El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la proposición de ley que protegerá a las personas que informen sobre casos de corrupción e infracciones en sus empresas o en la propia administración. La norma incluye sanciones de hasta un millón de euros para quien adopte represalias contra los trabajadores.

El acuerdo debía estar plasmado desde diciembre dentro de la legislación nacional tras su aprobación por la directiva europea en 2019. Por lo que, la Comisión Europea inició en febrero un procedimiento de infracción contra España y otros veinticinco Estados miembros ante el retraso de la propuesta legislativa.

El Ministerio de Justicia ha explicado en un comunicado que la directiva se dirige tanto al sector público como al privado. La normativa tiene como objeto proteger a los denunciantes de corrupción para que cualquier ciudadano y funcionario pueda pronunciarse respecto a las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca.

Del mismo modo ocurrirá con las administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público como las corporaciones y los órganos constitucionales. El comunicado también incorpora que los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir los medios para recibir las denuncias con otros ayuntamientos o entidades supramunicipales.

La corrupción, una de las preocupaciones de la ciudadanía

Además, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha subrayado la importancia de las multas para evitar represalias a quien informe de estos casos de corrupción. Las sanciones se elevan hasta el millón de euros y la posibilidad de presentar denuncias anónimas a través de canales confidenciales.

Llop también ha apuntado que habrá una autoridad independiente del informante con canales externos e internos para recibir denuncias, que deberán crearse en las empresas de más de 50 trabajadores. Esta herramienta será de carácter público estatal, autonómico y estatal.

La ministra ha recordado que la corrupción es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. "Se abren pocos procedimientos judiciales y hay menores condenas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial", añade Llop.

De esta forma, la magistrada ha explicado que la propuesta de ley dará respuestas a los informes del Consejo de Europa y de la Comisión Europea por la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho en España.