En pocas ocasiones una negociación parlamentaria ha reportado beneficios a tantos colectivos diferentes de ciudadanos como el enésimo acuerdo para reformar las pensiones. Como moneda de cambio para continuar su apoyo, CiU exigió mejoras en algunos colectivos que considera claves pero que el coste para las arcas del Estado no había permitido que pasaran el primer corte en la redacción del texto.

Así, las viudas mejorarán su prestación al aumentar la base reguladora que se toma para calcular la pensión desde el 52% actual hasta el 60%, si es su principal fuente de ingresos. El incremento será de un 1% anual ocho años. Además, se sube con carácter general la pensión de orfandad hasta los 21 años, que podrá ser hasta 25 si el beneficiario no tiene ingresos superiores al salario mínimo o está estudiando.

Los que hayan realizado una beca de formación reglada de hasta dos años, podrán solicitar que les cuente para la edad de jubilación sin que se ponga un límite a la retroactividad de la medida (que se había fijado en los cuatro años previos al inicio de la ley). A los autónomos se les podrá diseñar una fórmula que permita el acceso a la jubilación anticipada a los 61 años. Además, se permite aumentar su base de cotización sin límite de edad (ahora no se podía modificar a partir de los 50 años). También se abre la posibilidad de estudiar exenciones o bonificaciones para evitar que un autónomo cese su actividad.

A las mujeres que hayan tenido hijos sin estar trabajando se les reconocerán hasta 270 días de cotización para la edad de jubilación, con un límite de dos años. También se ha incluido la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.