madrid
Google España rechaza que se establezca un marco fiscal específico para las empresas digitales en España, ya que "no será óptimo", y en su lugar ha vuelto a abogar por una regulación única europea para todos los países europeos con el fin de adaptarse al nuevo entorno digital.
Así lo ha señalado este miércoles 19 de junio la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, en declaraciones a los periodistas tras inaugurar el 'I Encuentro Nacional de Mujeres Digitalizadoras', promovido por Google.org, junto a Fundación Mujeres y Fundación Cibervoluntarios. En él, también ha estado presente la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño.
"Siempre hemos dicho que estamos a favor de que haya una reforma fiscal para adaptarnos al nuevo entorno digital", ha indicado Clemares, quien ha matizado que la recomendación de la compañía es que se lleve a cabo "dentro del seno de la OCDE". En este sentido, ha abogado por "una regulación única europea" y ha rechazado que "cada país defina un marco diferente", ya que en la compañía creen que "no será óptimo".
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que aprobó ya el pasado mes de enero y cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales.
El impuesto se dirige a las plataformas que ponen en contacto al que ofrece servicio y lo adquiere
El nuevo tributo gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, el impuesto aprobado en enero gravaba el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
De esta forma, el impuesto se dirige a las plataformas que ponen en contacto al que ofrece servicio y lo adquiere, pero no al que genera el producto. El Gobierno estimó una recaudación de 1.200 millones de euros con este tributo que pretende volver a reactivar.
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