La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digita, Nadia Calviño, adelantó este lunes que el Gobierno está "reflexionando" sobre "cuál debe ser la estrategia de ahora en adelante" para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, el banco malo) y que permita "una maximización de la recuperación de las ingentes ayudas públicas que se dieron en su momento para rescatar al sector financiero".

Así lo ha anunciado durante la inauguración del seminario La economía de la pandemia organizado por APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, en preguntas sobre el futuro del banco malo ante la posible salida de las entidades financieras privadas del capital de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Calviño explicó que la Sareb "es una herencia de la anterior crisis financiera", que ha obligado ahora al Estado a asumir 35.000 millones de euros procedentes del vehículo en deuda pública y entre 9.000 y 10.000 millones en déficit público.

"Son apuntes contables, pero que reflejan la herencia de esa crisis financiera y la respuesta que se dio en su momento", expuso, indicando que ahora hay que "plantearnos cómo podemos mejorar el funcionamiento de esta institución, teniendo en cuenta que tiene que responder al interés general y tienen que permitir una maximización de la recuperación de las ingentes ayudas públicas que se dieron en su momento para rescatar al sector financiero".

La Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, para lo que adquirió 98.211 activos valorados en 50.781 millones de euros.

Tiene el mandato de generar ingresos suficientes, mediante la venta y gestión de estos activos, para amortizar la deuda emitida en el inicio de su actividad, un objetivo que debería cumplir antes de su liquidación, prevista para 2027. Al cierre de 2020, había cancelado el 31,2% de la deuda, por lo que todavía debe devolver 34.918 millones de euros.

El Gobierno podría decidir alargar el plazo más allá de 2027 para favorecer esa amortización de deuda. También podría tomar el control de Sareb después de que Eurostat haya obligado a reclasificar su deuda en las cuentas públicas, para lo que tendría que dar salida a los accionistas privados de su capital.

Actualmente, el Ejecutivo controla el 45,9% de Sareb a través del FROB, mientras que el resto está en mano de bancos y aseguradoras como Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%), Sabadell (6,61%) o Kutxabank (2,53%).