El 1-O fue una "insurrección" violenta. El relato de la Fiscalía sobre el proceso independentista que consta en las querellas por rebelión está lleno de reproches contra Carles Puigdemont, su equipo y los responsables de la Mesa del Parlament, a quienes acusa de ser "plenamente conscientes" de que la muchedumbre iba a protagonizar actos de violencia el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum independentista a pesar de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional que luego lo declaró ilegal.

La Fiscalía descarta que fuera una incitación pacífica, sino que los querellados alentaron "una insurrección" y "un levantamiento violento" con el fin de celebrar el referéndum independendista del 1-O.

Puigdemont, su Govern, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y la Mesa de la cámara "eran plenamente conscientes de que los sectores independentistas de la población por ellos movilizados, una vez hubieran ocupado los centros de votación y sus alrededores, quedaban sin ningún tipo de control".

"La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas, de la 'resistencia pacífica' -explica la querella- no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes".
El objetivo de la Fiscalía es demostrar que existió violencia a lo largo del proceso independentista, porque es un requisito para que los querellados sean condenados por rebelión como pretenden.

"Sabían que estaban incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial y para que, en definitiva, no pudiera prevalecer el imperio de la ley", explica respecto a los sucesos ocurridos aquella jornada, cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil cargó en los colegios electorales contra las personas que se resistían a la retirada de las urnas.

"Los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada".

La Fiscalía explica que la violencia que requiere el delito de rebelión no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas. Es suficiente con que "el alzamiento, por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas", sea de tal dimensión que tenga "capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden", conscientes de que cualquier oposición a los planes rebeldes generará violencia.

La veintena de querellados realizaron llamamientos a la movilización popular "como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista".

Tanto Puigdemont, como su Govern y los seis miembros de la Mesa del Parlament, incluida su presidenta Forcadell utilizaron "la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población" y llamaron a la insurrección para conseguir la independencia.

Si así fuese, habrían incurrido en un delito de rebelión, penado de entre 15 y 25 años de prisión para los jefes o instigadores y de hasta 30 si se han esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia.

Para la Fiscalía, la resolución de los querellados de cometer este delito fue "firme" en tanto que, para conseguir la independencia, "procuraron la movilización social, el apoyo de la policía autonómica, el control del presupuesto necesario y la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público".

La declaración de independencia y la asunción en "exclusiva" por parte de Puigdemont de los Mossos d'Esquadra "supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada” y su “potencial intimidatorio” de 17.000 efectivos armados “contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución” en Catalunya.

El 1-O visto por la Fiscalía

Las querellas del ministerio público relatan las distintas situaciones violentas vividas el 1 de octubre, donde la policía llegó a disparar pelotas de goma para abrirse paso entre la multitud, según la Fiscalía.

En la escuela Ramón Llul de Barcelona, donde una persona resultó herida grave en el ojo por un pelotazo de goma, los antidisturbios se encontraron a las 8.30 horas con unas 700 personas en actitud de resistencia y bloqueando la entrada al centro, y tras media hora la Policía Nacional, ante la imposibilidad de acceder, "cargó contra los concentrados", entró y se llevó las urnas.

"Finalizada la actuación, los concentrados acosaron y acometieron a la policía para impedirles abandonar el lugar teniendo que lanzar salvas de advertencia y dos pelotas de goma para conseguir salir de la zona. Como consecuencia del acometimiento de los congregados resultando lesionados siete policías", afirma la querella.

En el instituto Jaume Balmes, la Fiscalía explica que los alumnos se echaron al suelo para bloquear la entrada a los agentes y se montó una cadena humana, "por lo que la Policía hubo de emplear la fuerza imprescindible para llegar hasta la puerta, formar una línea policial y poder coger el material electoral, resultando lesionado un policía".

También resultó herido un agente en el instituto Pau Claris, donde intervinieron para despejar una sentada en una escalera en la que "una persona alegó que le habían roto los dedos de la mano uno a uno, si bien, como ella misma reconoció después, solo tuvo una especie de capsulitis en un dedo", explica la Fiscalía, que añade que la intervención "fue entorpecida por un mando de Mossos s'Esquadra que se encontraba en el lugar".

En otros centros de la capital catalana se levantaron barricadas e incluso se puso una grúa para impedir la entrada a los agentes, los policías dispararon salvas para conseguir marcharse y se enfrentaron con grupos de personas en situaciones que, como en el caso del instituto Diputación, se tornaron "tan violentas" que se vieron obligados a replegarse ante el temor de "una muchedumbre que podía descontrolarse en cualquier momento".