La banca está aprovechando la movilización de dinero mediante avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) dentro del escudo social  frente a la crisis por el gran encierro para sanearse, elevar sus ratios de solvencia y mejorar sus perspectivas al traspasar al Estado la responsabilidad de buena parte de los créditos que hasta ahora tenían como garantía los patrimonios y los negocios de pymes y autónomos, cuya viabilidad queda en muchos casos en entredicho como consecuencia del parón de la economía.

El procedimiento, más que frecuente en las últimas semanas, consiste en proponer a los clientes de ese perfil una reestructuración de la deuda que ya mantenían con el banco junto con la tramitación de los créditos para obtener una liquidez con la que sobrevivir al confinamiento, que es para lo que en realidad fue diseñada la línea de avales públicos. Su normativa señala expresamente como finalidades de los avales las de "atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez".

La operativa incluye beneficios para el deudor y para el prestador. El primero obtiene la liquidez que necesita ahora de manera urgente y logra una ampliación del plazo para devolver las deudas que ya tenía con el banco. Y el segundo se encuentra con que pasa a ser el Estado, en lugar del patrimonio del empresario o profesional, el que pasa a responder del 70% de la vieja deuda y el 80% de la nueva, al tiempo que la prolongación del plazo de devolución de la antigua le genera una expectativa de negocio por ampliar el pago de intereses.

Los problemas de liquidez de los trabajadores por cuenta propia y las empresas de menor tamaño, con la creciente ola de morosidad  previa al confinamiento como una de las causas principales, ya llevaba meses provocando una oleada de ejecuciones hipotecarias (hasta 400 por semana) que estaba encendiendo las alarmas del sistema financiero, que estaba comenzando de nuevo a acumular ladrillo cuando sigue sin digerir el empacho de la anterior crisis  pese a la colocación de parte de la cartera a fondos buitre a precio de saldo.

En esa situación, la línea de avales del ICO ha supuesto para el sector financiero una oportunidad de reducir su exposición al riesgo que no está dejando pasar de largo.

"Han transformado el riesgo que autónomos y pymes tenían patrimonializado y nos lo han cargado a todos mediante reestructuraciones de la deuda con las que están colocando activos dudosos bajo el paraguas del ICO", explica Eduardo Abad, presidente de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), organización que ha puesto estas prácticas en conocimiento del Banco de España como hace unas semanas hizo con la imposición de contratar seguros para tramitar los avales que estaban aplicando algunas entidades financieras, y sobre la que también ha abierto una investigación la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "No hay más demanda de crédito sino más miedo", añade.

También a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad le han llegado quejas de pymes y autónomos sobre ese tipo de prácticas. "Esto no es para hacer negocio sino para ayudar a las empresas, y tampoco puede servir para mejorar el ráting de los bancos y endosarle los créditos dudosos al Estado", indica su presidente, Antoni Cañete.

La línea de avales del ICO, en cualquier caso, está movilizando "alrededor de mil millones de euros al día", explican fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, algo que equivale a mantener vivo el mercado del crédito en pleno parón de la economía.

Los últimos datos sobre esta línea del escudo social, que hablan de 131.243 operaciones con 13.424 millones de euros en avales que afianzan 17.146 en créditos en menos de tres semanas (desde el 6 de abril), dejan pocas dudas acerca de en qué segmentos del tejido productivo y comercial del país se concentra la necesidad de liquidez: el 97% de las operaciones, el 73% de los avales y el 98% del crédito se concentran en el bloque de los autónomos y las pymes.

Sus peticiones, que se dispararon ya en los primeros días del dispositivo, llevan camino de agotar el segundo tramo de 10.000 millones antes de que las grandes empresas lleguen a la mitad del primero. De hecho, el ICO se plantea ya la necesidad de poner en marcha el tercero con otros 10.000, ya que se encuentran en tramitación operaciones por más de 18.000 millones de euros entre autónomos y pymes y por más de 6.700 en la gran empresa, informa Europa Press.

Esa demanda de liquidez contrasta con la que se da de manera habitual. Según los datos del Banco de España, el principal paquete de préstamos a empresas son los de más de un millón de euros, un nivel de financiación al que no acceden normalmente los autónomos y las microempresas pero sí las medianas y grandes.

Ese capítulo sumó el año pasado 174.328 millones, mientras los préstamos de menos de 250.000 llegaban a 134.569, un 23% menos, con la particularidad de que las pólizas a un año representan más del 90% en este segundo grupo mientras en el primero apenas superan el 75%. Eso permite hacerse una idea sobre los diferentes parámetros de necesidad, mayores cuanto menor es el tamaño, en los que se mueven unas y otras.

Los datos del Banco de España no discriminan por tramos los descubiertos o números rojos, cuyo volumen cayó el año pasado a 61.016 millones en el tercer ejercicio de reducción desde los 81.825 de 2016, lo que supone una mejora del 25,4%.

"El objetivo de los avales es que las entidades financieras no dejen de hacer fluir el crédito por falta de garantías", explicaron fuentes de Asuntos Económicos, que anotaron cómo otras líneas, como la ampliación de 200 millones (para afianzar 400) en la habilitada para el sector turístico tras la quiebra de Tomas Coock, se agotaron en unos días.

El volumen de operaciones aprobadas y en trámite en el ICO están cerca de triplicar las alrededor de 50.000 que gestionó en todo el año pasado, algo que, pese al refuerzo de personal, está ralentizando la concesión.

Fuentes de Aebanca, la principal patronal del sector financiero, sostienen que "los bancos en estos momentos están volcados en mitigar el impacto de la crisis en sus clientes" y "garantizando el acceso a los servicios financieros a través de todos los canales existentes".

En el caso de los avales del ICO, añadieron, "la prioridad es proteger a proyectos viables para que se consolide la recuperación económica una vez que se supere la situación actual de alarma".

Cañete, por su parte, insiste en denunciar la paradójica situación que sufren pymes y autónomos como consecuencia de los impagos de las administraciones y de las firmas del Íbex35, que acumulan, respectivamente, 14.000 y 122.000 millones de euros, en muchos casos con el plazo de liquidación de 60 días ya vencido."¿Cómo es posible que corramos el riesgo de dejar morir empresas con casi 140.000 millones de euros en obligaciones de pago, y la mayoría de ellas fuera de plazo?", se pregunta. "Esto va de transfusión de sangre: o inyectas liquidez o las empresas se mueren ¿Será posible que tengamos que ir a buscar dinero prestado y pagar intereses por él porque no nos pagan lo que nos deben", añade.