Las resistencias de las entidades financieras españolas a comenzar a aplicar el registro de jornada, obligatorio en España por decreto desde el 12 de mayo con quince años de retraso sobre las previsiones de la normativa comunitaria, están tensando las negociaciones de los convenios estatales de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito (cajas rurales) hasta el punto de que el 31 de julio vence el plazo que se concedieron las dos partes para cerrar un acuerdo sin que haya sido posible en casi cuatro meses de conversaciones.

Tanto los trabajadores como los bancos y cajas se juegan mucho en este asunto: tanto como los más de 7.000 empleos gratuitos equivalentes que generan las plantillas y de los que las empresas se benefician cada año en forma de horas extraordinarias no pagadas.

Un estudio realizado por UGT en 2014 cifraba en 14 millones anuales la bolsa de horas extraordinarias no remuneradas a los empleados del sector, lo que, con una jornada estándar de 37 horas y media, equivale a entre 7.200 y 7.800 empleos teóricos de jornada completa al cabo del año.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE (Instituto Nacional de Estadística) apunta en una dirección similar cuando atribuye al sector de la banca y los seguros una bolsa semanal de entre 149.600 y 361.200 horas extraordinarias no pagadas en los últimos cinco años, lo que equivale a entre 3.990 y 9.630 empleos de 37 horas y media de jornada semanal, ya que supondrían entre 7,8 y 18,8 millones anuales de horas ‘regaladas’.

Y con una particularidad que no se da en todos los sectores: esas horas no pagadas suponen, según el trimestre, no menos del 80% y hasta más del 95% del total de las extraordinarias realizadas, cuando la media estatal se sitúa por debajo del 50% (46% de enero a marzo).

“No quieren renunciar a esa bicoca”

“Pagar las horas extra es algo completamente extraordinario en este sector”, ironiza el responsable de Banca de CCOO, Joan Sierra, que critica el “elevado volumen de horas no pagadas que se hacen en uno de los sectores donde menos se compensan y se pagan”. “Estamos hablando de catorce millones de horas extraordinarias no pagadas al cabo del año, más de 7.000 empleos. No quieren renunciar a esa bicoca”, anota Roberto Tornamira, coordinador del ramo en UGT.
Eso, en un sector que, según los datos del Banco de España ha prescindido de más de 90.000 empleos en una década y ha cerrado casi 8.000 oficinas en apenas un lustro.

Las entidades financieras se muestran reacias a aplicar medios telemáticos para controlar la duración de las jornadas y abogan por la “autorregulación” del trabajador, algo más cercano a la desregulación que a la supervisión y la objetivación que impone la normativa, pese a sus lagunas, y a la interpretación que de ella hace la Inspección de Trabajo.

Esta última dejaba pocas dudas en una circular emitida hace unas semanas: el registro debe incluir “necesariamente el horario de inicio y finalización de la jornada”, su sistema ha de ser “objetivo y fiable” y tiene que recoger datos a “diario”.

“El registro diario de jornada y el registro de horas extraordinarias constituyen obligaciones legales independientes y compatibles”, anota la circular, que añade que los registros deben “permanecer físicamente en el centro de trabajo“, garantizar “la fiabilidad, veracidad y no alteración a posteriori” y, además de respetar la normativa sobre protección de datos”, ser accesibles “en cualquier momento” para trabajadores, sindicalistas e inspectores.

Replicar el desacuerdo por empresas

“Estamos atascados, llevamos hablando del registro de jornada desde marzo pero no llegamos a ningún acuerdo”, señala Tornamira, cuyas palabras corrobora Sierra: “No conseguimos cerrar un acuerdo, está encallado. Si tuviera que hacer un pronóstico ahora mismo, diría que no va a haberlo”.

Sindicatos y empresas acordaron iniciar la negociación de los convenios por este punto por tratarse de algo “obligatorio y de imperativo legal”, apunta Sierra. Sin embargo, a una semana escasa de cumplirse el plazo acordado, no parece que vaya a haber humo blanco.

En ese caso, entraría en juego el ‘plan b’ que prevé el propio decreto, que remite la regulación del sistema de control de los horarios a la “negociación colectiva o acuerdo de empresa”, si bien, “en su defecto”, la organización pasa a ser “decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa”; es decir, que quedaría fuera del ámbito sectorial aunque con posibilidad de abrir nuevas conversaciones individuales entidad por entidad y de replicar el desacuerdo, algo que postergaría durante meses la implantación y, en consecuencia, la erradicación, o el inicio del cobro, de las horas trabajadas que ahora no se remuneran.

La prolongación de la jornada en la banca tiene su origen en la informatización de las oficinas en la primera mitad de los años 80, con la que la dotación media se redujo de ocho a cuatro trabajadores, a lo que, poco después, se le sumó el “dejar de diferenciar entre comerciales, administrativos y personal de caja. El empleado pasó a hacer de todo, atiende al cliente, vende productos y formaliza la documentación”, señala Tornamira.

“El cliente ha aceptado hacer cola, y el trabajador que le atiende formaliza la documentación cuando cierra la oficina. Eso supone a menudo tener que hacer dos o tres horas diarias, a lo que se suman las formaciones y las reuniones de empresa, que se hacen por las tardes”, añade.