El gasto público en España se situó en 2017 en el 40,99% del PIB (40,92% excluidas las ayudas financieras), lo que supone un 1,2% menos que el año anterior y un 7,11% menos que el gasto realizado por las administraciones públicas en el año 2012.

Así se desprende de un informe sobre el gasto público elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, que refleja una paulatina reducción del gasto público en porcentaje de PIB durante el periodo 2012-2017, así como en términos absolutos, ya que el volumen de gasto público se ha reducido en un 4,4%.

En concreto, el gasto público ha pasado de los 500.177 millones que suponía en el año 2012, tras la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, hasta los 478.126 millones con los que cerró el año 2017. No obstante, esta reducción se debe en su mayoría al ajuste del gasto público realizado en el año 2013 (-6,6%), ya que la ratio se ha mantenido o ha aumentado el resto de años: 2014 (-0,4%), 2015 (+1,6%), 2016 (-0,1%) y 2017 (+1,3%).

Según el informe, la evolución del gasto de las administraciones públicas en los últimos años se encuentra afectada de forma directa por los efectos de la crisis financiera y el proceso de reestructuración del sistema bancario. Las operaciones realizadas por determinados organismos, como el Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Fondo de Garantía de Depósitos o el Banco Financiero y Ahorro, tuvieron especial importancia en los empleos totales del sector.

Esto se debió unas veces al pago de intereses, otras veces por la concesión de financiación para el pago de facturas, y en otras ocasiones y, principalmente, por la concesión de ayudas financieras, aportando dinero o capital bajo diversas formas (suscripción de participaciones preferentes, esquema de protección de activos o aplicando provisiones para tenedores de híbridos) en el proceso de fusión y reestructuración del sistema bancario.

En términos de PIB, el gasto de las administraciones públicas ha estado centrado predominantemente en el grupo de Protección social, que supone cada año en torno al 40% de los empleos no financieros de todo el sector y en los últimos cinco años es el que mayor incremento ha registrado en cuanto a volumen de gasto, con 8.609 millones más, como consecuencia del incremento de la rúbrica prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie en un 4,6%.

En detalle, el gasto en protección social representa un 16,55% del PIB, seguido de Salud (5,95%), servicios públicos generales (5,56%), Educación (3,99%), asuntos económicos (3,81%), orden público y seguridad (1,84%), actividades recreativas, cultura y religión (1,09%), Defensa (0,89%) y protección del medio ambiente (0,86%).

En términos absolutos, las partidas que más redujeron su gasto entre 2012 y 2017 fueron las de servicios públicos generales (-6%) y asuntos económicos (-46,4%), frente al alza del resto: defensa (+7,6%), orden público y seguridad (+1,4%), protección del medio ambiente (+8,3%), vivienda (+6%), Salud (+7,3%), actividades recreativas, cultura y religión (+0,3%), Educación (+7,5%) y protección social (+5,6%).

Por administraciones públicas, la Administración Central es la que realiza una mayor gasto, con 218.187 millones de euros en 2017, un 0,7% menos que el año anterior; seguida de las comunidades autónomas, con 173.384 millones (+3,2% interanual); los fondos de la Seguridad Social, con 165.193 millones (+2,1%), y las corporaciones locales, con 67.00 millones (+4,8%).