La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde a un segundo tramo de 12.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo pospandemia para España. La aprobación de esta ayuda se produce después de que la institución europea constatara que el Gobierno ha desplegado las medidas pactadas para este desembolso; entre ellas, la reforma laboral y una parte de la reforma de las pensiones.

No obstante, aún falta que los Estados miembro de la Unión Europa ratifiquen este ingreso en un plazo de cuatro semanas para que se haga efectivo. Este pago, que es el más abultado de los previstos en el plan de recuperación español, se sumará al anticipo de 9.000 millones de euros y el primer pago ordinario de 10.000 millones que España recibió en 2021. 

Si se hace efectiva esta cantidad, España habría recibido 31.000 millones de euros, una cifra que supone casi la mitad del total de 69.500 millones de euros en transferencias que le corresponden del fondo Next Generation. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tratará de solicitar en la segunda mitad de año otros préstamos a los que nuestro país también tiene derecho. 

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha señalado que España ha hecho "suficiente progreso en la implementación de su plan de recuperación nacional para recibir un segundo pago del Next Generation EU" y que "está mostrando un continuado impulso reformista en áreas políticas clave, como el mercado laboral y la sostenibilidad de las finanzas públicas".

40 hitos y objetivos

España debía cumplir los 40 hitos y objetivos para acceder a este fondo, como las reformas en el mercado laboral, con la simplificación de los contratos, el mecanismo para hacer permanentes los ERTE y los cambios en la negociación colectiva. También tenía que implementar políticas para reformar las pensiones; en este caso, su vinculación al IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Después, el Gobierno deberá implementar otras medidas para obtener los fondos correspondientes al tercer y cuarto paquete. Ambos están previstos para el segundo semestre de 2022 y el primero de 2023 respectivamente. Para acceder a ellos España deberá revirar el sistema para los autónomos, el mecanismo de equidad intergeneracional y una actualización por parte del Gobierno de sus estimaciones sobre la sostenibilidad fiscal del sistema.