El Gobierno aprobará este martes una nueva normativa que le permita ser propietario de más del 50% del banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), tras una orden de la Unión Europea de contabilizar sus pasivos como deuda pública.

El fondo de rescate estatal FROB tiene una participación del 45,9% en la entidad, creada para asumir los préstamos dudosos y los activos inmobiliarios tóxicos de la banca tras la crisis financiera de 2012. El resto pertenece principalmente a los bancos, siendo el Santander el mayor accionista privado con una participación del 22,2%. CaixaBank y Sabadell son los otros dos bancos con más participación. El único que decidió no participar en el banco malo fue BBVA.

Una de las fuentes dijo que la nueva legislación permitirá que el Estado tenga una participación mayoritaria, pero que aún se está discutiendo cómo se aplicará y qué significa para otros accionistas. Sareb no quiso hacer comentarios.

Según han publicado varios medios, el Gobierno planea comprar a la banca sus acciones de Sareb por un precio simbólico, que podría ser de un euro.

La venta por un euro permitiría a las entidades financieras mantener un mayor volumen de créditos fiscales (conocidos como DTAs) por las pérdidas asumidas, de más de 2.500 millones de euros.

Sareb nació con 4.800 millones de capital: 1.200 millones en acciones y 3.600 millones en deuda subordinada, que se han ido consumiendo en los últimos años por la depreciación de los activos. Desde su creación el banco ha pasado por dificultades, ya que la caída de los precios inmobiliarios ha reducido el valor de sus préstamos y activos.

En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de dichos activos. Tras vender 15.900 millones de euros de toda la deuda emitida (el 31,2% del total), Sareb aún debe devolver 34.918 millones, que las autoridades europeas dijeron el año pasado a España que contara como deuda pública (el déficit aumentó en 2020 hasta el 10,97% debido a la reclasificación de los pasivos de Sareb).

Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.528 millones de euros.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo este lunes a los periodistas en Bruselas que el Consejo de Ministros adaptaría "formalmente la estructura de gobernanza y la estructura de capital y el funcionamiento de la Sareb a lo que ya es una realidad económica".

Calviño explicó que "debido a un cambio en la consideración estadística por parte de Eurostat", el Gobierno ya tuvo el año pasado que integrar dicho cambio, una modificación que afectó principalmente a la "deuda pendiente de amortización por parte de la Sareb". Así, la vicepresidenta señaló que "se trata únicamente de adaptar el régimen jurídico y la gobernanza a la realidad económica ya vigente. Es un tema que arrastramos y que responde a las decisiones que adoptó el Gobierno anterior en relación a la crisis financiera".