"Coste cero" y "ni un euro" no parecen, a priori, conceptos ambiguos ni polisémicos; salvo que el contexto en el que se emiten sea el de la política española, y más concretamente el proceso de rescate y reestructuración de la banca, claro, porque en ese ámbito todo es susceptible de mudanza: tanto, como para que el llamado "banco malo", que "nunca" iba a suponer dispendios de ningún tipo para el contribuyente según el exministro de Economía de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, acumule a fecha de hoy un creciente agujero de más de 52.000 millones que en el mejor (e improbable) de los supuestos pueda verse reducido en 30.000 y en el peor ir cerca de duplicar la factura de la operación de salvamento y concentración de las finanzas hispanas y dispararla por encima de los 125.000 millones de euros.

La deriva de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria), una de las tres patas clave del rescate (junto con los avales y las inyecciones directas de dinero) al sacar de los balances de los bancos créditos fallidos e inmuebles de difícil colocación por valor de 200.000 millones de euros a cambio de deuda pública por valor de 50.000, está teniendo un impacto directo en las cuentas públicas: de 34.145 millones de euros en deuda pública, tras haber liquidado ya los más de 17.500 que restan para llegar a los 50.781 entregados como pago a cuenta a la banca, y 9.891 como déficit por las pérdidas acumuladas al cierre de 2020, según recoge el decreto por el que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la toma de control de la entidad por el FROB (Fondo para la Reestructuración y Ordenación del sistema Bancario), cuyo texto ya advierte de que "en los sucesivos ejercicios, las operaciones de disposición de su activo por parte de Sareb, así como sus resultados contables afectarán al saldo de las cuentas nacionales del sector de las Administraciones Públicas", lo que "hace necesario que la estructura accionarial y de control de la sociedad refleje la realidad económica".

"La operación de la Sareb encubrió el coste del rescate bancario, porque lo que fue a la Sareb era una parte de su coste", indica Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas Frente a la Crisis, que explica cómo "el Gobierno [de Rajoy] cambió cromos, cambió activos por deuda, y ahora el Gobierno actual tiene que pagar esa deuda y tratar de vender al mejor precio posible esos activos" que siguen pendientes.

Esa deuda pendiente "se irá devolviendo conforme la Sareb pueda ir cerrando ventas", destaca Esteban Sánchez, socio director del área de Banca de AFI (Analistas Financieros Internacionales), que anota cómo "las entidades que se encontraban en proceso de reestructuración" cuando se fundó la Sareb en 2012, todas las principales menos BBVA "realizaron un saneamiento de casi 150.000 millones de euros" con esos traspasos de activos a cambio de deuda pública.

"Es todo un cúmulo de despropósitos", señala el economistas Carlos Sánchez Mato, que recuerda cómo una de las claves de su puesta en marcha fue "que no reventaran las cuentas del Estado en 2013, pero esas cifras han acabado aflorando en 2020, con otro Gobierno", cuando la UE dictaminó que la deuda con la que la Sareb compró los activos es deuda pública y que su déficit es déficit público.

Un descomunal agujero que dobla el coste del rescate bancario

Casi una década después de su puesta en marcha, los números de la Sareb reflejan una situación nada boyante, aunque, quizá por aquellas cosas de las cuentas del gran capitán, eso no ha impedido que los banqueros, políticos y técnicos que han ido pasando por su consejo de administración se hayan repartido 37 millones de euros en remuneraciones, según datos de la propia compañía.

Esa gestión arroja 5.771 millones de euros de pérdidas al cerrar todos los ejercicios en rojo y con un récord de 1.073 en 2020 que puede verse superado con las cuentas de 2021 tras acumular 650 en el primer semestre.

A esos resultados operativos, que se han comido los 3.800 millones de euros de fondos propios con los que nació la entidad, se les suma un patrimonio neto negativo de 10.528 que sitúa el agujero de la compañía en el entorno de los 16.300, una cifra cercana a la ya liquidada por una parte de la deuda con la que el Estado compró esos activos.

El colofón de esas pérdidas está en dos operaciones de financiación: un swap para prevenir subidas de los tipos de interés en el periodo 2017-2023 que acumula un coste de 3.952 millones, con una media de alrededor de mil al año, y una modificación de los bonos que la banca entregó como moneda a los bancos que desde hace tres años veta la aplicación de tipos negativos y que ya ha generado otro de 483 que lleva camino de duplicarse.

Deuda pendiente por un lado y por otro las pérdidas operativas y el patrimonio negativo, cuya cuantía supera la de la deuda liquidada, suman un agujero de más de 52.000 millones de euros que, a la espera de añadir los que vayan sumando por el swap y los bonos, los 900 de capital de origen estatal consumido y los alrededor de 2.000 que los bancos que van a salir del accionariado van a conservar como créditos fiscales, que son descuentos a aplicar en el Impuesto de Sociedades, no andan lejos de duplicar los 65.725 en los que el Banco de España cifraba el coste del rescate en la última nota que ha emitido sobre esa operación, y que lleva más de dos años sin ser actualizada, aunque en realidad serían 73.261 a la espera de ir descontando los dividendos que pueda ingresar de CaixaBank.

La cartera de inmuebles de Sareb ha seguido creciendo

La Sareb dispone de activos valorados en algo más de 31.000 millones de euros para paliar ese desaguisado enjugando la amortización de la deuda pública con los ingresos que pueda ir obteniendo. Se trata de 46.162 viviendas, 36.693 espacios anexos a estas, 20.246 obras en curso y 30.016 terrenos, 79.000 hectáreas de suelo ‘finalista’ y 90.000 de rústico.

No obstante, un vistazo a la estructura de esas cartera proyecta más dudas que certezas sobre la viabilidad de la operación: una década después, los 50.781 millones de activos se han reducido a 31.800, con una reducción global del 37,4% que supera la mitad en los activos financieros (de 39.438 a 16.851) mientras los inmobiliarios han seguido creciendo (de 11.343 a 14.949). 

Una década después, el banco malo ha colocado el 57% de los créditos tóxicos que adquirió mientras el valor teórico de su cartera de ladrillo aumentaba casi un 32%.

"Es el Estado quien tiene el principal interés económico en la marcha de Sareb así como quien soporta la mayor parte del riesgo asociado a su actividad", reseña el Gobierno en el decreto, en el que se refiere al "plan de negocio y la capacidad de generar flujos de caja" como "factores cruciales para minimizar el potencial impacto de la ejecución del aval en el momento del fin de la vida de la compañía en 2027".

De ahí las tres decisiones clave del gabinete: tomar la mayoría a través del FROB, adecuar "las políticas remuneratorias de la compañía al principio de eficiencia presupuestaria", lo que equivale a frenar en seco los dispendios en la retribución de los consejeros, y habilitar a la compañía para "ceder viviendas a entidades públicas o entidades no lucrativas" y a comunidades autónomas para dedicarlas al alquiler social.

Esa última medida entraña la decisión de no enajenar al menos una parte de los inmuebles, de escasa habitabilidad en algunos casos y de bajo atractivo o demanda en otros por su deterioro, por estar inacabados o por hallarse en el medio rural, y de generar ingresos a través del mercado del alquiler.

Un costoso proceso para crear gigantes con pies de barro

La decisión de que la Sareb comience a intervenir en el mercado de la vivienda parece tomada cuando el decreto la habilita para comprar y vender inmuebles y para tener tratos con bancos (aunque no se encuentren en proceso de resolución) y con otros operadores financieros, algo que, por otra parte, abre una derivada de consecuencias imprevisibles en el atribulado debate político español por la abundancia de inmuebles en zonas turísticas como el arco mediterráneo.

Hasta ahora, "la Sareb, por la normativa con la que nació, solo podía comprar activos a bancos en resolución", recuerda Sánchez, que anota que "era un instrumento de resolución cuya finalidad era liberar de esos riesgos a las entidades".

"Sareb compró los activos por un 52,5% del valor por el que estaban anotados en los libros de los bancos, y se vio que compraba caro", indica Rodríguez, que añade que "ha habido pérdidas porque lo que compraron se ha vendido más barato y porque, con la gente ilustre que ha pasado por ahí, contrataron un swap para protegerse de las subidas de los intereses. El Estado debe intentar vender a mejor precio".

Los cálculos del socio minoritario de la coalición de gobierno incluían algunas alternativas que, al menos por ahora, parecen descartadas.

"Tiene capacidad para generar 420.000 viviendas, y eso podría generar para la inversión necesaria unos rendimientos del 1,7%, superiores a los que ahora se obtienen en los mercados financieros", explica Sánchez Mato, que anota que destinar a la producción de energía renovable los suelos de su cartera con precios similares a los de las últimas subastas (30,5 euros en Mw.h) permitirían amortizar la inversión en quince años.

"Ese suelo tiene potencialidades como abaratar el precio de la luz o el de la vivienda, pero esas propuestas han sido rechazadas. En los dos casos hay posibilidades de hacerlo rentable", anota, antes de apuntar que "el banco malo fue una obligación del memorándum de entendimiento de España con la UE, y tenemos la obligación de hacerlo rentable. Hay posibilidades de convertir un pozo sin fondo en un instrumento de políticas públicas".

El rescate, Sareb incluida, sí acabó siendo beneficioso para un sector bancario español que en una década alcanzó el mayor grado de concentración de su historia tras engullir 52 bancas y cajas de ahorro en una retahíla de fusiones regadas con dinero público que han supuesto la supresión de cerca de 100.000 empleos, el cierre de alrededor de 10.000 oficinas y la creación de un selecto grupo de gigantes con pies de barro cuya potencialidad para generar riesgos de carácter sistémicos crecía con cada absorción.