El Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el mes de mayo será compatible con los ingresos tanto privados como públicos de los hogares y, de hecho, los complementará hasta llegar a lo que va a pasar a conocerse como Renta Garantizada, según explicaron fuentes del Ministerio de Inclusión.

“La idea es que el Ingreso Mínimo Vital fije un mínimo de renta”, señalaron las mismas fuentes, y que los ingresos previos, tanto públicos como privados, se contabilicen para el cálculo. El IMV estatal aportaría a cada hogar que acceda él la diferencia entre esas “rentas preexistentes”, entre las que se incluyen salarios, subsidios, alquileres, pensiones y subvenciones, que se mantendrán en el caso de las oficiales, y la cifra que le correspondiera por baremo.

¿Cómo se calculará el IMV, uno de los acuerdos de la coalición PSOE-UP pese a las resistencias de algunos de los responsables de implementarlo?

El procedimiento, a falta de conocer los requisitos definitivos de acceso, es sencillo: parte de una base de 461,53 euros mensuales, que sería la renta garantizable pata un adulto sin cargas familiares, a la que se le añade un factor del 0,3 por cada miembro del hogar, con el límite de cuatro aplicaciones y se le suma un complemento de cien euros en casos de monomarentalidad y monoparentalidad.

Eso da una horquilla de 462 (adulto sin cargas) a 1.015 (pareja con más de dos menores a cargo) euros netos al mes, un abanico que se abre por debajo de la mitad del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), establecido en 950 euros mensuales (en este caso brutos), y se cierra antes de superarlo en un 7%.

“Queremos incentivar que se siga trabajando”

Esos son, calculados a partir de una base que equivale al 85% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), los topes a los que llegaría el Estado con la redacción actual de la propuesta, que Inclusión está negociando con las comunidades autónomas y consultando con interlocutores de los servicios sociales. Es decir, que la aportación del IMV sería la diferencia entre ese baremo y las ”rentas preexistentes”.

Ese concepto incluye todo tipo de ingresos de origen tanto público como privado que reciban los beneficiarios del IMV, y que se restaría de la cifra garantizada por este. Es decir, que el acceso al Ingreso Mínimo Vital solo llegaría si las “rentas preexistentes” no lo alcanzan, para lo que bastaría con cobrar 5.539 euros al cabo del año en el caso de los adultos sin cargas y 12.180 entre los dos adultos de un hogar con tres o más menores.

Los ingresos privados que entrarían en el cálculo y con los que conviviría el IMV siempre que sea superior a los primeros abarcan tanto los salarios como las rentas inmobiliarias, caso de los alquileres de locales, viviendas y tierras, y las herencias. “Queremos incentivar que se siga trabajando, lo que haríamos es completar esas rentas”, indicaron las mismas fuentes.

Un país con varias decenas de rentas de inserción

El IMV también convivirá con la treintena de ayudas públicas de inserción que ya existen en España, y cuya preexistencia tendrá el mismo tratamiento que los ingresos de origen privado.

Eso supone que, al menos durante el despliegue inicial del Ingreso Mínimo Vital, mantendrán su vigencia las pensiones no contributivas, que ahora reciben más de 450.000 personas y cuya media es de 409,14 euros mensuales; las pensiones asistenciales de la Seguridad Social, que llegan a 2.702 personas; las diecisiete rentas de inserción autonómicas, que alcanzan a 679.180 ciudadanos con una aportación media de 351,66; la Renta Activa de Inserción del Ministerio de Trabajo, con 129.453 beneficiarios que reciben 430,27 euros, y los subsidios asistenciales de desempleo, con más de un millón de perceptores. También lo harán otras como los complementos a mínimos de pensiones o las ayudas por hijos a cargo.

“Esas ayudas van a poder convivir, aunque hay que acabar de definir cómo lo hacen. Estamos cerrando flecos con las comunidades autónomas para definir las cuantías y la coordinación”, añadieron desde Inclusión, que anotaron que “lo normal es que no haya muchas coincidencias” entre perceptores de las primeras y del IMV con algunas de esas ayudas públicas.

Ocurrirá, por ejemplo, con el subsidio para desempleados de más de 52 años, cuya cuantía mínima es de 501,98 euros mensuales (para un parado sin hijos) y compatible, por otro lado, con unos ingresos de 712,50, el equivalente a tres cuartas partes del SMI.

Pero no pasará lo mismo con las rentas de inserción autonómicas, cuyas cuantías oscilaron en 2017 entre los 1.763 euros por usuario de Baleares y los 7.668 de Extremadura, lo que arroja unas medias mensuales de 147 a 639, más de un 32% por debajo y casi un 39% por encima, respectivamente, de la cota mínima del IMV. En ambos casos seguirían cobrando la ayuda de la comunidad, aunque solo en el primero de ellos llegaría el refuerzo de origen estatal.

¿Mantendrán las comunidades sus 1.500 millones si el Gobierno pone 3.500?

El número de perceptores de rentas de inserción se acerca a los 2,3 millones de personas en España, a los que hay que añadir otros como quienes ingresan subvenciones como las derivadas de la PAC, que cada año reparte pellizcos de 60 a 1.430 euros por hectárea entre más de 250.000 rentistas jubilados. Esos ingresos, que no tributan en Hacienda, sí serían, en cambio, contabilizados para determinar el acceso al IMV.

Las estimaciones del Gobierno apuntan a que el Ingreso Mínimo Vital llegará en la práctica a alrededor de un millón de hogares“mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se cumplan los requisitos que originaron el derecho a su percepción".

Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el sistema actual de rentas mínimas “adolece de tres grandes problemas: su fragmentación, sus bajas cuantías y los enormes huecos entre prestaciones que dejan fuera a amplias capas de la población”, lo que se traduce en “su manifiesta ineficacia para la erradicación de la pobreza ni siquiera en su expresión más severa”.

De hecho, un estudio de la entidad concluye que más del 90% de las familias que subsisten en España bajo el umbral de la pobreza no llegan a acceder a las rentas de inserción autonómicas.

La asociación, que recomienda que el desarrollo normativo del IMV “facilite a medio plazo el tránsito hacia una Renta Básica de Ciudadanía”, llama la atención sobre el riesgo de que las comunidades “cayeran en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales” ante la implementación del Ingreso Mínimo.

Eso supondría, añaden, “un nuevo recorte en los ya insuficientes presupuestos de los departamentos autonómicos encargados de los servicios sociales y una nueva tomadura de pelo”.