El Tribunal de Cuentas continuará con la fiscalización del coste del rescate bancario y la reestructuración del sector financiero con un nuevo informe que abarcará hasta junio de 2018.

Así lo ha confirmado este lunes su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, ante la que ha presentado el informe que analizaba su fiscalización hasta 2015.

Con un total de 122.122 millones de recursos públicos comprometidos, el Tribunal estima que el coste de la reestructuración bancaria asciende, a cierre de 2015, a 60.718 millones de euros, de los que destacan las aportaciones a Catalunya Banc (12.676 millones), BFA-Bankia (12.347 millones), Banco CAM (11.065 millones), y Novacaixagalicia Banco (9.159 millones).

Según su fiscalización, la Administración General del Estado otorgó avales por un máximo de 85.965 millones, si bien el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta el cierre de 2015 ascendía a 1.059 millones. La emisión de deuda senior de la Sareb, cuyo saldo vivo hasta esa fecha era de 43.476 millones, también está avalada por el Estado.

Álvarez de Miranda, que también ha presentado ante las Cortes Generales su fiscalización sobre la supervisión del Banco de España, también ha informado de que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea no podrá fiscalizar si las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE) en su supervisión fueron suficientes para contener la crisis del sistema financiero.

Todo ello por las limitaciones del órgano fiscalizador europeo, que "solo fiscaliza determinadas áreas del BCE", a pesar de que, como ha reconocido, los presidentes de los tribunales de cuentas nacionales de Europa se reunieron en 2016 para solicitar a la Comisión Europea que diera competencia plena al tribunal europeo y pudiera llevar a cabo esta fiscalización.

Negando que existiera "resistencias" a la realización de sus informes, ni en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ni en el Banco de España, Álvarez de Miranda ha afirmado que encuentra en la crisis "elementos positivos", como el de la transparencia.

"El Banco de España y el Tribunal de Cuentas han rendido cuentas, cuestión que no está demostrada en otros países en situación similar, que no han explicado cifras concretas de lo que han costado los saneamientos", ha aseverado.

PSOE: "¿Por que´no están en prisión los responsables?"

Durante el turno de intervenciones de los grupos, el PSOE ha preguntado al Tribunal por qué el coste del rescate bancario ha costado más que el del resto de países y, ha apostillado su diputado Antonio Hurtado, "por qué no están en la cárcel los que lo han provocado".

Así, ha comparado que el dinero comprometido se antoja similar al presupuesto anual de la Seguridad Social, y ha denunciado que, a falta de concretar el coste definitivo del rescate, ya está confirmado que superarán los más de 43.000 millones solicitados a Bruselas. "Delata la enorme mentira que hemos aguantado en este país", ha aseverado.

Juan Manuel Juncal, del PP, ha matizado sobre el coste comparativo del coste del rescate, y ha pedido a Hurtado "tener en cuenta la importancia de la economía" de otros países, como Irlanda, Grecia o Portugal, pues aunque el coste de dinero público de su reestructuración es menor, cree que "no es comparable". "¿Francia? No vamos a comparar", ha dicho, ante la insistencia de Hurtado.

Por otro lado, Segundo González, diputado de Unidos Podemos, ha destacado el proceso de concentración bancaria en España, donde si en 1997 las cinco mayores entidades aglutinaban un 31% del sector, en 2016 supone un 61,8%, lo que eleva "el riesgo sistémico potencial" de un nuevo colapso, por lo que ha incidido en la necesidad de no privatizar Bankia, y utilizarla de contrapeso en este escenario.

Por otro lado, también ha puesto en duda la independencia del Banco de España, recordando la intervención del presidente de la Asociación de Inspectores de esta entidad, que aseguró que, a pesar de que contaba con las herramientas para evitar el desastre financiero, no realizó una supervisión adecuada por "presiones de los banqueros".

Unas advertencias también aludidas por Vicente Ten Oliver, de Ciudadanos, y la senadora del PNV María Dolores Etxano. Si bien el primero ha recordado que los inspectores "alertaron de la burbuja inmobiliaria", la segunda ha criticado que, pese a existir "legislación suficiente", la labor realizada por los supervisores se mostraron "insuficientes, ineficaces o abiertamente negligentes".