Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha reabierto las puertas de los salones de juego, los casinos y los bingos a los más de 2.000 ludópatas confesos que estaban inscritos en el Registro de Juegos Prohibidos al declarar “nulo de pleno derecho” el decreto que regulaba su gestión y, paralelamente, haber ordenado la destrucción física “de todos y cada uno de los ficheros creados en los salones de juego” y que se encuentran a disposición de la Administración autonómica.

El Registro de Prohibidos, como se le conoce coloquialmente, es un listado de ámbito autonómico en el que los adictos al juego se inscriben de manera voluntaria para autovetarse el acceso a cualquier tipo de espacio en el que se hagan apuestas.

En el caso de Aragón, según el último Informe del Juego de la Dirección General de Justicia e Interior, había inscritos en él más de 2.000 ludópatas a los que, ahora mismo, nadie va a poner ningún reparo si pretenden acceder a un salón de juego, una casa de apuestas, un bingo o un casino.

La decisión del tribunal llega poco después de otras dos suyas que tumbaron la puesta en funcionamiento de la aplicación informática que impulsó la comunidad para gestionar el registro, en los tres casos por motivos formales, de tramitación: la comunicación de Interior con las normas de uso de la aplicación, que iba a servir para ser consultada en cada local, suponía una “vía de hecho” al ser previa al decreto que la regulaba; el decreto, por carecer de un informe sobre Protección de Datos del Consejo Consultivo, un órgano cuyos dictámenes siempre han sido más orientativos que vinculantes para el Gobierno autonómico.

Imagen del interior de una casa de apuestas. / REUTERS - BOBBY YIP

El desamparo de miles de ciudadanos con una adicción 

Fuentes de este explicaron, no obstante, que ya han puesto en marcha una nueva tramitación del decreto que regula el registro, en esta ocasión con el dictamen del Consejo Consultivo.

La decisión del TSJA ha causado, por tener como consecuencia la eliminación de una de las herramientas de protección de miles de ciudadanos que padecen una adicción, malestar en un ejecutivo autonómico que a lo largo de los últimos años ha mostrado, como los grupos políticos de las Cortes, una línea de trabajo clara en materia de juegos de azar con iniciativas como el veto a la publicidad de apuestas en espacios deportivos, que ha causado la reacción del Gobierno central, o la supervisión del sector, que permitió retirar el sello de responsabilidad social a un grupo de salones que acumulaba 31 sanciones y siete denuncias en tres años.

El recurso que ha dado lugar a la nulidad fue presentado por la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón, de la que forman parte, entre otras, las empresas que operan bajo la marca a la que le fue retirado el sello de responsabilidad social.

El decreto, además de regular la aplicación informática, establecía para “el personal encargado del control de acceso” de “cada local de juego” la “obligación de informar a los usuarios que accedan”, mientras que la inscripción “se realizara a solicitud de la persona interesada, por si o por su representante legal, o como consecuencia de una resolución judicial o sanción administrativa firme”.

Igualmente, contemplaba el registro de quienes acceden a cualquier tipo de locales de juego, algo que hasta ahora solo era común en bingos y casinos y que también ocurre, por ejemplo, con los usuarios de hoteles y alojamientos.

“Es peor el remedio que la enfermedad”

“La autoprohibición no es la panacea, pero por lo menos es una sujeción” para los ludópatas, explica Estefanía Gómez, presidenta de la oenegé Centro de Ayuda Terapéutica y que lleva 35 años trabajando en el campo de las adicciones y la rehabilitación, y para quien, por mucho que la tramitación del decreto pudiera incluir un defecto formal, ”evidentemente, es peor el remedio que la enfermedad”.

Su supresión en Aragón, anota, abre la puerta a que los inscritos, que en ocasiones lo hacen a regañadientes y por presiones familiares, puedan volver a las casas de apuestas de todo tipo. “El sistema debe estar en todos los locales, y también para el juego online”, señala.

En este sentido, anota que “la autoprohibición es una herramienta. No da la seguridad total de que todo el que se inscribe no va a intentar jugar por otros medios, pero sí es una ayuda para quien tiene voluntad”.

La única comunidad sin prodigalidad

En cualquier caso, la supresión del Registro de Prohibidos, cuya versión estatal incluía a 43.796 inscritos al cierre del año, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego, no es la única peculiaridad jurídica de Aragón en materia de juego.

Hace ya trece años, en vísperas de aquel disparatado proyecto de casinos y hoteles en el desierto de Los Monegros llamado Gran Scala, la Ley de Derecho de la Persona, una de las patas fundamentales del derecho foral, suprimía la figura del “pródigo”, que hasta entonces había permitido a los jueces impedir a los jugadores con tendencia al derroche que dispusieran de su patrimonio.

La norma preveía también que quienes hubieran sido declarados “pródigos” pudieran obtener en los juzgados el levantamiento del veto. Se trata de la única comunidad en la que ha dejado de estar vigente la figura jurídica de la prodigalidad, que sigue presente en el Código Civil,.