MADRID.— El PP ha decidido desoír las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre la insostenibilidad financiera del AVE, y fiar el futuro de las cuentas de Adif Alta Velocidad a su Plan de Empresa, que pasa por completar la red en ejecución y conseguir un incremento "significativo" de viajeros que, a su vez, "asegurará la sostenibilidad a largo plazo" de la compañía pública.

En su Informe de fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011-2013, el Tribunal de Cuentas que preside Ramón Álvarez de Miranda cifra en 9.142 millones de euros la deuda a devolver a partir de 2017, cantidad que se incrementará en los siguientes ejercicios al concluir los periodos de carencia de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Esta abultada cartera de créditos, junto con unos cánones por uso de las infraestructuras que apenas cubren la mitad de los costes, hacen temer al Tribunal por la sostenibilidad de las cuentas de Adif, ya que los ingresos previstos son "insuficientes" para cubrir el mantenimiento, lo que no se solucionará con la futura liberalización, ya que en principio no se tiene en cuenta incluir en la balanza los gastos financieros y de amortización.

Por eso, Álvarez de Miranda recomienda al Ministerio de Fomento y a Adif revisar la política de cánones ferroviarios, introducir el "principio de racionalidad" en la ejecución de gastos, limitar las inversiones "altamente deficitarias" y ajustar "mejor" los proyectos a realizar a las perspectivas de financiación, "priorizando la evaluación socioeconómica" de cada iniciativa, dado que aún quedan 28.396 millones de euros para completar la red de alta velocidad.

PP: seguir por el camino marcado

Sin embargo, el PP sólo ha presentado una propuesta de resolución a este informe —que será la que salga adelante dada la mayoría absoluta de la que goza en el Parlamento—, con el objetivo de pedir a Adif que "continúe desarrollando el plan de negocio en marcha en alta velocidad y que aplique soluciones técnicas ajustadas a la demanda, asegurando la sostenibilidad económico-financiera de Adif Alta Velocidad a largo plazo".

Es decir, seguir el camino marcado esta legislatura por el Plan de Empresa del administrador de infraestructuras ferroviarias. De hecho, en sendas respuestas a los diputados Josep Pérez Moya, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y Pere Macias, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el Ejecutivo sostiene la misma opinión.

En esos textos, el Ejecutivo insiste en que el Plan de Negocio de Adif Alta Velocidad "apuesta por completar la red que se encuentra en ejecución", lo que permitirá "incrementar significativamente el número de viajeros" y de circulaciones por la red, lo que conllevará un "incremento significativo de ingresos" para la empresa pública.

El Tribunal de Cuentas que preside Ramón Álvarez de Miranda cifra en 9.142 millones de euros la deuda a devolver a partir de 2017

Además, el Gobierno recuerda que al inicio de la legislatura "lo primero que se hizo fue revisar la planificación y ajustarla a las necesidades reales", con lo que las inversiones ya están "ajustadas a las necesidades de la demanda", de modo que la planificación económico-financiera de Adif "asegura su sostenibilidad a largo plazo".

En cualquier caso, Fomento recuerda que el cierre del mallado de alta velocidad también generará "nuevas relaciones comerciales" entre tramos ya en servicio, y que las expectativas de crecimiento "son mayores considerando el proceso de liberalización" puesto en marcha con el Corredor del Levante. Junto a eso, España pretende "aprovechar al máximo" los fondos europeos destinados a este tipo de infraestructuras.

Paralizar obras

Sin embargo, los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados no están de acuerdo con este diagnóstico, tal y como queda patente en sus propuestas de resolución al informe de fiscalización y que serán debatidas este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Convergència es el más tajante al respecto, ya que exige al Gobierno que suspenda la construcción de toda nueva línea de alta velocidad que no esté ya en servicio "mientras no se demuestre su sostenibilidad" y que el dinero que debía ir a esos proyectos se dedique a "infraestructuras ferroviarias que permitan mejorar la competitividad del tejido productivo o el bienestar social", como el Corredor Mediterráneo o las Cercanías de Barcelona.

Los nacionalistas catalanes quieren, además, que las Cortes respalden que la política de infraestructuras ferroviarias se ha basado en la construcción de líneas "no sostenibles financieramente" por una "concepción política del Estado que prioriza la centralización" y que, por tanto, sólo ha supuesto un "derroche" de recursos públicos que "no servirá para mejorar la productividad de la economía ni el bienestar de la sociedad en su conjunto".

Asimismo, CDC quiere que se manifieste ante el Ejecutivo que "la red de alta velocidad no es sostenible por sí misma" y que el modelo de financiación de las inversiones "lleva aparejado una importante incertidumbre para su sostenibilidad económica a largo plazo".

Revisar los cánones

En parecido sentido, UPyD quiere que el Gobierno reconozca la "insostenibilidad económica" del modelo AVE y que "detenga las inversiones altamente deficitarias", aplicando el principio de racionalidad a los proyectos. Llega incluso a reclamar un mecanismo de penalización a Adif por incrementar su deuda "por encima de los máximos autorizados" cada año y un límite a los casos en los que el Gobierno puede aumentar ese tope mediante decreto ley.

Los socialistas, por su parte, piden fijar unos cánones que garanticen la sostenibilidad de la alta velocidad y la red convencional a lo largo del tiempo

Además, la formación magenta quiere que se revise el sistema de fijación de cánones, que se elabore un plan de sostenibilidad para el "adecuado mantenimiento" de la red convencional, que se evalúe de forma global la gestión de la explotación de la red ferroviaria y que se impida al gestor ferroviario superar los plazos de pago a proveedores, pagando indemnizaciones cuando no se consiga.

Finalmente, se pide al Tribunal de Cuentas que apunte responsabilidades por los reiterados incumplimientos de sus recomendaciones, que informe a la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) sobre los riesgos potenciales para las cuentas públicas y el objetivo de déficit que suponen las inversiones de Adif y que señale qué normas deberían ser revisadas o derogadas por su ineficacia o sus efectos negativos.

Estudio de viabilidad

Los socialistas, por su parte, piden fijar unos cánones que garanticen la sostenibilidad de la alta velocidad y la red convencional a lo largo del tiempo, así como un análisis de demanda y un estudio de viabilidad y sostenibilidad antes de ejecutar cualquier inversión importante.

Además, creen que las previsiones presupuestarias de construcción y explotación de infraestructuras deben ajustarse "en mayor medida" a la situación económico-financiera y a la capacidad de ejecución y financiación de cada entidad, y reclaman más fondos cada año para mejorar la red convencional de ferrocarril y un nuevo sistema de evaluación de la explotación de la red y la aportación de los cánones.

Finalmente, la Izquierda Plural pide también una moratoria en la construcción de nuevas líneas y una mejora en la financiación de la red convencional, que se dé marcha atrás en la fragmentación de Renfe y Adif en varias empresas, y que se redefina el Plan de Racionalización de servicios de transporte de viajeros de media distancia, incluyendo además los Cercanías no transferidos en la clasificación de interés general y obligaciones de servicio público.