El Gobierno de Esperanza Aguirre va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula su decisión de construir un campo de golf y varias pistas de pádel sin licencia municipal con el único argumento de que se trataba de 'una obra de excepcional interés general'. Los vecinos que recurrieron a la Justicia reclaman la demolición de la instalación deportiva y que se construya en su lugar un parque público, como prometió el PP en su día.

La resolución judicial ha puesto contra las cuerdas al vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Fue precisamente él quien impulsó el campo de golf y, luego, se lo adjudicó a un socio de su familia.

La mano derecha de Aguirre se encargó ayer de anunciar en rueda de prensa su intención de impugnar la decisión del TSJM. Le preguntaron si este asunto se había tratado durante el Consejo de Gobierno y aseguró que no. Los periodistas también le pidieron que adelantara algunos de los argumentos que alegará, pero se negó a hacerlo rotundamente. Estaba muy molesto. No le ha sentado nada bien conocer la noticia. Y menos aún, 'a través de los medios', según comentan en su entorno.

Toda la historia se remonta a 2006, cuando Aguirre decidió modificar el proyecto de crear un parque público en un solar propiedad del Canal de Isabel II para levantar un campo de golf. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, le negó la licencia. Aguirre se agarró entonces a una fórmula que le permite realizar obras sin permiso municipal en casos de 'urgencia' o 'excepcional interés público'. Con este último argumento, aprobó el proyecto del campo de golf.

La Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí acudió a los tribunales y ahora, cuando se cumplen casi tres años desde que las instalaciones fueran inauguradas, el TSJM lo anula por ilegal. El alto tribunal considera 'notoriamente insuficiente' la razón que utilizó Aguirre.

Ignacio González es el más afectado por la sentencia. Es el presidente del Canal de Isabel II, empresa pública que adjudicó la instalación. Un cuñado suyo, José Juan Caballero, fue uno de los promotores del proyecto, según desveló Público el 6 de febrero de 2009. Y la explotación de las instalaciones deportivas se la concedió el Canal a un consorcio formado por tres empresas. Una de ellas, denominada Tecnoconcret, era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. El número dos de Aguirre no se abstuvo en el consejo de administración del Canal que aprobó la adjudicación y ocultó al resto de consejeros la vinculación de su familia con el dueño de Tecnoconcret.

Además de la Asociación El Organillo de Chamberí, que recurrió por la vía contencioso-administrativa, otro grupo vecinal denominado Parque sí en Chamberí denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción ya que entendía que González podría haber cometido algún delito. El fiscal, en una resolución dictada el 6 de octubre de 2009, archivó las diligencias de investigación al entender que los hechos denunciados 'no eran constitutivos de infracción penal'. Los vecinos, disconformes con esta resolución y animados por la reciente sentencia del TSJM, están preparando una querella contra el vicepresidente.