BARCELONA
La madrugada del 5 al 6 de octubre de 2013, en la calle Aurora del Raval de Barcelona, murió Juan Andrés Benítez, fundador de la Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas, después de haber sido reducido de manera violenta y golpeado durante doce minutos por agentes de los Mossos. En mayo de 2016, seis agentes del cuerpo fueron condenados a dos años de prisión, suspensión de empleo y sueldo y a la prohibición de pisar las calles uniformados durante siete años. No obstante, nunca pisaron la cárcel ni está previsto que lo hagan. Ahora, casi cinco años y medio después de la muerte de Benítez, el piso que tenía en propiedad, ha quedado en manos de las mafias y se ha convertido en uno de los narcopisos del Raval, según ha podido saber Público.
Actividad inusual después de las vacaciones de Navidad
La voz de alerta la dio una Vecina de la finca, que al volver de las vacaciones de Navidad, a principios de enero, detectó mucho movimiento en la escalera del inmueble: "Volví de las vacaciones y vi que durante todo el día había toxicómanos arriba y abajo. Llamé al propietario de mi piso y dimos la alerta a los Mossos". La vecina destaca que el movimiento se produce sobre todo por la tarde y por la noche y que hay madrugadas en que han llamado a su puerta por confusión. "Ya intuíamos que el piso de Juan Andrés era un narcopiso pero durante las vacaciones el movimiento se ha incrementado".
Desde que se dio la voz de alerta, la comunidad de propietarios se ha organizado para intentar resolver el problema, pero todo parece indicar que no hay solución a corto plazo por la complejidad del caso: Benítez no tenía ningún heredero y él aún figura como propietario. De hecho, desde los Mossos d'Esquadra ya se a advertido los vecinos "que deberán aguantar un poco".
Uno de los propietarios de uno de los inmuebles asegura que cuando Benítez murió, los vecinos tapiaron todos los accesos del piso para evitar que fuera ocupado de manera ilegal, pero la noche de San Juan de 2017, unas personas entraron por la terraza, pincharon la luz y cambiaron la cerradura. En aquella ocasión, los Mossos lograron echarlas. Otro de los propietarios, que no vive en la finca, asegura que desde la Administración se insiste en que "debe de ser el propietario quien haga la demanda pertinente. ¿Cómo quieren que haga la demanda una persona muerta? Los vecinos ya hemos denunciado, pero no podemos hacer nada más".
En el momento en que murió, Juan Andrés Benítez tenía el piso alquilado, pero después de sufrir un robo, los inquilinos decidieron marcharse y el piso quedó abandonado. Sus amigos vendieron lo que había dentro y los vecinos fueron controlando y vigilando el piso para que no lo ocuparan, pero finalmente no han podido evitar que las mafias se instalen. "El responsable subsidiario de la muerte del Juan Andrés es el Estado (...) El banco con el que el Juan Andrés tenía la hipoteca no ha reclamado nada, pero todo parece indicar que este piso se lo quedará la administración", piensa uno de los propietarios de los pisos de la finca. La entidad con quien Benítez tendría la hipoteca es un fondo de inversión, que según las diversas fuentes consultadas en ningún momento se ha hecho cargo del inmueble.
Iñaki García, de la Asociación Cultural el Raval - El Lokal, nacida en 1987, está convencido de que la solución implica poner el piso de Juan Andrés Benítez en alquiler social. "Se trata de un piso con terraza, y no era demasiado difícil que pasara lo que ha pasado. Ojalá hubiéramos ocupado el piso con alguna familia de la Mesa de Emergencia".
Junto con el presidente de la comunidad de la finca, los propietarios y la comunidad de vecinos y vecinas, el Lokal y otras entidades del barrio están presionando para que el piso sea desalojado y pase a manos del parque público de viviendas. García hace énfasis en la dejadez de la administración en general: "No se trata de culpar a uno o al otro, sino de señalar a la administración judicial, la municipal, la Generalitat y la Fiscalía".
El Raval, campo de batalla de las próximas municipales
A cuatro meses de las elecciones municipales, el barrio del Raval y la seguridad en Ciutat Vella serán uno de los ejes centrales de las campañas de los diferentes partidos políticos. El pasado noviembre, una macrooperación policial protagonizada por 700 agentes de los Mossos y un centenar de agentes de la Guardia Urbana dejó 40 narcopisos desalojados y 57 personas arrestadas, 18 de las cuales fueron condenadas a prisión provisional sin fianza por delitos contra la salud pública y por organización criminal. La operación, sin embargo, no solucionó el problema de fondo y los vecinos piden más acciones para evitar la proliferación de los narcopisos.
Tal como ya se explicaba en este artículo, la criminalidad en Barcelona ha aumentado: los hurtos han subido un 19%; también lo han hecho los robos con violencia en la calle. Sin embargo, "la seguridad no es la preocupación principal de los vecinos y vecinas del Raval", dice Iñaki Garcia, quien se queja de la instrumentalización de la situación del Raval para conseguir votos. "Hace tiempo que decimos que el problema del Raval no es de seguridad, sino de vivienda. Es una vergüenza la cantidad de pisos vacíos que hay teniendo en cuenta las listas de espera de la Mesa de Emergencia y la situación del vivienda en Barcelona (...) También hay otras prioridades, como la construcción del CAP en el Raval Nord", esta última una de las demandas que más impulso está teniendo, ya que el Raval es uno de los barrios con el peor índice de salud de la ciudad.
¿Narcopisos, una estrategia para gentrificar el barrio?
Los primeros casos de narcopisos empezaron a aparecer en 2012, cuando comenzó la ola de desahucios, pero el tema se documentó a partir de 2013. Uno de los vecinos de Juan Andrés Benítez, preguntado para este artículo, piensa que la dejadez respecto a este tema "es una estrategia para que los precios de las viviendas bajen para poder adquirirlas y realquilarlas". También Felipe Ibarra, del Ateneu del Raval, opina lo mismo: "Detrás de las fincas del Raval hay muchos intereses económicos y desde el Ateneu pensamos que hay una estrategia de estigmatización del barrio con la intención de que los vecinos y vecinas se vayan poco a poco para poder convertir las fincas en pisos de 50 metros cuadrados y destinarlos al alquiler turístico o venderlos por 400.000 y 500.000 euros, lo que ya ha empezado a pasar".
Según Ibarra, los bancos habrían dejado de alquilar pisos y de cuidarlos con intenciones económicas. "A las familias que no pueden pagar, se las desaloja inmediatamente, pero cuando se trata de pisos ocupados por las mafias todo va más lento. ¿Por qué? Los puntos de venta y consumo de drogas se están utilizando como instrumento de mobbing". Ibarra, además, es muy crítico con la denominación de narcopisos, y apunta directamente a los medios de comunicación: "No se trata de una red de pisos organizada, sino de puntos de venta y consumo de drogas. Con la denominación de narcopisos se contribuye a la estigmatización del barrio".
Desde Acció Raval también se tiene la certeza de que detrás hay una estrategia económica por parte de los bancos y los fondos buitres. "Estas entidades son colaboradoras necesarias de las mafias y la administración está fallando porque no las persigue. Caixabank, BBVA y Banco Sabadell son las entidades que más pisos vacíos tienen en el barrio", asegura Ángel Cordero de Acció Raval. "Los narcopisos son fruto de la especulación, y el caso del piso de Juan Andrés Benítez es un ejemplo muy claro. Esto es herencia directa de las políticas del PDeCat. En el caso del Raval se puede ver una gentrificación de manual, pero pensamos que se les ha ido de las manos y ahora es un fenómeno de pez que se muerde la cola: mientras haya pisos vacíos, habrá narcopisos (...) Quieren que nos vayamos, pero esto no sucederá porque si algo tiene el Raval es un tejido vecinal muy potente y no dejaremos de movernos por los derechos de nuestro barrio".
También lo asegura Iñaki García, del Lokal. "La organización vecinal no se detendrá y los vecinos y vecinas del Raval continuaremos manifestando nuestras quejas, proponiendo soluciones y exigiendo lo que nos corresponde", sentencia.
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