¿Qué tienen en común Vox y el colectivo de activistas Xnet? ¿Es posible que exista un punto de coincidencia? La protección a los denunciantes de corrupción y alertadores ha conducido a la presentación de sendas propuestas de ley que buscan la protección de los delatores, pero con diferencias sustanciales.

No sólo porque la propuesta de Xnet, fruto del trabajo intenso de más de cinco años, fue registrada 10 días antes que la de Vox, sino que además la primera supone una transposición fiel de la directiva aprobada en abril. 

Teniendo en cuenta que la proposición que presentó Ciudadanos hace más de dos años, que además fue criticada en su momento por su ambigüedad, se ha quedado obsoleta... ¿Con cuál se quedará el Congreso?

La necesaria protección a alertadores y 'whistleblowers', esos héroes de la sociedad civil que se la juegan para denunciar comportamientos ilícitos y corruptos desde dentro de las organizaciones en las que trabajan, puede dar ahora un paso de gigante. Con una directiva sobre el asunto aprobada recientemente, se retoma una carrera para introducir en la legislación española una cobertura normativa para todo ellos.

El pasado 30 de mayo un grupo de 15 diputados registró una Proposición de Ley de protección integral de los alertadores [PDF], basado en el trabajo del colectivo Xnet, un "grupo ciudadano que trabaja para la renovación democrática en la era digital".

Esta proposición traspone de forma íntegra la directiva recién aprobada. Así, plantea que se aplique a todas las administraciones públicas, también a la Casa Real, y a las entidades privadas con una facturación de más de dos millones de euros anuales. Para los alertadores,  se busca garantizar su anonimato, protegerles de represalias, y garantizar su indemnidad laboral y profesional.

Asimismo, prevé la creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores y plantea sanciones que alcanzan los 300.000 euros por infracción muy grave.

Xnet, que trató de impulsar la debida protección a alertadores ya en 2015, ha vuelto a poner en marcha un mecanismo de participación ciudadana para poder presentar esta proposición de ley, consistente en convencer a una quincena de diputados para este fin. Así, gracias a una habilitación legal del artículo 126 de Reglamento del Congreso, “las proposiciones de ley podrán ser adoptadas a iniciativa de un diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara”, sin que deban ser del mismo grupo parlamentario.

Firman esta proposición de ley los diputados Joan Baldoví Roda, Gabriel Rufián Romero, María Carvalho Dantas, Carolina Telechea i Lozano, Francesc Xavier Eritja Ciuró, Norma Pujol i Farré, Joan Capdevila i Esteve, Joan Josep Nuet Pujals, Inés Granollers Cunillera, Montserrat Bassa Coll, Gerard Gómez del Moral Fuster, Laia Cañigueral Olivé, Marta Rosique i Saltor, Jordi Salvador i Duch y Joan Margall Sastre.

Esta proposición, que de prosperar sería pionera en toda la UE, cuenta con el respaldo de Whistleblowers International Network (WIN), la principal federación europea de organizaciones en defensa de los alertadores; de The Signals, organización internacional, actualmente involucrada en Europa en la defensa del alertador de Football Leaks; del European Center for Whistleblower Rights y de la Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection, centros de recursos y apoyos para alertadores en Europa; del National Whistleblowers Center de EEUU; y de Eva Joly, magistrada y ex eurodiputada líder en la lucha para la defensa de los alertadores y contra la corrupción.

Imagen: Greens/EFA

Vox presenta su propuesta: 'denunciantes'

No obstante, el lunes de esta semana saltaba la sorpresa: Vox registraba otra proposición de ley precisamente para amparar a delatores de casos de corrupción. El propio portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, subrayó "la urgencia y enorme importancia de brindar una protección eficaz a los denunciantes, en aras de salvaguardar el interés público por el que velan y protegen con su sacrificio", durante una rueda de prensa en la Cámara Baja tras registrar el documento.

Existen varias diferencias importantes entre la propuesta de Xnet y la de Vox, que se nota ya en la misma denominación del sujeto a proteger: Xnet prefiere 'alertadores'; Vox, 'denunciantes'.

Por ejemplo, la proposición del partido que lidera Santiago Abascal limita la protección "a los denunciantes de actuaciones de las que, pudiéndose derivar perjuicio para el erario público, puedan ser constitutivas de  infracciones administrativas o delitos en el ámbito del Sector Público". No obstante, la directiva es, de entrada, más amplia ya que su protección abarca a las "personas que facilitan información sobre amenazas o perjuicios para el interés público", ya sea desde el sector público o privado (empresas). Un hecho que además está amparado por la reciente Ley de Secretos Empresariales.

Como golpe de efecto, Vox incluye en su proposición la pretensión de "la acción de denuncia reconociendo a los denunciantes un premio por importe equivalente al 10% de la cuantía efectivamente recuperada del importe total en que se cifre el perjuicio al erario". Es decir, 'recompensar' de alguna forma la denuncia si resulta que destapa un caso de corrupción en el seno de las administraciones públicas.

También recoge la creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción, que "resolverá motivadamente el traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal", sin perjuicio de que la Autoridad ejerza la acusación particular.

Pese a que el texto tiene que ser aún aceptado por la Mesa del Congreso, desde el Grupo Parlamentario Vox ya sugieren que su presidenta sea la juez Mercedes Alaya, quien hasta 2015 estuvo al frente del juicio de los ERE en Andalucía.

Otro golpe de efecto de la proposición de Vox es régimen sancionador, que eleva el tope de las multas a 400.000 euros por infracción muy grave.

Bolas extras

En las disposiciones finales, además, Vox quiere introducir tres reformas que van mucho más allá del título de esta proposición. Por un lado, una pide eliminar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el plazo máximo de seis meses de instrucción —18 meses en casos complejos, prorrogables— en casos penales, introducido por el PP en 2015.

También quiere modificar la Ley del Indulto, "de forma que se prohíba el indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos de terrorismo, de financiación ilegal de los partidos políticos, o contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social; se incluyen también los delitos cometidos contra la Constitución, las instituciones del Estado y la Comunidad Internacional; los de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la Defensa Nacional; así como los de rebelión y sedición, y contra el orden público".

Por último, y aunque no tiene rango suficiente, propone la "modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de forma que los condenados cumplan sus penas en Comunidades Autónomas en las que no tengan representación parlamentaria partidos políticos que cuenten entre sus fines o hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado, cuando se trate de internos condenados por delitos de terrorismo, contra la Constitución, las instituciones del Estado, la Comunidad Internacional y/o traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, rebelión, sedición y contra el orden público". ¿Estarán pensando en el 'procés'?