"Se han recuperado los niveles de movilidad previos a la pandemia en los ocupados y estamos en máximos con los desempleados", afirma Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis (ECF). Señala que le resultan "sorprendentes" los datos que este viernes ha hecho públicos el INE (Instituto Nacional de Estadística) en su Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica.

¿Qué dicen esos datos? Pues, básicamente, que en el último año han cambiado su municipio de residencia por motivos laborales 531.100 ocupados y 138.600 desempleados. Es un volumen que, descontando la migración de teletrabajadores de 2020, llevaba 12 años sin darse para los empleados y 11 para la suma de los dos grupos.

La referencia se amplía a los 13 años si se tiene en cuenta a quienes se habían desplazado por motivos laborales en los últimos tres años, desde el inicio de la pandemia. Serían algo más de dos millones de ocupados y de 400.000 desempleados.

Esos registros de movilidad cuestionan los mantras que apuntan a la eventual existencia de una gran renuncia como causa de las dificultades para cubrir determinados puestos. Los expertos en materia laboral ya venían cuestionando la existencia de un fenómeno de ese tipo en España, y lo cierto es que ese medio millón largo de desplazamientos triplica con creces la media de 140.858 vacantes declaradas por las empresas a lo largo del año pasado.

Mejora de los niveles retributivos y estabilización del empleo

"En cinco años se han movido 14 millones de personas, y 2,8 de ellas han cambiado de comunidad y 2,5 de país. Son unas cifras de movilidad enormes y que se están produciendo a partir de canales de información informales, porque los institucionales no funcionan", anota González.

Se refiere al gripado de los servicios autonómicos de empleo, que operan de manera estanca y sin compartir la información sobre demandas y ofertas que manejan cada uno de ellos. Esta es una conclusión en la que coinciden sindicatos y patronales y que hace que, a la hora de la verdad, "los canales de conocimiento de esas oportunidades de colocación sean de tipo informal", indica el economista. Eso incluye el boca a boca a redes sociales y otros cauces virtuales, incluidas las páginas web de las propias empresas.

"Este aumento de la movilidad tiene mucho que ver con la mejora de los niveles retributivos y con la estabilización de las contrataciones. Una oportunidad de acceder a un empleo estable y bien pagado anima a cambiar de residencia", explica González.

Esos atractivos tienen relación con dos de las reformas legales implantadas a lo largo del año pasado en España: la reforma laboral y las subidas del SMI. Han conllevado una estabilización de las contrataciones y una mejora de las retribuciones que, además, se está convirtiendo en uno de los puntales de la economía al impulsar el consumo.

Ejecutivos, técnicos y operadores cualificados

"El motor de la movilidad después de la pandemia están siendo las oportunidades del empleo, la disponibilidad de puestos de trabajo estables. Si una oportunidad tiene visos de estabilidad es más fácil que alguien se anime a probar suerte", anota González, que llama la atención acerca de cómo el resto de factores en torno a la movilidad apuntaban más a un freno que a una estimulación, en un contexto de aumento de la demanda de mano de obra por las empresas.

Junto con el gripado de los servicios de colocación, el precio de la vivienda de alquiler, especialmente en las grandes ciudades y en los principales focos de empleo turístico, actúa como un freno por lo disuasorio de las rentas, mientras que la implantación del teletrabajo opera en el mismo sentido al facilitar las posibilidades de ocupación sin cambiar de residencia.

"Sin embargo, a pesar de que esos factores iban claramente a la contra, los niveles de movilidad son extraordinariamente altos", apunta el economista, que también destaca cómo esas cifras "contradicen esa imagen estereotipada de España como un país sin movilidad" laboral o con resistencias a ella.

El desglose de las cifras de movilidad que ofrece el INE incluye algunos datos sorprendentes, aunque en algunos casos se encuentran tendencias asentadas.

Uno de ellos es el que sitúa a los técnicos y profesionales científicos e intelectuales como el segundo grupo con más desplazamientos (116.100) y a poca distancia de los trabajadores del comercio, la hostelería y la seguridad (126.900).

En este escenario, que la movilidad de directores y gerentes prácticamente se haya duplicado en dos años (de 15.000 a 28.800) cuando en la última década apenas había superado los 20.000, y que esté ocurriendo algo similar con trabajadores especializados como los operadores de máquinas y los montadores (de 24.700 a 42.300 cuando no solían pasar de 30.000), apunta a una mayor demanda de mano de obra cualificada dentro de la incipiente tecnificación del modelo productivo en el que se incluye el despliegue de las renovables.

Otras señales que apuntan en la misma dirección: más de la mitad de los desplazados (258.100) el año pasado tenían estudios superiores; la movilidad se ha ido reduciendo conforme lo hace el nivel de formación, con solo 31.300 desplazamientos en los estratos de primaria y elemental; así como la pérdida progresiva del trasiego de los que se dedican a ocupaciones elementales (siguen siendo más de 70.000).

¿Por qué 530.000 desplazados no cubren 140.000 vacantes?

En cualquier caso, que con 413.700 trabajadores dispuestos a desplazarse para emplearse no se puedan cubrir 127.161 puestos vacantes en el sector servicios, ni tampoco 4.852 en la construcción con los 39.200 de ese sector abiertos a moverse, quizás invite a buscar las causas de la difícil cobertura de esos puestos. Más que por la disponibilidad de los aspirantes, por las condiciones que ofrecen y los requisitos que piden los eventuales empleadores; o por las carencias en materia de formación.

Aunque tampoco parece que este último factor vaya a resultar determinante a escala macro, pese al incipiente cambio del modelo productivo está elevando las exigencias técnicas del empleo y excluyendo del mercado laboral a medio millón de mayores de 50 años, en la última década el número de subempleados —trabajadores en puestos que exigen una cualificación inferior a la que ellos tienen— solo ha bajado del millón y medio durante los primeros meses de los confinamientos pandémicos.

Algo más de un tercio de ellos (575.000) son licenciados y diplomados en estudios superiores y casi otro (458.200) ha concluido la fase superior de la enseñanza secundaria, es decir, que disponen del Bachillerato o de una FP de segundo grado. Algo que, en principio, parece ofrecer márgenes suficientes para cubrir puestos de mayor exigencia mientras las salidas se van reemplazando con empleados de otro nivel.

Un proceso dinámico de ese tipo se vería claramente favorecido, y con él el conjunto de la economía, con un funcionamiento ágil y de ámbito estatal de los servicios de empleo, que es algo que sindicatos y patronales coinciden en reclamar.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó esta semana "un cambio de modelo en profundidad" de los servicios públicos de empleo, mientras el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamaba "unas políticas activas de empleo que realmente lleguen a los ciudadanos".