"Los trabajadores vuelven a afiliarse y los sindicatos vuelven a tener presencia. El SMI (Salario Mínimo Interprofesional) ha subido un 52% desde 2018 y se han adoptado medidas contra la inflación, y eso ha supuesto un refuerzo de los sindicatos. Si se percibe que su labor sirve para mejorar la vida de los trabajadores, la afiliación se anima", plantea David Moral Martín, sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo en la Universidad de Zaragoza.

Sea por esos motivos, o por esos y algunos más, lo cierto es que la afiliación a los sindicatos atraviesa una fase de animación en la que la militancia de las cinco principales centrales sindicales españolas ha registrado en dos años, del cierre de 2021 al de 2023, un aumento de casi 60.000 personas.

Los datos, facilitados por las propias centrales, impugnan algunos mantras de la opinión publicada como el de la supuestamente creciente desmovilización social o su expansión entre los jóvenes y las mujeres, cuya militancia crece, y, también, revelan una tendencia opuesta a la de la tradicional merma del atractivo de ese tipo de organizaciones en etapas de bonanza económica y estabilidad laboral como la actual.

Los datos facilitados por CCOO, UGT, CSIF, USO y CGT reflejan un aumento de 70.078 militantes en tres años, desde la pandemia, que apenas afectó a la afiliación pese a la debacle del empleo paliada por los ERTE e incluso registró aumentos en los casos de UGT y CSIF, y de 58.480 en los dos últimos, los de la etapa de mayor ocupación histórica en España desde la aplicación de la reforma laboral de 2021.

Los 2,44 millones de miembros de esos cinco sindicatos superan en realidad los 2,5 de manera holgada y están más cerca de los 2,6, ya que CCOO descuenta a 155.000 afiliados que no pagaron la cuota durante todo el año, ya sea por baja voluntaria, jubilación u otros motivos.

A esa cifra hay que añadirles los de los tres grandes sindicatos de ámbito autonómico, ELA-STV y LAB en Euskadi y Navarra, y CIGA en Galicia, que rondan los 230.000 en su conjunto, y el resto de las organizaciones sectoriales y locales, lo que sitúa la militancia sindical por encima de los tres millones de trabajadores: uno de cada siete ocupados está afiliado a un sindicato, ya sea de clase o profesional.

Doce veces más militancia que en la bulliciosa política

¿Ese nivel de afiliación es mucho, mediano o poco en términos relativos en el contexto europeo? Esa incógnita es de difícil despeje, ya que apenas hay datos homologados de afiliación sindical a escala UE.

No obstante, uno de los últimos estudios sobre el tema, publicado por la Fundación 1º de Mayo, situaba a España hace seis años por encima de la media y como sexto país (quinto tras el brexit) en este ámbito, solo por detrás de Francia, Suecia, Italia, Reino Unido y Alemania.

Era, también, uno de los únicos ocho países comunitarios en los que la afiliación sindical ofrecía un saldo positivo para el periodo 2010-2017, que incluye los años más duros de la crisis postburbuja y el inicio de la recuperación.

Otro dato llama poderosamente la atención en España: la desproporción entre las magnitudes de la militancia sindical y la política y la proyección de bullicio y alboroto entre estrategias para condicionar la agenda de debate público que una y otra generan.

En la campaña del IRPF de 2021, la última con datos disponibles, 2,047 millones de trabajadores declararon el pago de cuotas sindicales por valor de 286,5 millones de euros, una cifra que multiplica por doce la de los 280.741 militantes de partidos y por más de 50 sus 5,47 de aportaciones, cuya media es, por otro lado, siete veces inferior (140 euros por 19).

Para explicar el aparente descuadre de un millón de afiliados habría que calcular cuántos de ellos no están obligados a presentar declaración de IRPF por no ingresar el mínimo requerido y cuántos no declaran esos pagos al desconocer que desgravan.

Completan la ecuación los 711.965 miembros de colegios profesionales, cuyas cuotas sumaron 174,48 millones de euros en 2021.

La complejidad de las reformas y el refuerzo de lo colectivo

Apenas hay estudios sociológicos sobre la sindicación y las relaciones industriales, aunque su indagación sí ha dado lugar a algunas teorías que explican algunos de sus aspectos.

Una de ellas es la teoría de la acción, que agrupa en dos grandes bloques la posición de los trabajadores ante los conflictos de carácter social: voice o protestar, y exit o mantenerse al margen.

"La afiliación depende muchas veces de entender que la estrategia de voice es adecuada o si la única solución que se presenta es el exit", explica Francesco Marcaletti, profesor de Sociología del Trabajo en la Universidad de Zaragoza.

"Cuando el ciclo económico es positivo y cuando hay gobiernos que activan reformas que mejoran la calidad de vida de los trabajadores suele descender la afiliación porque el voice se considera innecesario al percibir aspectos positivos y los trabajadores consideran que es más apropiado el exit, mientras que en el caso opuesto es más fácil que opten por la estrategia del voice", expone.

El escenario actual de ciclo económico de bonanza y reformas favorables a los trabajadores sería de desactivación y no de movilización y, sin embargo, está ocurriendo lo contrario. Marcaletti observa matices interesantes en esa tendencia: "Por una parte, el elevado número de reformas ha añadido elementos de complejidad que hacen que los trabajadores requieran apoyo para adaptarse, y ahí el sindicato se percibe como algo que puede ayudar. Y, por otra, con esas reformas ha vuelto un poco el refuerzo de lo colectivo frente a la individualización de la precariedad".

Causas de carácter vegetativo

Paralelamente, añade, "las reformas han afectado a amplias capas de trabajadores y han beneficiado de manera especial a los sectores más desprotegidos e individualizados, caso de las trabajadoras del hogar, cuya relación laboral es a menudo de una soledad extrema".

A esos factores de estímulo de la afiliación sindical se les añaden otros tres. Uno es el de la mayor visibilización de la labor de los sindicatos con la vinculación entre los acuerdos del diálogo social y la llegada de los fondos europeos.

Los otros dos son de carácter vegetativo, anota el profesor. Uno es el aumento del empleo, con 1,4 millones más de ocupados entre el verano de 2019 y 2023 y una estabilización que está situando el consumo privado como motor económico. Y el otro es el envejecimiento de la población ocupada, con 3,4 millones de asalariados (18,7%) por encima de los 55 años, que aumenta el volumen potencial de afiliados por ver en el sindicato "un recurso para gestionar mejor su transición".

La segunda teoría es la del comportamiento de interés, según la cual la integración en un sindicato puede decidirse "porque ves una ventaja que puedes obtener, un beneficio, pero no por tener convicciones ideológicas ni por otros factores".

Mujeres, jóvenes y extranjeros

Ese aumento de la población ocupada, que se está dando de manera especialmente intensa entre las mujeres, coincide con otro de la afiliación, que en el caso de CCOO alcanza las 13.500 en dos años para superar el 47% del total. En UGT son más del 40%.

"Hay un dato muy significativo que es el del crecimiento afiliativo de mujeres. La mitad del aumento se está dando entre ellas", señala Agustín Martín, secretario de Organización de CCOO, quien apunta a dos causas: "Su mayor presencia en el mercado laboral y la intensa labor que el sindicato está desarrollando en materia de igualdad".

"En el último año hemos tenido crecimiento en todos los sectores, salvo en la Administración. Ha habido cierta mejora entre los jóvenes, que es un sector en el que queremos incidir", dice Martín, que aboga por "un esfuerzo de comunicación con la gente que se incorpora a la actividad laboral para mostrarles la utilidad de los sindicatos en una época en la que la digitalización y la automatización lo están cambiando todo".

Los datos de UGT, por su parte, reflejan la existencia de potentes nichos de la afiliación en ámbitos como el de los trabajadores extranjeros (3,75%), que ya cubren casi la quinta parte del empleo a nivel estatal, y entre los menores de 35 años, que ya suponen el 9,46% de la militancia aunque entre los asalariados alcanzan el 26,5%.

¿Y los sindicatos viven con sus cuotas? Más bien, sí. El 83% de los fondos que maneja CCOO, 160 millones, son recursos propios a los que se añaden un 5,85% de ayudas públicas, con otro 11,74% procedente de las licitaciones de programas finalistas de las administraciones.

"Lo que proponen PP y Vox cuando critican las ayudas a los sindicatos es en realidad retirar programas finalistas para colectivos desfavorecidos, como las mujeres maltratadas o las personas vulnerables", aclara Martín.