La escalada de precios comienza a provocar síntomas de asfixia en las economías familiares, algo de lo que este miércoles dio fe el avance del IPC que publica el INE (Instituto Nacional de Estadística), que sitúa el encarecimiento conjunto de la cesta de la compra en el entorno del 10%, un nivel que no se daba desde hace 37 años, cuando en 1985, tras los efectos de la crisis de petróleo de 1973 y de una dura reconversión industrial, la economía española comenzaba a entrar en unos parámetros de normalidad.

El comunicado del INE achaca el 9,8% de inflación interanual que pronostica para el cierre de este mes a una serie de "subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes" entre los que destaca "los incrementos de los precios de la electricidad, los carburantes y combustibles y los alimentos y bebidas no alcohólicas, mayores este mes que en marzo de 2021", lo que significa sendas y respectivas alzas de más del 11,5% en el caso de la luz y superiores al 8% en los hidrocarburos en un solo mes, mientras que la comida acumulaba ya en febrero una interanual de más de cinco puntos y medio.

El encarecimiento de la energía y de los alimentos sin elaborar es de tal magnitud que sin ellos la inflación se quedaría 'solo' en el 3,4%, que es el nivel de la llamada subyacente, que "sería la más alta desde septiembre de 2008" tras un avance de cuatro décimas. Sin embargo, en realidad, los primeros tiran al alza de los segundos.

Según las estimaciones de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el mes de marzo se cierre con "la mayor subida de la historia" al alcanzar la factura media los 143,03 euros, "lo que supone una subida del 33% con respecto al mes anterior y un 130% de subida con respecto a marzo de 2021".

El gasto en energía, que incluye la luz y el gas y los hidrocarburos de calefacción, completa junto con el suministro y saneamiento del agua y otros que no siempre se dan, como los alquileres y los servicios de gremios como fontaneros, carpinteros y electricistas, el paquete de la vivienda, que junto con el de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ya se comía más de la mitad del presupuesto de los hogares medios españoles cuando, a mediados del año pasado, comenzó la escalada de precios.

Se trata, según los datos del INE, de los dos principales gastos de un hogar: la vivienda se lleva el 35,54% del presupuesto de una familia media española, con una horquilla del 31,13% de Murcia al 39,62% de Madrid, mientras llenar la nevera acapara otro 16,96%, en este caso con un abanico del 14,37% madrileño al 19,84% canario.

Esas fuentes energéticas domésticas suponen más de un 4% del gasto anual (más de un 5% en La Rioja y de un 6% en Castilla-La Mancha), al que hay que sumar la factura del transporte, que incluye gasolinas y gasóleos y que ronda el 10% sin bajar del 8,7% en ningún territorio.

El peso en el gasto familiar de esos tres componentes, vivienda, alimento y transporte (privado y público), directamente afectados todos ellos por el alza de la energía, hace que la intensidad de la inflación y su estructura, por los flancos en los que esta se concentra, estén descuadrando las economías familiares de una manera acelerada, ya que se trata de bienes y servicios de primera necesidad, de los que se encuentran en la base de la pirámide de Maslow por afectar a la manutención y el cobijo.

Y la situación se agrava cuanto menor es el nivel de ingresos de los hogares: en los que pasan el mes con menos de mil euros, entre los que se encuentran buena parte de los nueve millones de pensionistas, la suma de esos tres factores supera el 70%, lo que estrecha el margen de maniobra a niveles ínfimos: son los únicos en los que el gasto en vivienda ronda el 50%, con más de un 5% engullido por los costes energéticos, y el de los alimentos se lleva más de 19%, a lo que se suma entre un 5,6% y un 6,7% en transporte, ya sea para ir a trabajar, al médico o a la escuela.

“Si tienes poco, lo has de gastar en lo imprescindible”

"Cuando tienes poco dinero lo gastas todo en comprar lo imprescindible, y en ese caso cualquier aumento de precio te obliga a reducir ese consumo, ya no te entra todo en la cesta", explica Daniel Sorando, sociólogo de la Universidad de Zaragoza, que recuerda cómo en la crisis posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria "era dramático cómo la gente se iba quitando cosas y recortando sus condiciones de vida", ya que, "cuando se realizan consumos mínimos estos están muy seleccionados".

Y no se trata de algo aislado o de escaso espectro, ya que las estadísticas oficiales admite que entre la quinta y la cuarta parte de la población española sobrevivía ya por debajo del umbral de la pobreza antes de que comenzara la escalada de precios y como consecuencia del encadenamiento de dos crisis sin superar, la del cambio de década y el shock económico vinculado a la pandemia, a la que ahora se superponen los efectos de la inflación.

"Los más frágiles van a ser golpeados de nuevo por una crisis", señala Thomas Ubrich, miembro del equipo de investigadores sociales de la Fundación Foessa, que anota cómo la pandemia ha disparado hasta los once millones el número de personas que viven en situación de exclusión, 2,5 más que en 2018, y cómo esta resulta severa para seis millones de ellos.

"La inflación está provocando un aumento del gasto de cien euros mensuales para una familia media, y eso es algo que puede desbordar totalmente a un hogar vulnerable", señala, al tiempo que recuerda cómo "muchos hogares se encuentran en una situación de pobreza severa después de hacer frente a los gastos de la vivienda, y eso impide atender otras necesidades".

Eso llega después de que, con la covid, seis de cada diez familias tuvieran que recortar sus gastos por no llegar a fin de mes y que la mitad de ellas acabaran haciéndolo en consumos básicos como la alimentación o la ropa y el calzado. "Son los que con mayor intensidad van a sufrir el aumento de los precios", indica.

Para Miguel Laparra, sociólogo de la Universidad Pública de Navarra y uno de los principales expertos de España en desigualdad,"es pronto para conocer cómo está afectando" la ola inflacionista por estratos sociales, aunque apunta algunos rasgos de esos efectos.

"La crisis posterior a 2008 provocó una reducción muy prolongada del empleo que afectó especialmente a los jóvenes y a las familias con menores, y la provocada por la pandemia, muy corta e intensa, afectó más a los sectores más informales de la economía, que no podían incorporarse a las medidas de protección social", explica, mientras que ahora "el primer impacto parece tener una perspectiva de perfiles totalmente distintos, centrada en sectores como los autónomos, los transportistas y los agricultores, que soportaron mejor las anteriores y que forman colectivos más organizados y empoderados y que están sufriendo el golpe en sus negocios".

Se trata, al mismo tiempo, de sectores con escasa capacidad de influir en los mercados y de trasladar a ellos a través de los precios el aumento de costes que están sufriendo como consecuencia del encarecimiento de la electricidad, los carburantes y otros productos como, en el caso del campo, semillas y fertilizantes.

"Son característicos de esa economía que se ha ido creando en las anteriores crisis a base de mecanismos de flexibilización de la contratación (tanto laboral como mercantil) y desajustes del mercado", añade Laparra.

Datos como que, según los registros del INE, el salario bruto medio solo supere en una comunidad autónoma (Asturias) al gasto medio por hogar o que el desfase supere los 3.000 en siete territorios para pasar de 4.000 en Aragón y de 5.000 en Navarra, apuntan a elevados volúmenes de economías familiares precarias en todos ellos, aunque el desequilibrio se revierte si el presupuesto se compara con la renta media, completada por los salarios de otros miembros y por ingresos complementarios de alquileres, subvenciones como la PAC o ayudas y subsidios.

Los efectos de esas derivas del mercado laboral y de los modelos productivos, a los que se suman otros como los precios de la vivienda, hacen que las consecuencias de las crisis tampoco sean homogéneas en el ámbito territorial. Y eso condiciona, obviamente, a las posibilidades y opciones de las que se dispone para afrontar la próxima sacudida, que en este caso es la de los precios.

"Las comunidades que producen más mercancías aguantaron mejor las consecuencias de la pandemia y se recuperaron más rápido que otras que dependían más de actividades presenciales como el turismo", señala Laparra, que anota cómo "están por ver los efectos que va a haber a partir de ahora", para los que no pueden descartarse como causas futuros rebrotes del coronavirus.

Ubrich, por su parte, señala a Catalunya, Canarias y Andalucía como los territorios más afectados por la exclusión derivada de las dos anteriores crisis, con un 23% de la población en esa situación en las dos primeras y un 26% en la tercera. Aunque también hay un eje urbano-rural, con mayor afección en el primero.