Un juzgado de Cornellà de Llobregat (Barcelona) investiga una pionera querella de la Fiscalía de Barcelona contra dos seguidores del RCD Espanyol por los insultos racistas al jugador negro del Athletic de Bilbao Iñaki Williams, en un partido de fútbol disputado el pasado mes de enero.

La querella, la primera que la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona presenta por insultos racistas en la grada de un partido de fútbol, acusa a dos seguidores del Espanyol de delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y ha sido ya admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 2 de Cornellà (Barcelona).

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la Liga Nacional de Fútbol ante la Fiscalía de Barcelona, en la que relataba los insultos racistas proferidos cuando el jugador Iñaki Willians era sustituido del terreno de juego y recibió de un sector de la grada del Espanyol "gritos de menosprecio hacia su persona, con la indudable intención de humillarle y lesionar su dignidad por motivos racistas", sostiene el ministerio público.

Concretamente, precisa la querella, la grada del Espanyol despidió al jugador gritándole "uh, uh, uh, uh", una onomatopeya que reproduce los sonidos emitidos por los monos y que, según la Fiscalía, "ha sido proferida en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para menoscabar la dignidad de los futbolistas de raza negra".

La Fiscalía encargó una investigación a los Mossos d'Esquadra, que lograron identificar a los autores de los insultos tras examinar las imágenes de las cámaras de seguridad y gracias a la información facilitada por el RCD Espanyol sobre los titulares de las localidades de donde procedían los gritos.

Las investigaciones policiales

Las investigaciones policiales permitieron identificar a tres seguidores presuntamente relacionados con los insultos racistas, uno de ellos menor de edad.

Los dos adultos identificados fueron citados en calidad de investigados ante los Mossos d'Esquadra: uno de ellos, J.C.M.A., se acogió a su derecho a no declarar y el otro, K.B.G., no acudió a la comisaría.

El ministerio público sostiene en su querella que los insultos pueden constituir un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, reconocidas en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos de discriminación relativos a la nación u origen nacional.