La banca española está comenzando a abrirse a mantener la moratoria de las hipotecas más allá del estado de alarma. De hecho, y con el parón de la economía superpuesto a una guerra comercial con este tipo de préstamos que lleva varios años abierta en el sector, tres de las principales entidades financieras han comenzado a arrastrar al resto en esa dirección.

Mientras el grueso de las entidades elude hacer pronunciamientos oficiales sobre cómo va aplicar la moratoria y traslada cada caso a una negociación entre cliente y sucursal, Santander abrió esa senda desde el principio proponiendo una moratoria de "tres meses, prorrogable mes a mes si se amplía la duración" del estado de alarma.

CaixaBank y la pública Bankia subieron este viernes esa apuesta.José Ignacio Goirogolzarri anunció este viernes en la junta de accionistas celebrada en Valencia que Bankia va a aplicar moratorias de hasta seis meses en los pagos de capital (amortización) de algunas hipotecas contratadas por particulares, en una medida que se hará extensiva a los créditos al consumo.

Paralelamente, CaixaBank, que inicialmente se había inclinado por poner en marcha "una moratoria por un mes con carácter prorrogable", comunicaba que "ha decidido ampliar hasta septiembre" esa medida al tiempo que sustituye la enrevesada aportación de documentos que preveía el decreto que regula la moratoria por la presentación de declaraciones responsables, acompañadas del certificado de desempleo en el caso de los asalariados y del cese de actividad en el de los autónomos que se encuentren en esa situación.

"Respaldamos todas las iniciativas"

Los movimientos de las dos grandes cajas bancarizadas, que acaparan la cuarta parte del mercado hipotecario español (un 15% la catalana y un 10% la valenciana), suponen, tras el posicionamiento de Santander, que acumula otro 10%, un cambio de rumbo en el sector bancario español, que trata también de evitar las nocivas consecuencias que las recetas de hace una década provocaron en sus cuentas, algo que también se ha convertido en un objetivo del Gobierno y de los supervisores bancarios comunitarios.

En este sentido, el decreto que regula la moratoria exime a las entidades financieras tanto de pagar el AJD (impuesto de Actos Jurídicos Documentados) por los nuevos contratos de las hipotecas aplazadas, que llega a suponer el 1,5% del valor de la hipoteca en siete comunidades, como de provisionar el valor de esos créditos como fallidos, lo que les obligaría a apartar su valor nominal.

Paralelamente, tanto el BCE (Banco Central Europeo) como la EBA (Autoridad Bancaria Europea, por sus siglas en inglés) han mostrado su apoyo a la moratoria y han recomendado a las entidades financieras españolas una prudencia que, en la práctica, se traduce en la directriz de distinguir del insolvente al cliente solvente que atraviesa una etapa de falta de liquidez por el parón de la economía y realizar provisiones en función de ese criterio.

Así, el BCE, que "respalda todas las iniciativas dirigidas a proporcionar soluciones sostenibles a los deudores que se enfrentan a dificultades transitorias en el contexto del brote actual del coronavirus", ha impuesto una política de "flexibilidad" a la hora de calificar como "de dudoso pago" los créditos cuando "se amparen en garantías públicas concedidas en el contexto del coronavirus" y otra de "cierta flexibilidad" cuando se les apliquen "moratorias públicas relacionadas con la covid-19", lo que, en ambos casos, equivale a aumentar el margen de maniobra de los bancos para que puedan afrontar los próximos meses.

La EBA, por su parte, "apoya las medidas tomadas y propuestas por los gobiernos nacionales y los organismos de la UE para abordar el impacto económico sistémico adverso del coronavirus en forma de moratoria general".

El saneamiento del negocio hipotecario

¿En qué le fue mal a la banca con las hipotecas en la anterior crisis? La alegre política de créditos previa a 2008 y la despiadada oleada de ejecuciones que desarrolló después le provocó una indigestión de ladrillo que doce años y 600.000 desahucios después sigue sin acabar de digerir, a lo que se suman las elevadas provisiones (dinero apartado en previsión de quebrantos) que tuvo que realizar por el valor de sus activos tóxicos.

Los efectos secundarios de esa época no son cosa menuda: un rescate de 73.000 millones de euros a costa de las arcas públicas, la irrupción de los fondos buitre en el mercado inmobiliario y un crecimiento desmesurado de las comisiones a los clientes para salvar el negocio tras el desplome de la pata hipotecaria de la actividad financiera, que se había convertido en una de las fundamentales, tras la amortización de 145.000 millones en cinco años.

El mercado hipotecario español es ahora mucho menos voluminoso que hace una década. De hecho, el saldo vivo de las hipotecas lleva más de tres años por debajo del medio billón de euros para situarse al cierre del año pasado en 466.472 millones, con 5,64 de operaciones abiertas, según los datos de la Asociación Hipotecaria Española. Y también es más sano de lo que era. Según los datos de esa misma entidad, el peso de los préstamos hipotecarios de dudoso cobro sobre el total de la cartera se sitúa en el 5,1%, la mitad que hace solo cuatro años, cuando alcanzaba el 10,1%.

Los riesgos son todavía menores en el crédito hipotecario que manejan los hogares, es decir, en las hipotecas para comprar casa, en las que esa tasa de riesgo se reduce al 3,6%.

El grueso de los préstamos de dudoso cobro se concentra en el grupo de deudores que han tenido que empeñar su vivienda, o la de algún familiar, para poner en marcha o para salvar un negocio, una situación dramáticamente frecuente entre los autónomos y las pymes y que, como consecuencia de la insolvencia, está provocando una oleada de ejecuciones hipotecarias.

Las estadísticas de la Asociación Hipotecaria cifran en 17.415 millones de euros, sobre un total de 490.982, la cuantía de los créditos para adquirir vivienda concedidos a familias y particulares por las entidades financieras españolas calificados de dudosos.

Esa cifra es caso una tercera parte inferior (-31,8%) a la que se registraba hace solo cuatro años, en un proceso de saneamiento que se ha acelerado de una manera notable en los dos últimos años.

"Piden tantos papeles que es imposible"

Los planeamientos de la moratoria hipotecaria, no obstante, han provocado las críticas de asociaciones de consumidores como Adicae, que este viernes advirtió de que la prolija documentación necesaria para pedir su aplicación "puede llevar al fracaso o grave limitación de la eficacia de la medida", mientras Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) lleva desde su aprobación denunciando que "la norma no establece algo fundamental: el plazo de duración la misma".

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, organización que considera la iniciativa "inviable" ante los requerimientos documentales y reclama sustituirlos por una declaración responsable, "la clave es la viabilidad a corto plazo, pero piden tantos papeles que es imposible llevárselos al banco".

Por otro lado, ocho entidades financieras (Santander, BBVA, Sabadell, Abanca, ING, Deutsche Bank, Banca March y Bankínter) han anunciado que ofrecerán aplazamientos de hasta tres meses en los pagos de rentas de alquiler social para familias que residan en casas del Fondo de Vivienda Social (FSV) y estén afectadas por la covid-19.

El último de esos bancos también se ha mostrado dispuesto a aplazar la amortización de capital de las cuotas de hipoteca a sus clientes desempleados, afectados por ERTE o autónomos en cese de actividad aunque no cumplan todos los requisitos que establece el decreto.