El coste de los servicios y los suministros básicos de las viviendas, como los relacionados con la energía, el agua o los residuos, se ha disparado en la última década para encarecer la factura que las familias asumen por ellos en más de 3.200 millones de euros. Y lo ha hecho mientras la demanda de la mayoría de ellos se iba reduciendo, principalmente por la aplicación de medidas de ahorro en los domicilios, lo que pone sobre la mesa la existencia de consumos cautivos de bienes y servicios cuya comercialización no parece regirse por las reglas teóricas del mercado.

Los datos proceden de la Encuesta de Presupuestos Familiares que esta semana ha difundido el INE (Instituto Nacional de Estadística), que estiman la factura conjunta de esos servicios y suministros en 29.062 millones de euros anuales tras haber experimentado un incremento de 3.229 (+12,5%) entre 2011 y 2021.

La panorámica coincide con unos meses en los que la inflación está experimentando un alza histórica con la que, según el indicador adelantado de junio, ya supera el 10% interanual, una tasa que no se daba desde hace caso cuatro décadas (1985).

En algunos productos, como los energéticos, ese aumento de los precios ha intensificado un proceso que había comenzado a darse años atrás de una manera sostenida, el cual, de sentido opuesto a la reducción del consumo que aplicaban los hogares, está disparando las facturas básicas de los hogares, especialmente entre las economías más precarias aunque en un fenómeno que se está generalizando también en las capas medias por la congelación ‘de facto’ de los salarios, con una reducción del consumo doméstico que comienza a convertirse en un lastre para la economía.

Los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares cifran en algo más de 1.500 millones de euros anuales (+29%) el encarecimiento que en una década ha experimentado la factura de servicios municipales como la recogida de basura (+172), el suministro de agua de boca (+781 pese a la caída del consumo real) y, especialmente, el saneamiento de la residual (+789, +127%) tras el despliegue de los planes autonómicos y municipales de depuración para cumplir los parámetros comunitarios.

Lo opuesto de las tendencias que siguen los precios (y con ellas la del coste para los hogares) y el consumo se observa con una claridad meridiana en el caso de las facturas energéticas: la factura de la luz ha aumentado un 11% mientras el consumo caía entre un 21% (global) o un 26% (media por hogar). En el caso del gas el recibo se disparaba un 26%, cuando la demanda total crecía un 8% y la media un 3%, es decir, entre tres y ocho veces menos en función del indicador que se use como referencia.

Se trata, tanto en el caso de los servicios públicos, mayoritariamente privatizados, tanto en lo referente a la gestión del agua como a la de las basuras, como en el de los suministros energéticos, cuyo consumo también tiende a la baja para productos como los hidrocarburos de todo tipo, de mercados con una demanda rígida por parte de las empresas y con una oferta de carácter oligopólico, dos claves que, como llevan tiempo alertando expertos y analistas, desactivan las reglas teóricas de la oferta y la demanda.

"El sistema es un disparate"

"El sistema es una estafa, pero ningún Gobierno plantea en Bruselas cambiar el modelo en lugar de buscar remedios para la factura", explica Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, para quien "el sistema es un disparate. Se trata de cambiar el modelo de fijación de precios, pero no oímos a nadie ni siquiera escenificar eso".

Las subidas de los precios energéticos, especialmente los de la electricidad, han sido frecuentes a lo largo de la última década, hasta dispararse en los últimos meses al socaire de la guerra de Ucrania y de la baja producción de las petroleras, aunque, como recuerda Sánchez, eso, tanto antes como ahora, tiene más que ver con el cálculo de las tarifas que con los costes de producción.

"Intentan desviar la atención sobre el punto clave, que es que con muchas tecnologías, como la solar, la eólica y la hidráulica, cuesta muy poco producir electricidad, pero acabamos pagándola muy cara porque toda se tasa como la más costosa", anota Sánchez.

La situación es especialmente sangrante en tecnologías como la hidráulica, que la propia administración está generando a diez euros el megawatio en las centrales que ha ido rescatando en el Pirineo tras vencer sus concesiones, o en la fotovoltaica, cuya irrupción en las subastas en abril llegó a marcar precios horarios de menos de un euros el megawatio.

Más de la séptima parte de los hogares cae en la pobreza energética

Esas tendencias, en un país en el que más del 43% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes, dispararon en 2020, último año con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, hasta el 15,2% el porcentaje de familias que "no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada" y hasta el 11% el de las tuvieron "retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses".

Se trata, en ambos casos, de los registros más elevados de la serie, que comienza en 2004. El de la pobreza energética se ha duplicado con creces en una década, mientras el de los impagos ha experimentado un aumento del 58% en ese periodo.

Esos gastos de servicios y suministros básicos se suman a los que genera la propia disponibilidad de un techo, entre los que los alquileres, aunque con un claro frenazo en el primer año de la pandemia motivado en parte por la aplicación de las moratorias del escudo social, también han experimentado un notable incremento de 3.500 millones (+24%) en diez años que alcanzaba los 5.500 (+30%) en el año previo a la pandemia.

La factura de las hipotecas, por el contrario, se ha ido reduciendo paulatinamente desde principios de la pasada década como consecuencia de la ejecución de créditos impagados, por un lado, y, por otro, de la progresiva amortización de los préstamos que seguían vivos.

Eso ha reducido de 569.692 millones a 510.176, según los datos de la Asociación Hipotecaria Española, el capital pendiente de amortizar por hipotecas de hogares, lo que al cabo del año sitúa por encima de los 28.000 los pagos por amortización (se liquidan a 17 años y nueve meses) y en algo más de 7.000 la factura de los intereses.

Las restricciones a la movilidad recortan la factura del transporte

Otra de las facturas principales de las familias, la del transporte, se ha ido reduciendo en los últimos dos años como consecuencia de las restricciones de la movilidad provocadas por la pandemia y coincidiendo, también, con una notable reducción de la demanda de gasolina (-14%) y de gasóleo (-19%) en el ámbito doméstico.

En lo que respecta a la movilidad privada, los 22.616 millones de euros que las familias se gastaron el año pasado en combustibles, neumáticos y peajes se encuentra más de 3.500 millones de euros por debajo de la de 2019, que cerraba una etapa de cuatro ejercicios consecutivos de incremento.

No obstante, esos números suponen al mismo tiempo un aumento del 29% en relación con las cifras de 2020, el primer año de la pandemia, con el grueso de los algo más de 5.000 millones de diferencia concentrado en la factura de los combustibles (+4.767), que en años normales supone en torno al 90% del total.

Ocurre algo similar con el transporte público, en el que la reducción de la factura total alcanzaba el año pasado un 42% en relación con la de 2019 tras un avance del 15,6% frente al anterior.

El tren y el autobús (urbano y de línea), se llevan, a partes prácticamente por igual, tres cuartas partes del gasto de las familias españolas en transporte público.

Las alzas de precios en los combustibles también están afectando a la movilidad de los hogares, en los que se reduce el uso del vehículo privado.

"La subida, que es descomunal, hace que mucha gente tenga que reducir el empleo del coche porque no tiene capacidad económica para mantenerlo", señala el portavoz de Facua, que anota que, cuando eso no es posible por resultar necesario ese transporte por motivos laborales, "se están reduciendo otros consumos, lo que en ocasiones lleva, por ejemplo, a optar por alimentos de menor calidad nutricional en la cesta de la compra".

Tanto en el caso del combustible como en el de la electricidad, apunta Sánchez, "no hay una multiplicidad de factores que estén tirando al alza de los precios", apreciación en la que coincide con analistas y con actores del sector energético, que señalan directamente al complejo petrolífero.

"La solución es tan sencilla como aplicar precios máximos a las empresas que los están disparando", anota Sánchez, que se plantea: "¿Por qué se elige que los países se empobrezcan a base de mantener los beneficios de algunos oligopolios?".