases de Régimen Local establece que todos los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes han de tener un servicio de extinción de incendios y que en aquellos de menor población se han de ocupar de ello las diputaciones. Pero cada una lo hace a su manera, y según la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León (PBPCyL), solo la de Valladolid “hace completamente los deberes”. El resto tira en su mayor parte de “voluntarios” y en el caso de Salamanca, de una empresa privada, Eural, encargada también de la central de emergencias 112.

La diputación de León quiere seguir su estela y ha anunciado un plan provincial de incendios con seis parques de bomberos de gestión indirecta, aunque las infraestructuras, vehículos y material saldrán del presupuesto público.

Aparte de la privatización, las plantillas cada vez más reducidas y la generalización de personal voluntario para ocuparse de la extinción de incendios es una de los principales problemas a los que se enfrentan los bomberos profesionales de la región. “Somos 815 bomberos profesionales y deberíamos ser más de 1.500”- denuncia Juan Carlos Prieto, bombero de Valladolid y miembro de PBPCyL - “pero si a esto le sumamos el intrusismo del voluntariado, la realidad es un caos”.

En su opinión, “el voluntariado puede tener sentido para colaborar en eventos o para algunas labores específicas, siempre bajo control y supervisión de los profesionales, pero no para sustituirlos. Y eso es lo que está ocurriendo en Castilla y León, fomentado por el gobierno regional porque eso les viene bien para aumentar su red clientelar, sus particulares cortijos”.

Juan Carlos Prieto denuncia también que los voluntarios, “a pesar de que lo prohibe la ley están cobrando, a través de subvenciones, incentivos o complementos en sus nóminas”, pero sobre todo que la utilización de voluntarios tiene consecuencias importantes en el deterioro del servicio: “no tienen la misma formación que un bombero profesional que ha aprobado una oposición, no siempre saben cómo actuar, y además no están siempre disponibles, por lo que tardan en llegar mucho más que nosotros. Cuando les avisan pueden estar en sus trabajos o de excursión por el monte e intervienen con una demora que es fundamental para las consecuencias de un incendio o de un accidente”.

Desde la página de la Plataforma de Bomberos se recuerda, en este sentido, un incendio de hace tres años en una casa rural en Tordómar, en Burgos, al que los voluntarios tardaron en llegar más de 48 minutos. En aquel siniestro murieron seis personas, tres mujeres y tres niños, todos de la misma familia.

Más recientemente, en marzo del pasado año, otro incendio en una casa rural en la provincia de Burgos volvió a poner en evidencia las deficiencias del servicio. Según informó entonces un diario local, los voluntarios de Roa “no acudieron al incendio al encontrarse en huelga”. Tenían un conflicto con el ayuntamiento por el reparto del dinero que este les daba por sus salidas. Los ejemplos abundan en otras provincias, como León donde en 2009 un incendio en Riego de la Vega calcinó la factoría de patatas Gus y parte de Hiper Mueble Riego.

En sus declaraciones la propietaria de la fábrica de muebles denunciaba que “los bomberos tardaron hora y media en llegar”. El incendio de una nave de Embutidos Rodriguez la pasada primavera reabrió la exigencia de que la diputación afrontase de una vez los servicios de extinción de incendios en la provincia leonesa.

En su página, la agrupación Ahora Se Puede de La Bañeza aseguraba que en el
siniestro de la factoría de embutidos “los Bomberos de León capital tardaron media hora en tener la autorización del Ayuntamiento para salir y 50 minutos en llegar.”

Estos hechos y las movilizaciones ciudadanas en algunos municipios, como La Bañeza están seguramente detrás del reciente anuncio del plan de parques provinciales de bomberos de gestión indirecta. La razón fundamental dada por la administración provincial leonesa para esta privatización es la imposibilidad de aumentar en 75 funcionarios su plantilla, aludiendo a informes de Hacienda y de la Junta de Castilla y León en ese sentido.

Informes que, en palabras del concejal portavoz de Izquierda Unida en Castilla y León, José María Jáñez, “no dicen eso” y que incluso la Ley de Presupuestos Generales del Estado “contempla una excepción en el caso del personal de extinción de incendios, permitiendo a las administraciones una tasa de reposición del 100%”.

El concejal leonés añade también la necesidad de tener en cuenta “el beneficio de explotación de la empresa privada y el IVA, con lo que tampoco cuadran los argumentos económicos” de que sea una gestión más barata.

El anuncio de la privatización ha levantado también las alarmas entre los bomberos de la región, que recuerdan que el bombero es un agente de la autoridad, una figura que por ley tiene que recaer en un funcionario de carrera. “A veces, tenemos que tomar decisiones difíciles en momentos difíciles, como puede ser la paralización del tráfico ferroviario” -explica Juan Carlos Rodríguez Caviedes, del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Valladolid- “y esa decisión no la puede tomar un voluntario o un bombero privado.

Tampoco se puede delegar en otros agentes como puede ser la policía o la guardia civil, porque ellos ven las emergencias de otra manera, no tienen los conocimientos que tenemos nosotros sobre por ejemplo mercancías peligrosas o estructuras de los vehículos o los edificios”.

La Plataforma de Bomberos Profesionales niega asimismo que “la gestión indirecta abarate los costes y la prueba la tenemos en Villares de la Reina (Salamanca) único parque de bomberos de gestión indirecta en la Comunidad, que al año recibe una subvención de 1.333.000 euros, corriendo la Diputación de Salamanca con los gastos generales del parque. Su parque gemelo,Tordesillas, sale con todos los gastos por 850.000 euros”

Aparte de Salamanca, la única administración que de momento se ha atrevido a privatizar el servicio de extinción de incendios ha sido la gallega. Tres empresas, Matinsa, Natutecnia y Veycar se reparten allí una buena porción del pastel de 23 parques comarcales en una gestión, pagada a medias por la Xunta y las diputaciones, para nada exenta de críticas. De hecho la administración
provincial coruñesa, ahora con gobierno de izquierdas, se está planteando la reversión al ámbito público. Pontevedra y Lugo podrían seguir el mismo camino.

Xabier Villar, miembro y portavoz de la Mesa Intersindical de Bomberos de Galicia, además de reiterar que la gestión privada es más cara, porque “se destinan recursos al lucro de una empresa en vez de dedicarlos a la mejora del servicio” destaca la falta de personal y la falta de coordinación como dos de los mayores males de la experiencia gallega. y pone ejemplos:

“Durante el último temporal, el único parque comarcal, de los veinticuatro que hay, que reforzó la plantilla fue Silleda” -explica a modo de ejemplo - “curiosamente, el único de gestión pública”.

La descoordinación entre los distintos cuerpos de bomberos se denunció también en el accidente de tren de Angrois y más recientemente, en el de la factoría que la empresa de congelados Fandicosta tiene en el municipio pontevedrés de Moaña.

Manifestación de colectivos de bomberos contra la privatizació

A estos problemas hay que sumar, según Villar, “la importante conflictividad laboral, con plantillas que llevan dos años en huelga y casos de persecución sindical y el acceso al empleo, que también es cuestionable. En el último proceso de selección ya se oía que si el hijo, que si el hermano, que si no tienen experiencia… pero son empresas privadas y pueden hacer lo que quieran”.

Sobre el proyecto de la diputación de León el bombero gallego tampoco ahorra críticas: “Lo que creo es que buscan crear una red clientelar de estómagos agradecidos, que luego se notarán a la hora de buscar votos, porque al final es lo que había aquí detrás” y añade que “otra posible razón es que las empresas vinculadas a este negocio, que llevan tiempo viviendo comodamente de este negocio, ven peligrar su modelo en Galicia, porque se está cuestionando de forma importante en Coruña, y Pontevedra y Lugo podrían ir detrás, con lo que difícilmente se mantendría Ourense y por ello la empresas están buscando nuevos horizontes”.

A juicio de una buena parte de los bomberos, como el mencionado Juan Carlos Rodríguez Caviedes, muchos de estos problemas se resolverían con una legislación y una gestión “desde el ámbito autonómico, aunque lo suyo sería nacional. La Junta de Castilla y León tendría que encargarse de que todos los bomberos de la comunidad funcionásemos igual, con los mismos requisitos para entrar y la misma formación, estableciendo también ella los efectivos mínimos de cada parque y de cada servicio”

En opinión de Caviedes, la Junta “sólo se ha atrevido a coger el toro por los cuernos” en lo concerniente a los bomberos forestales. Efectivamente, unos 700 profesionales de este tipo, vienen a añadirse a esta mezcolanza de cuerpos que intervienen en los distintos servicios de emergencia. En este el gobierno autonómico les contrata directamente por periodos que en muchos casos no llegan a los seis meses. Además de la difícil situación laboral que origina a estos empleados algunas fuentes critican el derroche de recursos que supone tener un material infrautilizado durante una buena parte del año.

En otras regiones los bomberos forestales están integrados en todo el servicio de emergencias, como ocurre también con los servicios de Rescate y Salvamento, servicios que el gobierno autonómico intentó privatizar hace un año. La concesión, otorgada también a Eural, la misma adjudicataria del parque privatizado de Salamanca y del 112, fue paralizada por una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León.

Y con toda esta situación, un ámbito que, a juicio de los mismos bomberos profesionales, queda absolutamente abandonado, es el de la prevención: “Nos llamamos Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, pero de lo primero se hace muy poco, a pesar de que el incendio que menos víctimas y daños ocasiona es el que no se produce porque se ha prevenido”- explica Juan

Carlos Rodríguez, quien da solo un ejemplo: “Se está invirtiendo mucho dinero en cámaras de vigilancia, alarmas, pero algo tan básico como un detector de humos no lo tiene nadie”