En las últimas semanas, ante la imparable subida de precios de la energía, las organizaciones de consumidores han aconsejado un cambio hacia el mercado regulado de gas, la Tarifa de Último Recurso (TUR). Un servicio energético que el Gobierno ha regulado para alejarlo de la inflación, de tal forma que no puedan subir sus precios más de un 5% en cada revisión, lo que ha propiciado que actualmente sean un 50% más baratas que lo que podían serlo antes de la guerra. 

Según la OCU, un hogar medio en España pagará 723 euros de gas al año con una tarifa TUR, frente a los 1.516 euros que pagaría con un contrato de mercado libre. Estas ventajas se han ido visibilizando en las últimas semanas, provocando una avalancha de cambios de tarifa que no interesa demasiado a las grandes compañías eléctricas españolas. Tanto, que las organizaciones de consumidores denuncian maniobras para obstaculizar el cambio de contrato.

El caso más llamativo es, quizá, el de Iberdrola. La empresa dirigida por Ignacio Sánchez-Galán directamente desindexó del buscador de Google a Curenergía, su comercializadora autorizada por la CNMC para ofertar tarifas del mercado regulado de gas. Esto ha sido denunciado en las redes sociales y finalmente, la compañía volvió a incluir su oferta de TUR en el buscador. Público ha preguntado a Iberdrola por qué decidió eliminar a su comercializadora de las búsquedas de Google, pero no ha recibido ninguna respuesta al cierre de esta información.

"Comprobamos que cuando metías Curenergía en Google, uno de los primeros resultados que aparecía era el de Iberdrola. Eso implica que la página web de Iberdrola tiene alguna mención en su home o página de inicio para captar búsquedas de Curenergía, algo que no debería ocurrir porque lo que incita es a la confusión", explica Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

Por su parte, la Comercializadora Regulada Gas & Power, de Naturgy, eliminó durante algunos días el formulario online para solicitar el cambio al mercado regulado de gas, según ha denunciado Facua. Fuentes de Naturgy, sin embargo, aseguran que "la web de nuestra comercializadora regulada estuvo 100% disponible para contratación online y no detectamos ninguna incidencia".

Sin trabajadores para satisfacer la demanda de cambios

Las organizaciones de consumidores también denuncian la falta de medios físicos para atender la avalancha de cambios de tarifa. Conseguir que un trabajador levante el teléfono para pasarse del mercado libre al regulado se ha convertido en una tarea ardua que requiere de mucha paciencia y tiempo.

De hecho, la propia vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió hace una semana que las compañías energéticas reformasen sus servicios de atención al cliente para dimensionarlos y permitir que puedan atender el volumen de demanda de los últimos meses.

"No están haciendo esfuerzos para aumentar el número de trabajadores que atienden en las centralitas telefónicas, entre otros casos porque la ley no les obliga y porque además no les interesa tener una gran canalización de clientes hacia sus tarifas de mercado regulado", exponen Sánchez, cuya organización también ha recibido algunas denuncias de usuarios a los que se les ha alargado más de lo habitual el número de días entre un cambio de tarifa y otra. "Esta cuestión sería claramente ilegal", agrega.

Fuentes de la CNMC explican a Público que ya se han comenzado a realizar requerimientos de información a las comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada TUR (EDP, CHC, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) "para ver cómo están atendiendo las solicitudes de cambios". Desde Competencia informan de que todavía no hay ningún expediente sancionador abierto, tal y como se habría dado a entender en algunos medios de comunicación.

Las eléctricas, contra el mercado regulado

Que a las energéticas no les conviene un giro masivo hacia el mercado regulado no es una novedad. Los movimientos de las compañías para frenar un cambio masivo hacia el TUR de gas ya se vieron a principios de año, cuando la guerra elevó a niveles de récord la factura de la luz y el Gobierno aprobó un tope de precios para la generación de electricidad mediante gas. En esa ocasión, el presidente de Iberdrola llamó directamente "tontos" a los usuarios que habían cambiado sus contratos a la tarifa PVPV (Precio Voluntario Pequeño Consumidor), equivalente al TUR de gas. 

Ahora, con el impulso de la tarifa regulada de gas, la pugna entre Gobierno y pugna entre las eléctricas y el Gobierno vuelve a abrirse. La propia Teresa Ribera ha reclamado a las eléctricas una mayor "transparencia" a la vez que sugería más contrataciones para garantizar que puedan atender a todos los usuarios que reclaman un cambio en su contrato. Unas declaraciones que no han gustado demasiado a las grandes compañías del sector que, a través de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), han asegurado que su nivel de transparencia es "de los más altos de Europa".