El precio de los ingredientes de una tortilla de patata se ha disparado en un 32% en el campo y las granjas en lo que va de año, con apreciaciones de un 68% en el tubérculo (500 gramos), un 165% en la cebolla (200 gramos) y un 12,5% en los huevos (media docena, dos tercios del coste), con el aceite en los mismos niveles, según los datos del Ministerio de Agricultura, y sin incluir la electricidad o el gas necesarios para cocinarla ni el tiempo que se dedica a hacerlo.

En esos cinco meses, y según los registros del INE, esa misma bolsa de productos se ha encarecido un 16,3% en los lineales de los supermercados, a los que, según señala el Índice de Precios Origen Destino (IPOD) de la organización agraria COAG, los alimentos sin transformar no llegan multiplicando por menos de cuatro las tasaciones que reciben agricultores y ganaderos desde finales de 2018.

El ejemplo de la tortilla de patata es uno de los muchos que pueden utilizarse para ilustrar cómo la espiral inflacionista iniciada el pasado verano, y agravada después como consecuencia de la guerra de Ucrania y de las prácticas especulativas surgidas a su socaire, está impactando de lleno en los productos básicos que componen la cesta de la compra de las familias españolas, que sufren el impacto de la tendencia alcista de los precios con mayor intensidad cuanto menor es la renta de la que disponen.

El aumento de los precios alcanzaba al cierre de mayo un nivel del 8,7% en términos interanuales y del 5,9% en los de media; es decir, que sueldos, pensiones y otras rentas dan, según cuál de esos dos indicadores se tome como referencia, para un 91,3% o un 94,1% de lo que daban hace un año.

Y eso tiene unas consecuencias muy distintas en el plano práctico en función de la cuantía de los ingresos a los que se aplique el porcentaje, mayores si a ese cuadro general se le añaden que los principales encarecimientos se dan en ámbitos como la alimentación (11%), la vivienda y la energía (17,5%) o el transporte (14,9%), con una clara distancia sobre el resto de sectores. El encarecimiento de la comida alcanza su mayor nivel desde hace 28 años, en plena crisis postolímpica (1994).

Un reciente estudio de CaixaBank Research señalaba cómo, según datos de Eurostat, el 40% de los hogares con menor renta "concentran el 13% de su gasto en alimentos y en torno al 20% en vivienda, gas, electricidad y calefacción, frente a menos del 10% y del 5% que, respectivamente, representa para [el 20% de] los hogares con mayor renta".

"La fuerte subida de los productos de primera necesidad tiene un mayor impacto en los tramos de renta más baja" por la rigidez de esa demanda y las dificultades para sustituirlos, anota el estudio, que estima "el diferencial de inflación en bienes de primera necesidad entre las rentas más bajas y las más altas (lo que se conoce como inflation inequality) pasó de 0,1 puntos en enero a los 0,8 en diciembre, la máxima diferencia en, al menos, una década".

Sin embargo, y pese a esa rigidez, los hogares, especialmente los de menores rentas, han comenzado a modificar sus hábitos de consumo, según coinciden en indicar los trabajos y las estimaciones de operadores, consumidores y analistas.

"El consumidor, que siempre mira el precio, ahora lo mira más. Hace ya varias semanas, en torno a un mes y medio, que se van notando cambios en el comportamiento del consumidor, básicamente por la sustitución de productos de mayor precio por otros más baratos", explica Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, entidad que agrupa al 90% de los establecimientos del sector de la distribución y a un 75% de su superficie comercial.

Otra cosa es que esos cambios sean susceptibles de medición y que sea posible identificar las causas, ya que los efectos de disuasión de la demanda que la inflación tiene para los hogares con menos recursos conviven con el proceso de recuperación del consumo para los más pudientes (la demanda de comida fuera del hogar está ya a solo cuatro puntos del anterior a la pandemia) y con los temores que la mayoría de los emisores vinculados proyectan sobre ambos y sobre el resto.

"La situación puede ser preocupante, pero no por los indicadores, sino por la desconfianza y la desinformación del consumidor", apunta César Valencoso, de la consultora Kantar, quien sostiene que aunque "solo un 35% de los consumidores buscan activamente ajustar su gasto, la alarma mediática y el incremento de oferta de productos de menor precio puede llevar a otros a comprar productos de categorías más baratas".

No obstante, fuentes del sector apuntan que sí se perciben tendencias como la sustitución de productos más caros por otros de menor precio en ámbitos como el pescado, algo que todavía no es perceptible en otros como la fruta por estar en sus inicios la campaña de verano con la llegada de la de hueso y la de pepita (ciruela melocotón, pera, sandía, melón...) a los estantes.

Aunque esas sustituciones no siempre son posibles, o no del todo. "Los mayores impactos se están produciendo en los productos más dependientes del cereal de importación, como la pasta, los derivados de las harinas y, por el pienso, la carne y los huevos. Se trata de alimentos básicos ¿Qué restricción o sustitución se puede hacer ahí?", plantea García Magarzo, que anota que los productores "se están buscando fuentes de aprovisionamiento alternativas porque, obviamente, restringir o eliminarlos de las cesta de la compra no es una opción".

Valencoso, por su parte, anota que "la inflación y la demanda no están correlacionadas" en ese segmento de los alimentos "debido a que se trata de productos de necesidad básica. Es decir, ante la subida de precios, los españoles no optan por comprar menos alimentos y bebidas, sino que reducen antes su gasto en otros productos y servicios".

Paralelamente, y mientras la consultora estima que "dos terceras partes de la población tiene motivaciones diferentes al precio a la hora de elegir qué compran y dónde compran", las conclusiones de una reciente encuesta de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) apunta en una dirección similar a la que plantean Valencoso y García Magarzo.

Así, el sondeo indica que "un 42% de los españoles prioriza ya los productos más baratos del súper" y un 21% reduce "la adquisición de alimentos básicos como son las carnes y los pescados", mientras uno de cada tres "está recortando sus salidas a bares y restaurantes" y algo más de la cuarta parte ha renunciado a la compra de ropa o la ha aplazado.

¿Por qué suben tanto los alimentos?

¿A qué se debe la subida de precios de los alimentos? Este sector no es ajeno a la tendencia generalizada a la repercusión de costes en los precios para mantener los márgenes que se está dando en el conjunto de los sistemas productivo y comercial del país pese a sus ya patentes consecuencias de gripado en el consumo.

El diagnóstico del INE en este apartado resulta diáfano cuando apunta que en el encarecimiento interanual de los alimentos, cuyo 11% supone la tasa "más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994", destacan los "incrementos de los precios del pan y cereales, la leche, queso y huevos y la carne", productos en cuya producción se utilizan piensos y/o harinas, mientras que, "en sentido contrario, el descenso de los precios de las legumbres y hortalizas, [es] mayor este mes que el año pasado" con el comienzo de la campaña de recogida de muchas de esas variedades.

No obstante, el director general de Asedas sostiene que "la cadena de distribución no está siendo inflacionista" y que "los precios y los márgenes se están conteniendo por la competencia; las cadenas tienen que ser competitivas porque el consumidor puede cambiar de tienda solo con cruzar la calle".

En este sentido, las estimaciones del Ministerio de Agricultura y del INE apuntan a un incremento interanual de los precios de los alimentos en origen del 24,3% hasta el mes de abril, un registro que convive con un aumento del 17,1% en los de la industria alimentaria hasta marzo, según el Instituto Nacional de Estadística, y con un avance del 11% en las tiendas.

"Es lógico que los márgenes se estrechen a medida que se acerquen al consumidor final porque en este último eslabón es donde la competencia es más intensa", apunta García Magarzo.

Dejar el coche encerrado, compartirlo o cambiar de transporte

Junto con la alimentación, el otro ámbito de la vida diaria en el que mayor impacto está teniendo la inflación es la movilidad, aunque no es el único relacionado con el consumo de energía en el que está habiendo cambios.

De hecho, la encuesta de la OCU concluye que "el 45% de los españoles bajó la calefacción durante el invierno para ahorrar en la factura, mientras que un 42% admitió haber desconectado aparatos o haberlos dejado de usar por el mismo motivo", a lo que se añade que un 36% "reconoció haber dejado de usar el coche por el aumento del precio de los carburantes".

En este sentido, un estudio de CaixaBank Research elaborado a partir de los movimientos de tarjeta de los clientes de esa entidad financiera indica que el gasto en combustible prácticamente no ha variado para el 20% de los usuarios con rentas más bajas desde el inicio de la espiral inflacionista a mediados del año pasado, con un ligero aumento del 2,3% que se sitúa "muy por debajo del aumento para el resto de los clientes y del aumento del precio de la gasolina", mientras que el de la mitad de los que más ganan ha aumentado un 15%.

"Estos resultados son indicativos de cómo unos consumidores realizan un mayor ajuste en el consumo de carburante que otros tras un aumento de los precios de este, ya sea porque tienen un menor poder adquisitivo o porque pueden sustituir su consumo", señala el informe.

Es decir, que cuanto menores son los ingresos menos se saca el coche, más se comparte o se utilizan más otros tipos de transporte, ya sean las redes públicas, la bicicleta o vehículos que no consumen combustibles fósiles como los de movilidad personal tipo patinetes.