Se está dando "una situación de especial riesgo en determinados grupos de trabajadores/as extranjeros/as, que acceden a puestos de trabajo precarios y con mayor índice de accidentalidad", un panorama en el que, "además, tanto la naturaleza del puesto de trabajo, como sus propias características personales (escasa cualificación, problemas de idioma…) serían circunstancias que coadyuvarían a acrecentar el riesgo".

La reflexión, que pone sobre la mesa una de las lacras pendientes de solución, y en ocasiones incluso de abordaje, del sistema productivo español figura en la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, que sugiere "plantearse la necesidad de una actualización de la normativa preventivo-laboral, en la que las condiciones que rodean a este tipo de mano de obra tuviesen que valorarse en las evaluaciones de riesgo".

La propuesta del ministerio público pone el dedo en la llaga de otra de las carencias de la normativa laboral en España, donde la normativa de prevención lleva a evaluar los riesgos de un puesto de trabajo con independencia de quién lo ocupe, con contadas excepciones como las trabajadoras embarazadas o los empleados con algún tipo de limitación de carácter físico.

Sin embargo, el planteamiento de los fiscales de Seguridad Laboral apunta en una dirección tan obvia como obviada: las circunstancias personales y culturales del trabajador tienen una relación directa con su desempeño; por ejemplo, en cuestiones tan básicas como la comprensión de las órdenes o de las explicaciones sobre el manejo de herramientas y el funcionamiento de máquinas y vehículos.

Los datos del Ministerio de Trabajo sobre siniestralidad laboral señalan que, una vez excluidos los accidentes in itinere, que son los que tienen lugar en los desplazamientos hacia o desde el centro de trabajo, uno de cada tres siniestros (87.933 de 264.822 de enero a julio de este año) se producen durante la manipulación de objetos y otro 13,2% (35.210) en su acarreo, a lo que se añade algo más de uno de cada cuatro en el manejo de herramientas (40.415), la operación de máquinas (12.489) y el uso de vehículos (19.496) como toros, transpaletas y otros.

Eso está ocurriendo en un contexto de repunte de la siniestralidad, con 2022 como el año con más accidentes laborales y con más de carácter mortal de la última década aunque, al mismo tiempo, con tasas de incidencia menores que otros años que apuntarían a la concentración de estos en algunos sectores y estratos de trabajadores.

Por ramos, las mayores incidencias se dan en la construcción y en la agricultura, con 639,5 trabajadores accidentados de cada 100.000 en el primero de ellos y con 430,5 en el segundo, una frecuencia mayor que la de una industria (406,2) en la que las actividades extractivas como la minería se disparan hasta los 583 mientras las relacionadas con el agua y los residuos alcanzan los 466,9 y el transporte llega a 354,7.

Estas tres últimas ocupaciones son al mismo tiempo las de mayor mortalidad, con ratios de, respectivamente, 5,5, 1 y 0,91 trabajadores fallecidos en accidentes laborales, un nivel al que solo se acerca la construcción con una tasa del 0,86.

Las estadísticas de Trabajo indican que los extranjeros sufren un 13,5% de los accidentes, un 13% de los graves y un 15% de los mortales, cuando son un 16,9% de los ocupados y un 18,2% de los asalariados, aunque no ofrece desagregaciones por sectores.

Sin embargo, el cruce de los datos de accidentalidad con los de ocupación que ofrece la EPA (Encuesta de Población Activa) arrojan una llamativa coincidencia: los mayores aumentos de empleo de trabajadores extranjeros se da en las ocupaciones en las que mayor número de accidentes se producen, que son, por este orden, las elementales (86.366), la artesanía de la industria manufacturera y la construcción (80.985), la hostelería, el comercio y los servicios personales (55.167) y la operación de máquinas y el montaje (43.256).

Más del 80% del aumento de la ocupación de trabajadores extranjeros registrada desde el parón de la actividad por los confinamientos, con 505.000 incorporaciones de 663.700, se concentran en esos cuatro grupos de empleos.

En ese sentido, la Fiscalía apunta esta impresión sobre los accidentes de mayor gravedad, que son los que llegan a su ámbito de investigación: "el impulso de la actividad constructiva e industrial derivado de la mejoría económica provocada tras la finalización de la pandemia ha llevado a muchas empresas a relajar los criterios de contratación del personal, aceptando a trabajadores con escasa cualificación, lo cual puede suponer una de las causas del elevado número de trabajadores extranjeros accidentados".

"Nadie debería morir en su trabajo"

"Lo que cuentan los fiscales tampoco es tan novedoso. Lo que hacen es levantar acta de una precariedad que vulnera cualquier derecho humano. Nadie debería morir por su trabajo, pero es un hecho que ocurre y que está empezando a ser naturalizado", señala Desiderio Martín, responsable de la Escuela de Formación de CGT.

"La realidad demuestra que hay un gran número de trabajadores en condiciones ilegales y que sigue existiendo la precarización del empleo, sobre todo en la población migrante", añade el sindicalista, que reclama una mayor dotación de medios para la Inspección de Trabajo.

David Moral Martín, sociólogo, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y experto en prevención de riesgos, enmarca en panorama que describen los fiscales en una tradición histórica: "cuando se crean las relaciones laborales modernas en España, con la Constitución, hay algo que no se resuelve y que lleva a pagar la salud con dinero con los pluses de toxicidad y otros complementos", explica, lo que derivó en "un mercado laboral de muy bajo nivel de seguridad" y con un tercio del empleo en precario.

A eso se le suma que la normativa europea que da origen a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 "estaba pensada para la gran empresa. La idea era ir bajando, pero lo que ocurría en la práctica en la microempresa era que se aplicaba un ahorro de costes: la formación debe ser práctica, pero a menudo no se hace porque el empresario considera que es un tiempo de trabajo que se pierde".

A ese escenario se le añaden otros factores como la tendencia de la gran empresa a "externalizar el riesgo y subcontratar las tareas de mayor peligro a empresas de menor tamaño, con un deber de vigilancia que en la práctica no se acaba de cumplir", o a la aparición de "nichos de empleo de menor cualificación laboral que van ocupando trabajadores extranjeros. Si no tienen papeles se cierra el círculo" anota el profesor.

"El riesgo es multicausal y el derecho penal es garantista"

Moral coincide con Martín en señalar una relación directa entre la existencia de representación sindical y un mayor cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y, también, en destacar el bajo nivel de punitividad que se registra en este ámbito de la actividad judicial.

"El derecho penal no está excesivamente adaptado a las materias de prevención y de seguridad, ya que el riesgo siempre es multicausal y el derecho penal es totalmente garantista, y eso genera problemas a la hora de comprender por qué se ha producido un accidente y de depurar las responsabilidades", explica en profesor.

"Casi nunca se empapela al empresario. Son delitos muy atípicos, y los fiscales hacen lo que pueden con los medios que tienen. La Fiscalía debería disponer de inspectores formados para perseguir estas conductas", señala el sindicalista, que remarca que "quien tiene la responsabilidad jurídica de la seguridad laboral es el empresario".

¿Y qué peso puede tener en ese ámbito el perfil cultural y social del trabajador? Para David Moral Martín resulta fundamental.

"La inserción a través del mercado laboral requiere también de una integración cultural a través del idioma y de otros factores que no siempre se da", señala el profesor, que plantea un dilema que se da con relativa frecuencia: "¿qué formación le vas a dar a alguien que no entiende el castellano y que te va a decir a todo que sí porque considera que de eso depende su trabajo?".

Dificultades de adaptación y falta de apoyo social

El documento del ministerio público incluye apuntes como los del fiscal responsable de seguridad laboral en Bizkaia, que destaca "la mayor presencia de mano de obra extranjera en actividades que conllevan mayores riesgos como la construcción, la forestal o la pesca", o la de Girona, que "apuntala esta tesis" al señalar que "su acceso al mercado laboral es más complicado y generalmente limitado a puestos de trabajo más peligrosos y en condiciones más precarias".

El delegado en Gipuzkoa "insiste" en que las víctimas responden "en muchos casos" al perfil de "personas con poca cualificación, con contratos temporales o a tiempo parcial, con dificultades de adaptación al entorno y con falta de apoyo social".

A este panorama se le añaden situaciones como el creciente número de extranjeros que se emplean como falsos autónomos tras ser "obligados a ello por la empresa", una "problemática (que) afecta lógicamente a todos los trabajadores, pero el número de operarios u operarias extranjeras es más que especialmente significativo", y como el empleo de sin papeles que destacan desde Murcia.

"Podremos encontrarnos ante situaciones de vulnerabilidad de los trabajadores extranjeros, en particular, aquellos que carecen de permiso de trabajo y residencia, en relación con las condiciones materiales de trabajo" ya que "el grado de cumplimiento de los deberes legales en la materia por parte del empresario puede verse reducido" en ámbitos como la formación en prevención, la vigilancia de la salud y la evaluación de los riesgos.

"La vulnerabilidad puede venir determinada también por la realización de jornadas de trabajo excesivas, con escasos períodos de descanso o vacaciones, derivado de la necesidad de obtener ingresos económicos", anota, a lo que se une un "aumento del riesgo en los casos de trabajos en los que se utilizan instrumentos o equipos que requieren especial atención, o cuando se trata de la conducción de vehículos a motor, tractores, etcétera".