La autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón aún tardará un año en ser traspasada al Estado después de que el pasado 30 de noviembre de 2018 se convirtiera en la primera vía de pago que concluyó su contrato de concesión con una empresa privada y dejara de cobrar peaje a los usuarios.

El Ministerio de Fomento mantiene aún en estudio "aspectos y documentos" de la autopista que tienen así pendiente de cerrar el expediente para su reversión al Estado, "con lo que la entrega definitiva de la autopista deberá posponerse un año".

Así lo asegura el grupo de autopistas en su informe anual de 2018, en el que cifra en 495.000 euros el contrato que Fomento le otorgó cuando terminó el contrato de concesión para que siguiera ocupándose del mantenimiento de la autopista durante al menos seis meses.

Durante el pasado año, la AP-1 generó ingresos por cobro de peajes, desde enero hasta que el 30 de noviembre se levantaron las barreras de cobro, de 67,03 millones de euros.

La vía generó el una cuarta parte (el 24,2%) del total de ingresos de Itínere y era la segunda por generación de ingresos de todas las que Itínere gestiona en el Norte del País por detrás de Audasa, la AP-9 Ferrol-Tui, que factura 144,1 millones.

Las cuentas anuales de 2018 del grupo de concesiones incluyen el coste de 3,30 millones de euros que supuso a la compañía el expediente de regulación de empleo (ERE) realizado sobre 42 trabajadores de la autopistas vinculados al cobro del peaje.

En cuanto al proceso de traspaso de la vía al Estado, Itínere detalla que cuando en noviembre de 2018 concluyó el contrato de concesión la empresa y el Ministerio firmaron el acta de entrega de la autopistas e iniciaron el expediente para su reversión.

Aspectos en análisis

No obstante, detalla que la firma de este acta "no supone la aceptación o conformidad en cuanto al estado y las condiciones de la autopista", de forma que actualmente el proceso de traspaso de la vía "está pendiente de cierre, dado que existen aún aspectos y documentos pendientes de análisis por parte de Fomento, que estima que la entrega definitiva deberá posponerse un año".

Itínere asegura tener provisionadas contablemente las eventuales actuaciones que tuviera que realizar durante este año para la entrega de la autopista al Estado "en condiciones de absoluta normalidad para la prestación del servicio".

La AP-1 se convirtió el 1 de diciembre de 2018 en la primera vía de pago construida por el Estado en régimen de concesión que llevaba al final del contrato posterior de explotación, por lo que levantó las barreras de peaje e inició reversión al Estado.

Para este ejercicio 2019 está previsto que ocurra lo mismo con otras dos autopistas, en este caso concesiones ambas de Abertis. Se trata del tramo de la AP-7 entre Tarragona, Alicante y Valencia, y de la AP-4 Sevilla Cádiz, que concluyen sus contratos el 31 de diciembre de 2019.