Fernando Santos Urbaneja (Carrión de los Condes, Palencia) es el fiscal coordinador en materia civil del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al que le ha caído entre manos la denuncia de IU contra las eléctricas por supuestas prácticas abusivas en la fijación de las tarifas de la luz el pasado enero, en plena ola de frío. Es como si en unas oposiciones te sale el tema que llevas 20 años preparándote. Santos Urbaneja no ha tardado ni 24 horas en iniciar la investigación, instando al Ministerio de Energía y a la Comisión Nacional de la Competencia, a explicar con detalle el gran misterio que aplasta a los ciudadanos: ¿cómo se calcula en España el precio de la luz?

Se avecina una batalla legal bíblica, “otro David contra Goliat”, porque este fiscal tiene muy claro que el consumidor está desprotegido y es vulnerable al poder absoluto de los lobbies económicos: las eléctricas, las compañías telefónicas, la banca. Urbaneja prevé llevar su investigación hasta el límite, cuestionando incluso, si es preciso, la legislación española en materia energética, y elevando el caso al Tribunal Superior de Justicia Europea.

“El futuro del fiscal en el siglo XXI pasa por proteger a los consumidores”. Son sus palabras. Pero no es la imagen habitual que la gente tiene de un fiscal

Los consumidores representan uno de los colectivos más vulnerables. Es un grupo difuso de personas en el que estamos todos, no tiene fronteras. Hay situaciones que vulneran nuestros derechos y que nos exceden, como las subidas del precio de la luz. Nadie lo entiende, no entendemos de la A a la Z, y debe haber una institución que reivindique el artículo 51 de la Constitución, que es básico, porque se debe velar por los derechos de los consumidores con procedimientos eficaces. ¿Tenemos esas herramientas eficaces de las que habla la Carta Magna? Ahora tenemos muchas que no lo son. Y esa es una función del fiscal. Nos faltan instrumentos para que sean eficaces nuestras reivindicaciones. Este fiscal que le habla está al servicio del interés social. En efecto, hay una imagen del fiscal asociada a la acusación y a la persecución de los delitos, es la más común, pero no es la única. Existe otra, que yo reivindico, y que está volcada en la protección de los ciudadanos. También es una faceta nuestra que está algo arrinconada, pero hay que contar lo que hacemos, para que la gente pueda valorarlo. Por eso, por ejemplo, ha sido importante que se creen las delegaciones autonómicas de lo Civil para protección a personas con discapacidad [Santos Urbaneja fue nombrado recientemente coordinador de la Sección de Protección de Personas con Discapacidad del TSJA).

Usted ha explicado que existe un antes y un después en la labor del Ministerio Fiscal, a partir de 2002, cuando se permitió a los fiscales defender los intereses colectivos y difusos.

Sí, es justo cuando se traen al ordenamiento español las directivas europeas. Existe una legislación supranacional en el seno de la UE que nosotros debemos adaptar (se le llama trasponer) en la normativa nacional. El objetivo es diseñar una zona legal uniforme en toda la UE. En 2002 se encomienda al fiscal la protección de los intereses de consumidores y usuarios y, en efecto, ese es el banderazo de salida para que podamos defender intereses colectivos, los de una masa grande de personas. Por 20 euros nadie va a la justicia porque es antieconómico, pero si les pasa a muchos, hablamos de un interés colectivo. En 2013, yo me convertí en el primer fiscal en España y en Europa en usar esa nueva legislación contra Gas Natural, logrando que la Audiencia Provincial de Córdoba ordenase a la empresa devolver parte del dinero indebidamente cobrado en la factura de la luz a unos 250.000 clientes.

En España existe una ley de protección a consumidores. ¿No es suficiente?

Ahora hay un texto refundido de la Ley General de Consumidores y funciona en algunos casos. El consumidor frente al hotel que vulnera sus derechos o la tintorería que te quemó el traje, sí cuenta con una superprotección, no está mal. Pero contra los grandes oligopolios, las grandes empresas, aquí los grandes cañones de esta ley no llegan tan alto. A los lobbies empresariales les da igual si el Estado les pone una reclamación por los derechos de un ciudadano. La extraordinaria dificultad para reclamar a la que se enfrenta la gente normal es la principal fuerza de esos oligopolios. Una hoja de reclamaciones al bar tiene un sistema sencillo de arbitraje, pero contra un oligopolio, es que el ciudadano no sabe ni dónde está… Así que la desprotección comienza por una razón de hecho. La franja de la indefensión es mayor según el tamaño de la empresa que abusa del ciudadano: mientras mayor es la compañía, más desprotección para la gente. Y la lista de prácticas abusivas es infinita. Cualquiera que reclama por teléfono y le sale un contestador, le pone en espera, le pasa con uno y con otro y con otro, eso es un calvario. Esta investigación es un pulso a los oligopolios.

Usted ha sido muy tajante al advertir de que cuando hay un abuso con el consumidor, como el de las eléctricas, quien debe corregirlo es el Estado. ¿Qué responsabilidad tienen en las Comisiones Nacionales, de la Energía o de la Competencia?

Toda. En la medida en que no intervienen y no regulan para evitar situaciones de indefensión, son corresponsables de lo que pasa. Esta lucha para proteger a los consumidores debe partir del poder ejecutivo y del legislativo, no debe ser la justicia quien tenga el papel preponderante. Sí, yo he sido crítico con el Ejecutivo y con las Comisiones Nacionales, porque da la impresión de que han estado al margen, inhibidas. Y les toca repensar lo que le está pasando a la gente y hacer propuestas.

Un ciudadano contra un oligopolio, ¿no es una suerte de David contra Goliat?

Sí, esto era David contra Goliat, pero ahora David tiene un poco más de oportunidades. En los oligopolios se han advertido malas prácticas. Ahí es donde cuesta más reparar la injusticia. A nosotros, los fiscales, nos piden que repongamos un derecho y con determinados lobbies es complicado, porque todo es difuso, empezando por su localización. ¿Cuál es la primera puerta a la que llamamos para hablar con una gran corporación? Luego, la legislación no es obvia, un decreto te remite a otro decreto, y éste a otro… y eso dificulta el trabajo.

¿De qué empresas hablamos? ¿Quiénes son los malos?

Sobre todo hablamos siempre de energía: gas, electricidad, banca, telefonía…Contra los abusos del sistema bancario español se ganó una batalla, por ejemplo, con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que advirtió de que la legislación hipotecaria española era contraria al Derecho europeo y ordenó la devolución total de las cláusulas suelo. Esto empezó por un caso particular, con un juez de lo Mercantil de Barcelona, que fue el primero en plantear ante el Tribunal Europeo que la ley hipotecaria española podría vulnerar el orden jurídico de la UE. Y el tribunal lo asumió. En 2012 se dicta un decreto de protección del deudor hipotecario sin recursos, que introduce nuevas garantías para el consumidor. Ahora el Gobierno se plantea una reforma de la legislación hipotecaria en profundidad que devuelva los derechos al ciudadano.

El fiscal Fernando Santos Urbaneja. ÁLVARO CARMONA  / Cordópolis

¿Ese es el camino que van a seguir las eléctricas en España con la investigación que usted acaba de comenzar?

Así es. Eso que hicimos con los bancos es lo que empezamos ahora con las eléctricas. Tenemos que buscar un equilibrio entre los derechos de una empresa y los de un ciudadano. No descarto que esto que hacen las eléctricas sea legal, pero que sea legal no significa que sea justo. Tenemos muchas normativas que no son justas en relación con la normativa europea, están claramente en contradicción. En estos casos, los jueces pueden presentar cuestiones prejudiciales e instar al Tribunal de la UE a que examine la legislación española.

El magistrado está obligado a aplicar la ley, pero tiene dudas razonables de que dicha ley sea conforme a Derecho europeo. Y entonces, efectivamente, ese tribunal puede decir: “Eso hay que corregirlo”. Ya se hizo con la legislación hipotecaria y puede ocurrir con el recibo de la luz. Si la ley ampara los abusos de las eléctricas, este fiscal luchará para que se cambie le ley, y se ajuste al derecho comunitario.

En efecto, su investigación va más allá de la denuncia de IU contra las eléctricas. Advierte al Ministerio de Energía de que también indagará si la propia norma española para fijar los precios vulnera la legislación de la UE. Usted es un profundo conocedor del derecho europeo en materia de consumidores. ¿Intuye que es así?

Claro, yo soy fiscal. Trabajo con la legalidad y la legalidad tiene una jerarquía. Si ahora, a raíz de la investigación, percibo que hay un reglamento estatal que regula el precio de la luz y veo que es contrario a la ley europea, lo pondré de manifiesto. Pero entienda que esto es un juego técnico. Hay un plano emocional, el del ciudadano medio que sufre las subidas de los precios de la luz en plena ola de frío. Pero el papel del fiscal no es emocional.

La respuesta es sí: Yo intuyo que la normativa española que regula las tarifas eléctricas vulnera el derecho europeo porque conozco bien la ley europea y no ampara esto que está pasando. Pero el problema es que no sé qué normativa han aplicado, porque uno coge la factura de la luz y no la entiende.

¿Sabe cómo se calcula el precio de la luz en España?

No. No tengo ni idea. Cuando se lo pregunto a la Comisión Nacional de la Competencia y a la Subdelegación de la Energía, en el escrito que acabo de remitirles para iniciar la investigación sobre posibles prácticas fraudulentas, no es una pregunta retórica. Es que no lo sé. Y quiero saberlo para contárselo a los ciudadanos y para poder hacer mi trabajo.

¿Sabe cómo se regulan las tarifas eléctricas? ¿Sabe por qué se han disparado los precios en plena ola de frío?

No, no y no. Yo no, y el ciudadano menos. Primero quiero enterarme, leer bien el procedimiento. Y quizá al contraste, si de estas diligencias salen acciones civiles, es decir, si interponemos demandas contra las eléctricas, que es una posibilidad, eh, por ahora es sólo una hipótesis… Si veo que hay una práctica abusiva, está previsto una acción de cesación ante los tribunales. ¿En qué consiste? Pues en aislar determinadas conductas abusivas y, si se estima la demanda, pedir al juez que ordene a las eléctricas corregir el sistema. Ese es el paso más allá que yo puedo dar. En caso hipotético de demanda civil, es posible que el juez de oficio, o a instancia de las partes, si ve que hay una norma de la legislación interna que chirría, que no encaja o que directamente vulnera la ley europea, lo puede elevar al Tribunal de Justicia de la UE, y éste resuelve.

¿Por qué pregunta al Ministro de Energía, Álvaro Nadal, por sistemas alternativos para fijar el precio de la electricidad?

Sí, también lo pregunto. Porque tanto el Ministerio como la Comisión Nacional de la Competencia deben decirnos si se puede hacer de otra manera de forma menos complicada. Como fiscal mi función es empujar al Ejecutivo a que haga cambios normativos para proteger a los ciudadanos, y proponer reformas legislativas. Y tiene sentido que seamos nosotros quienes lo hagamos, porque los fiscales estamos en el día a día de los tribunales. Acudimos al Gobierno a través del Fiscal General del Estado proponiendo reformas normativas. Cuando hago esta indagación es porque pienso que si encuentro una zona no regulada en la tarificación de la luz, puedo proponer reformas legales.

Usted reclama al Estado una sensibilidad para con la desprotección de los consumidores similar a la que tuvo con la violencia machista o la siniestralidad laboral. ¿Tan grave es la situación?

No me gusta mezclar planos, pero sí creo que el Estado debe tomar conciencia, debe mostrar una sensibilidad especial similar a la concienciación social que existe con el machismo, porque se trata de un problema muy grave. La sensación de que esto que está pasando con las eléctricas hay que repensarlo es una opinión común. No se trata de desequilibrar en el otro campo, el de la siniestralidad o el de la violencia doméstica. Hay ya una identidad como colectivo de consumidores, hay mucha gente que se siente dañada, sobre todo a partir de la crisis, todos sienten que no está bien. Y por eso es el momento de cambiarlo.