El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley para poder tomar el control del conocido como banco malo. En concreto, el Ejecutivo ha reformado una norma que impedía que el Estado tuviera una participación superior al 50% de las acciones de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Ahora podrá hacerlo a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el organismo creado para gestionar el rescate de la banca.

El cambio legal llega después de que Europa obligara a España a asumir como público un pasivo de 35.000 millones de euros, y sumarlo al resto de la deuda pública.

El fondo de rescate estatal FROB tiene actualmente una participación del 45,9% en la entidad, creada para asumir los préstamos dudosos y los activos inmobiliarios tóxicos de la banca tras la crisis financiera de 2012.

El resto pertenece principalmente a los banca: Banco Santander, posee un 22,21%; CaixaBank, el 12,24%; Sabadell, el 6,61%; Kutxabank, el 2,53%; Ibercaja Banco, el 1,43% y Bankinter, un 1,37%, entre otros. El único de los grandes bancos que decidió no participar en el banco malo fue BBVA.

Sin tener que ser sociedad mercantil

La aprobación del real decreto-ley permitirá que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.

Aunque el Estado se haga con el control de la Sareb, la sociedad dispondrá de un régimen societario específico hasta su liquidación en 2027 para que pueda mantener "la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora", si bien, según el Ministerio de Asuntos Económicos, le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección.

Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía venía realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios, pero el Gobierno quiere reforzar este compromiso, "en aras de maximizar la utilidad social de estos inmuebles y el impacto positivo de la compañía en la sociedad".

Según han publicado varios medios, el Gobierno planea comprar a la banca sus acciones de Sareb por un precio simbólico, que podría ser de un euro. La venta por un euro permitiría a las entidades financieras mantener un mayor volumen de créditos fiscales (conocidos como DTAs) por las pérdidas asumidas, de más de 2.500 millones de euros.

Sareb nació con 4.800 millones de capital: 1.200 millones en acciones y 3.600 millones en deuda subordinada, que se han ido consumiendo en los últimos años por la depreciación de los activos. Desde su creación el banco ha pasado por dificultades, ya que la caída de los precios inmobiliarios ha reducido el valor de sus préstamos y activos.

En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de deuda avalada por el Tesoro como medio de pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de dichos activos. Tras vender 15.900 millones de euros de toda la deuda emitida (el 31,2% del total), Sareb aún debe devolver 34.918 millones, que las autoridades europeas dijeron el año pasado a España que contara como deuda pública (el déficit aumentó en 2020 hasta el 10,97% debido a la reclasificación de los pasivos de Sareb).

Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.528 millones de euros.

Críticas de Podemos

Por su parte, Unidas Podemos ha reprochado al PSOE su negativa a incluir sus propuestas en el cambio de estructura y funcionamiento de la Sareb, de cara a convertirla en una auténtica "herramienta pública" centrada en favorecer vivienda social. También ha expresado su inquietud ante la eliminación de los límites de participación del estado en la entidad, y que ello derive en una deriva de "socialización" las "graves pérdidas" que registra.

Fuentes del espacio confederal reprochan que el PSOE haya rechazado opciones como, por ejemplo, establecer con carácter indefinido, en lugar del plazo de cinco años, las cesiones de viviendas a comunidades autónomas y entidades locales. También afean la negativa a que se publiquen los inmuebles que conforman la cartera de pisos de la Sareb.