Gracias a los denunciantes conocimos las corruptelas de la Gürtel, Aquamed y los ejércitos, entre otros. También supimos de casos estremecedores, como el de los niños robados en clínicas españolas. A las protestas por la insuficiencia de la normativa estatal propuesta se suma otra, en Catalunya, que han logrado registrar en el Parlament una propuesta de ley cuyos impulsores definen como “una de las leyes de protección de los alertadores más avanzada del mundo”.

El colectivo Xnet vuelve a tirar de parlamentarios comprometidos, esta vez en el Parlament de Catalunya, para registrar una proposición de ley. En esta ocasión, se trata de un completo paquete legislativo que pretende proteger a los denunciantes, alertadores o whistleblowers dentro del ámbito competencial catalán. 

Según la portavoz de Xnet y principal impulsora de esta iniciativa, Simona Levi, “denunciar abusos no debería ser un acto heroico, debería ser la normalidad, una normalidad tan asumida que su efecto disuasorio la haría casi innecesaria”. Y  añade: “El 70% de los casos de corrupción no los destapan las instituciones encargadas de ello sino personas”.

Así, y en nombre de esta plataforma cívica, cinco diputados han estampado su firma en un ambicioso texto que deberá tramitarse en la Cámara. Estos representantes son Gerard Gómez del Moral y Fuster, del Grupo Parlamentario Republicano; Gemma Geis y Carreras, del Grupo Junts per Catalunya; María Sirvent Escrig, del Subgrupo Parlamentario de la Candidatura de Unidad Popular - Crida Constituent; Ferran Pedret y Santos, del Grupo Parlamentario Socialistas y Unidos para Avanzar; y Susana Segovia Sánchez, del Grupo Parlamentario de Cataluña en Común.

El origen de este texto, en el que los miembros de Xnet han invertido cuatro años de trabajo, recopilación y estudio de iniciativas similares, parte de una “plantilla” que, en este caso, ha sido “perfectamente adecuada a las competencias de la Generalitat de Catalunya” y, por tanto, “a prueba de Tribunal Constitucional”.

Qué dice el texto

Esta iniciativa surge como una reacción a las iniciativas legislativas de Ciudadanos tanto en el Congreso como en el Parlament, con sendas propuestas que, a juicio de los activistas y de la mayor parte de los alertadores, no solucionan sus problemas y ponen en peligro más aún si cabe su actividad.

Denuncian, por ejemplo, que la propuesta de un organismo autónomo que supervise registros e interrogatorios sin supervisión judicial implica una gravísima falta de garantías. Protestan por que las normativas sólo afecten a funcionarios y señalan que la prohibición de las denuncias anónimas —con el riesgo de creación de listas negras de avisadores— “contradice las recomendaciones de la Fiscalía española y de los tratados internacionales”.

De esta forma, en el texto de la propuesta para la normativa autonómica catalana amplía la protección a alertadores (cualquier persona que, de forma anónima o no, denuncia de cualquier forma, con pruebas y sin tener en cuenta sus motivaciones) y facilitadores, a quienes reconoce su derecho a la seguridad, derecho a la confidencialidad y el anonimato. También refuerza el derecho a la información y acceso al procedimiento. Asimismo, se les reconoce el derecho al asesoramiento y a la defensa jurídica. Y recoge medidas de protección del empleo o actividad económica de los alertadores.

Otro de los aspectos más interesantes es la creación de sanciones para aquellos canales de denuncia que se publicitan como ‘seguros’ pero que, en realidad, no lo son.

Y en el apartado de la cuantía de las sanciones, esta propuesta no quiere quedarse en papel mojado: para las más graves —como revelar la identidad del alertador cuando éste haya optado por el anonimato, o que el canal de denuncia no sea seguro pero así se publicite— se prevén multas que pueden llegar a los 300.000 euros.

Protesta frente al Congreso

Este fin de semana, una treintena de denunciadores y alertadores se plantaron frente al Congreso de los Diputados en un intento por concienciar acerca de la necesidad de mejorar el contenido de la futura Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, cuya interminable tramitación arrancó con una propuesta de Cudadanos en 2016. Hasta la fecha, falta el apoyo del PP para ‘desatascar’ esta tramitación, mientras penden sobre el texto más de 400 enmiendas.

La concentración, según eldiario.es, congregó a varios conocidos alertadores como Azahara Peralta (Aquamed), Arantxa Mejía (venta de pisos a fondos buitre en Madrid), Ana Garrido (Gürtel), Luis Gonzalo Segura (Fuerzas Armadas), Roberto Macías (UGT), Juanjo Romero (Aena) y Clara Reinoso (niños robados), entre otros. Todos ellos sufren amenazas por su actividad como denunciantes, todos ellos han tenido que sufragar con sus medios las denuncias interpuestas, y todos ellos, según la Justicia, tenían razón.

Esta protesta tuvo el apoyo de algunas organizaciones comprometidas con la protección de los denunciantes, como la Fundación Hay Derecho. Pero muy pocos medios cubrieron esta protesta.