La ultraderecha y la derecha -en menor medida- han vuelto a reeditar este miércoles algunos de sus mantras contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pero esta vez Vox también cuestionado también el ingreso mínimo vital que el Ejecutivo quiere aprobar en el mes de mayo.

Iglesias, en sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, ha afeado al partido ultraderechista que haya tildado de "paguita" esta prestación para quienes no perciben ningún otro ingreso, más en plena pandemia del coronavirus. "Paguita es lo que recibió su presidente Abascal de la señora Aguirre", les espetaba. "Y no era para llegar a fin de mes, era un sueldazo para fabricar chiringuitos para atacar a la democracia española", apostillaba.

La pregunta de la diputada de la formación ultraderechista Inés María Cañizares no dejaba dudas del sentido de su intervención: "¿Pretende imponer el Gobierno la política chavista de dependencia a través de la renta mínima vital?". 

Iglesias le afeaba que "una semana más", Vox se haya servido del tiempo de control al Gobierno para hablar de Venezuela. "Es una falta de respeto a nuestra patria", decía, afirmando que ir contra el ingreso mínimo vital es propio de "antipatriotas" y contrarios al interés general.

En su réplica, Cañizares mezclaba los "regímenes totalitarios", "el comunismo más casposo con cierto hedor bolivariano", con alusiones a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Afirmaba que esta prestación es "una ayuda envenenada" que lleva a "la pobreza, para después sostener que el Gobierno quiere "eliminar la iniciativa individual y la propiedad privada". "Quiere convertir al Estado en el único propietario con usted al mando", apuntaba. 

Por su parte, el vicepresidente segundo llegaba a citar a San Pedro -"Hay dos tipos de economistas, los que quieren que los pobres dejen de serlo y los que quieren que los ricos sigan siéndolo"-, para afirmar que desde la ultraderecha "defienden los intereses de los que no tienen más patria de su dinero".

Por su parte, la diputada del PP Alicia García Rodríguez preguntaba a Iglesias por las medidas aplicadas por el Ejecutivo para proteger a los mayores de las residencias. El vicepresidente de Derechos Sociales enumeraba estas medidas -flexibilizar criterios de contratación, transferir a las comunidades autónomas 300 millones de euros para costear estas contrataciones, o la declaración de los servicios sociales como esenciales-, para después reclamar al PP que se ponga de acuerdo con el Gobierno para evitar nuevos recortes y precariedad "que pongan en riesgo las vidas de los mayores". 

García Rodríguez reprochaba a Iglesias el retraso del Ejecutivo en actualizar los protocolos para las residencias, para después incidir en la falta de test de diagnóstico en estos centros. "Es difícil hacerlo todo bien, pero más difícil es hacerlo todo más", afirmaba, para afear la "inacción" del Gobierno y reprochar al vicepresidente segundo que se haya dedicado a "ser importante" y a "tener un sitio en el CNI", en lugar de preocuparse por ser "útil a España".

Aitor Esteban reclama "menos prisas y más diálogo"

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado a Iglesias "menos prisas" y "más diálogo" si realmente quiere que el ingreso mínimo tenga "éxito" en el Congreso, ya que "correr" no garantiza que cuente con una mayoría favorable.

La complejidad de la medida, apuntaba Esteban, conlleva que su aprobación urgente puede suponer "problemas jurídicos", y hasta cuestiones de "transferencia competencial". También ha insistido en que su grupo no está en contra de la medida, sino de las formas en las que se está tramitando.

El Gobierno saldó la semana pasada el debate sobre el ingreso mínimo, después de un tenso debate en el que Unidas Podemos reclamó la adopción de una renta social extraordinaria previa a la implantación de la renta mínima definitiva, una promesa del acuerdo de coalición que inicialmente se esperaba para dentro de varios meses. Finalmente, el Ejecutivo optó por acelerar la prestación definitiva, en una suerte de solución híbrida.

A su vez, el vicepresidente segundo ha justificado la urgencia en aprobar esta medida, ha reclamado "responsabilidad" al PNV y se ha comprometido a dialogar sobre el ingreso mínimo. Cada comunidad autónoma proporciona una suerte de renta mínima, con diferentes cuantías y criterios de acceso.