Las medidas que este lunes ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá un impacto de unos 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos para amortiguar el impacto económico de la guerra en Ucrania.

Se pretenden aliviar así las consecuencias que han repercutido en la ciudadanía como la subida del precio de los carburantes o de la luz. El plan, que Sánchez ha presentado este lunes en el encuentro Generación de Oportunidades, durará hasta el 30 de junio, y cuenta con varios puntos dirigidos a "las familias y trabajadores".

Unos 10 euros menos por depósito

Es sin duda una de las medidas estrella del plan de choque. Se trata de una bonificación mínima de 20 céntimos por cada litro de combustible para todos los consumidores. De esos 20 céntimos, 15 correrán a cargo del Estado y un mínimo de 5 céntimos de las petroleras. El objetivo no es otro que tratar de aplacar la notable subida que el precio de los carburantes ha experimentado las últimas semanas.

Si en la actualidad (según el Boletín Petrolero de la Comisión Europea) el precio medio del litro de gasolina 95 es de 1,81 euros y el de diésel 1,79, con las medidas del Gobierno pasarían a situarse en torno a los 1,61 euros en el caso de la gasolina y los 1,59 euros si hablamos de diésel. Con todo, son registros que superan lo que marcaban antes del comienzo de la guerra en Ucrania. Entonces el precio medio de la gasolina 95 rondaba los 1,57 euros, mientras que el diésel se pagaba a 1,46 euros.

Siguiendo con los precios registrados por el Boletín Petrolero de la Comisión Europea, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina costaba 99,71 euros hace apenas una semana, y hacerlo con gasóleo, 98,83 euros. Con las medidas implementadas por el Gobierno, el precio por cada conductor se reduciría a unos 88,55 euros por llenar el coche de gasolina y 87,45 por hacerlo con diésel. Estaríamos hablando, por tanto, de una rebaja de 10 euros por depósito.

Protección del empleo e impulso de los ERTE

En cuanto al empleo, el Gobierno pone en marcha un mecanismo excepcional de protección durante estos meses. Se volverá a prohibir el despido objetivo que esté motivado expresamente en los daños causados por la crisis energética, de precios y suministros que está generando la guerra en Ucrania. Se trata de una media que se aplicará a todas aquellas empresas que reciban cualquier tipo de ayuda directa por la crisis, lo que en la práctica extendería la prohibición a la inmensa de las empresas que, casi con toda seguridad se beneficiarán de una medida u otra. El objetivo es que las empresas que tengan dificultades por la guerra recurran a los ERTE, desplegados en la reforma laboral. Se estima que sean los ERTE por Fuerza Mayor y los ERTE por causas objetivas (ETOP) las vías adecuadas que implementen las compañías afectadas.

La decisión de prohibir los despidos vinculados a la cisis derivada de la guerra y la espiral inflacionista fue apuntado hace apenas una semana por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Se calcula que estará en vigor durante tres meses, en concreto hasta el próximo 30 de junio, tal y como el resto de medidas. Recordemos que esta medida ya fue aprobada por el Gobierno en marzo de 2020 ante la emergencia social causada por la pandemia.

La subida del alquiler se limita a un 2% 

Se ajustará la revisión de los contratos de alquiler de vivienda, limitando su subida en un 2% en los próximos tres meses. Con esta medida se congela hasta el 30 de junio la cláusula de los contratos que permite a los arrendadores actualizar el coste de las rentas ajustándolo al Índice de precios al consumidor (IPC).

En febrero, el IPC subió un 0,6% respecto al mes anterior y un 7,6% respecto al segundo mes del año de 2021. Debido a cláusula que permite actualizar el alquiler según el IPC, un alquiler anual de 500 euros mensuales renovado en febrero podría incrementarse hasta 38 euros debido a la inflación del 7,6%.

La cuantía del IMV aumentará un 15% durante tres meses

El ingreso mínimo vital (IMV) aumentará sus cuantías en un 15% durante los próximos tres meses para las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. El importe del IMV sumaría esta subida con la revalorización del 3% que se hizo a principios de año.

El ingreso mínimo vital se calcula para cada beneficiario restando la renta garantizada menos la renta del individuo o unidad de convivencia. La renta garantizada era en febrero de 2022 de 491 euros mensuales para el beneficiario individual, mientras que con la subida del 15% se quedaría en 565,37 euros al mes.

El bono social eléctrico llegará a 600.000 familias más

Se amplia el número de beneficiarios del bono social eléctrico a 600.000 familias, llegando hasta 1,9 millones de hogares. El descuento en la factura de la luz para los consumidores vulnerables es del 60%, mientras que para los vulnerables severos es del 70%.

La medida se llevará a cabo elevando el límite mínimo de renta para que más personas de colectivos vulnerables puedan optar a la subvención. El límite de renta aumentará en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice usado como referencia para la concesión de ayudas. Así, la renta deberá ser igual o inferior a 0,5 veces el IPREM de 14 pagas para que se pueda conceder el bono.