Las cuentas de la igualdad no cuadran en España, donde la tasa de riesgo de pobreza sigue enquistada por encima del 21% de la población tras cinco años de recuperación de las variables macroeconómicas, un periodo en el que las rentas netas familiares han mejorado un 9,6% (de 30.031 a 32.929 euros entre 2014 y 2018) mientras el PIB crecía un 16,4% al pasar de 1,037 a 1,208 billones).

A ese gripado del sistema de distribución de las rentas, en el que la precarización del mercado laboral convive con un desconocido aumento de las ganancias empresariales, se le añaden otras tendencias inquietantes, como la que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), indica que el riesgo de caer en una situación de pobreza es ahora mayor que en plena crisis en todos los sectores sociales, incluidos los trabajadores, y en todas las franjas de edad, salvo la de 30 a 44 años.

En ese contexto, y tras haber tomado el Congreso en consideración la pasada legislatura la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de CCOO y UGT para implantar una renta básica garantizada de 426 euros mensuales con el único voto en contra de PP y C’s, la Airef, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, ha abierto en canal el debate al poner sobre la mesa varias alternativas entre las que se incluye una compatible con el trabajo que, con un coste máximo de 3.500 millones de euros, resulta sostenible y permitiría reducir en casi dos tercios el volumen de personas en situación de pobreza en un país en el que 600.000 hogares carecen de ingresos.

Los planteamientos de la Airef reducen notablemente los de los sindicatos, coinciden los economistas José Martínez Albertos y Eduardo Garzón. En este sentido, el organismo de supervisión le atribuye un "coste fiscal estimado para 2017 de más de 7.000 millones de euros, con máximos que alcanzarían los 11.000 millones en situaciones de crisis graves y prolongadas y con riesgo de un efecto llamada que lo elevaría en 2.600 millones".

El mercado laboral del siglo XXI

El objetivo de ambos modelos consiste en "instaurar una renta de último recurso que proteja a los hogares que no tienen acceso a las rentas del mercado laboral", explica el primero, mientras el segundo matiza cómo la renta universal, que era la opción de CCOO y UGT, "garantizaría un ingreso mínimo para todos los ciudadanos, con independencia de su renta" mientras la básica o condicionada, que es la que defiende la Airef, "va dirigida a personas que no cumplen determinados criterios de renta, como complemento".

Los economistas también coinciden en señalar los tres motivos principales que aconsejan poner en marcha una medida de este tipo, todos ellos relacionados con el achique de la oferta de mano de obra que está provocando la deriva del mercado laboral del siglo XXI: se trata de las consecuencias de la deslocalización de procesos productivos, de la digitalización y la robotización de la economía y, por último, de la neoliberalización de las políticas económicas, cuya combinación comienza a dificultar el acceso a unos ingresos mínimos a algunos sectores de la población.

Así, el traslado de procesos productivos hacia países con normativas fiscales y ambientales más laxas que las occidentales, y con mano de obra más barata, "genera un vacío laboral para la gente con poca formación" tecnológica, explica Garzón.

Ese sector de los trabajadores también es el principal perjudicado por la progresiva asunción por robots de tareas de carácter sistemático, algo que ya ocurre en tres de cada cuatro empresas en España.

Y, paralelamente, la extensión de las políticas neoliberales está teniendo como consecuencia una mayor concentración de las rentas y de la riqueza al tiempo que la ‘poda’ del Estado reduce la capacidad de creación de empleo público.

Un sistema “desestructurado y errático”

"Se trata de responder a las consecuencias de un mercado de trabajo cada vez más volátil", anota Fernández Albertos, que llama la atención sobre un aspecto paradójico: "En España tenemos un sistema de rentas mínimas muy fragmentado, desestructurado y errático" cuya elevada "condicionalidad" es, al menos en parte, "una de las causas del aumento de la desigualdad" tras la crisis.

"La gente desconoce a qué rentas puede acceder y dónde debe buscarlas, y luego se encuentra con el problema de cumplir todos los requisitos y documentarlos", añade.

Hay una para quien ha agotado el paro, otras por cargas familiares y existen las pensiones no contributivas, entre otros modelos, mientras los ayuntamientos dan ayudas de emergencia y cada una de las 17 comunidades autónomas tiene su propio salario social, entre los que destaca el vasco, que puede llegar a los 959 euros mensuales.

Por otra parte, anota, "la monitorización de ese magma de rentas de último recurso, en la que las administraciones controlan el cumplimiento de requisitos, no es eficiente". Según la Airef, el reemplazo de esas ayudas para centralizarlas todas en la renta básica generaría un ahorro de 2.000 millones de euros anuales.

Conflictividad potencial

Sin embargo, y pese a que "una de las ventajas de la renta básica consiste en abandonar el condicionamiento y la monitorización de la situación de la gente", advierte que su supresión, e incluso su reducción, "tienen algo de potencial conflictividad en sociedades complejas, donde no es impopular que el acceso a servicios como la sanidad sea universal pero sí lo es la entrega de dinero", lo que puede cuestionar "el apoyo de las clases medias al sistema público" que consideran que mantienen.

En ese sentido, Garzón se muestra "partidario de que si el Estado va a dar dinero lo haga a cambio de trabajo, de alguna tarea, y ahí se abren campos en los que el país es deficitario como los cuidados del medio ambiente, de la vida, de los espacios urbanos o del ocio, por ejemplo".

Por último, ambos coinciden en que una inyección de ese tipo resultaría estimulante para la economía, ya que elevaría los niveles de consumo de los potenciales perceptores.