El plan de choque para abaratar el recibo de la luz no ha gustado al lobby energético. Apenas habían pasado unas horas desde el anuncio de las medidas cuando la industria nuclear emitió un comunicado en el que amenazaba al Gobierno con cerrar las plantas de España si las reformas terminaban aprobadas. "Cese de la actividad si el proyecto de ley sale adelante", rezaba el documento. Una advertencia que supondría suprimir de golpe cerca del 20% de la energía total del país.

La reacción del sector ha dejado numerosas réplicas. Desde miembros del Gobierno –el propio Sánchez– hasta colectivos y organizaciones de la sociedad civil han denunciado la falta de empatía de las compañías energéticas en una situación crítica, con unos precios de la luz que se han triplicado en los últimos seis meses. Pero también ha generado preguntas concretas: ¿por qué el sector nuclear ha sido el primero en posicionarse en contra del plan del Ejecutivo? ¿Realmente tienen las energéticas la capacidad (y derecho) de cerrar el grifo de más del 20% de la energía del país? ¿Hay algún precedente? 

Entre todas las medidas anunciadas ayer por la vicepresidenta Teresa Ribera, hay una que ha incomodado al sector nuclear. Se trata de un Real Decreto que adelante de manera temporal un Proyecto de Ley que todavía se está debatiendo en las Cortes. En cualquier caso, esa reforma pretende minorar el precio del CO2 de la retribución que perciben aquellas centrales que se pusieron a funcionar antes de 2003, cuando la Unión Europea implementó el mercado de derechos de emisiones. Esta cuestión, que puede parecer compleja, se resume de una forma más simple en que las centrales nucleares, las cuales no generan emisiones, dejarán de recibir ciertos beneficios al no poder aplicarse en su producción el coste del CO2 que si deben aplicarse las energías fósiles. 

Esta medida no afecta sólo a las nucleares, también se ven perjudicadas otras tecnologías, como la mayoría de hidroeléctricas, que llevan dando servicio desde antes de que la UE desarrollase el mercado de CO2. En total, el sector energético dejará de percibir 2.600 millones de beneficios extraordinarios, según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica. Una cantidad que permitirá abaratar los costes de la factura de los consumidores y pymes en un 22%.

El cierre, castigado con hasta 60 millones de multas

Eloy Sánchez, investigador y profesor de Tecnologías Energéticas y Energías Renovables de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), asegura a Público que las compañías "no pueden hacer un cierre como les venga en gana". El experto cita la Ley del Sector Eléctrico que estipula que una decisión como esa debe ser autorizada por la Administración. "Lo único que podrían hacer es acelerar el proceso de cierre para tratar de fastidiar", agrega el profesor, en referencia a la hoja de ruta de transición ecológica que prevé sustituir todas las tecnologías, incluida la nuclear, por fuentes renovables. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en 2035 debería haber cesado la producción de la última planta y, para entonces, las energías limpias deberían tener la capacidad de cubrir toda la demanda.

En caso de que la industria decidiera seguir adelante con su amenaza, la legislación española ofrece mecanismos para que el Estado intervenga. El artículo 64 de dicha ley, en su punto 31, considera como infracción "grave" la "interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legales". Cada planta que dejase de funcionar sin autorización se enfrentaría, según el artículo 67, a multas de entre 6 millones de euros y 60 millones de euros. En España hay actualmente siete centrales activas (Almaraz I, Almaraz II, Ascó I, Ascó II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II), por lo un cese de la actividad en bloque podría suponer una sanción total de hasta 420 millones de euros, en el peor de los casos. Además, se contemplan castigos adicionales para las compañías como la inhabilitación para el ejercicio de cualquier actividad en el sector eléctrico.

Por otra parte, el artículo 128 de la Constitución deja abierta la puerta a la intervención del estado en caso de que las empresas operen contra el interés general del país.

La rentabilidad de las nucleares

El comunicado lanzado el martes contradice los propios argumentos del sector sobre la mayor rentabilidad de las centrales frente a otras tecnologías. El Foro Nuclear considera que al dejar de disponer de los beneficios caídos del cielo –wildfield profits– derivados de los bonos de CO2 el funcionamiento de las plantas será "inviable" desde el punto de vista "económico-financiero". "Es muy curioso. Es una tecnología que suele decir siempre que es la más rentable de todas por tener amortizada la construcción de sus centrales, pero al mismo tiempo advierten que si se tocan los beneficios adicionales tendrían que cerrar. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo", comenta Sanz.

"Podemos entrever algo más en el movimiento que ha hecho el Foro Nuclear. Posiblemente sea el inicio de un posicionamiento para negociar un precio fijo con el Gobierno", añade el profesor de la URJC. "Así se blindarían ante la bajada de precios de la electricidad que veremos en los próximos años con la entrada de las renovables". Tanto es así que en la nota emitida el martes, el sector energético reclama un precio fijo que oscilaría entre los 57 y 60 euros el megavatio/hora (MWh), una cifra que está por encima de la media anual del precio de la electricidad que, tal y como explica Sanz, está situada en los 34-57 euros MWh.

"La amenaza de cese de actividad pone de manifiesto que a las grandes eléctricas les importa bien poco el interés general y que son capaces de decirlo abiertamente. Es una torpeza de comunicación – creo que no cumplirán este órdago– que ni siquiera está justificada, porque las retribuciones mínimas propuestas son análogas a las que había cuando solicitaron la renovación de sus autorizaciones de funcionamiento", zanja.

Una reacción con precedentes

No es la primera vez que desde el sector nuclear se amenaza con el cese de la producción. En 2009, ante el cierre inminente de la central de Garoña, la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Personal con Licencia de Operación de las Centrales Nucleares lanzó un órdago similar y anunció que paralizarían todas las centrales nucleares del país si se desmantelaba la planta burgalesa. Sin embargo, la reacción tenía un matiz distinto e importante, pues esta era un presión que venía ejercida desde los trabajadores que temían por sus empleos, mientras que en el presente es la propia industria quien ha alzado la voz para proteger sus intereses económicos.