Los estados de la Unión Europea se dirigían ayer a un choque en el Parlamento, ya que sus diferencias sobre cómo combatir las descargas en Internet amenazan la amplia reforma de las telecomunicaciones.

Existe un amplio acuerdo en cuanto al paquete de medidas en la reforma, diseñado por la comisaria europea de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, Viviane Reding. Sin embargo, la batalla por el abuso de los derechos de autor se ha convertido en un último punto de fricción entre los países de la Unión y el Parlamento Europeo, que tienen que acordar la decisión por separado.

La cuestión es que el asunto no formaba parte de la reforma de Reding, que se refiere más a reformas de infraestructura de telecomunicaciones que a los problemas con los contenidos. Las dos partes están de acuerdo en que, para ayudar a controlar las descargas o el intercambio de material con derechos de autor, un proveedor de Internet debe poder cortar el suministro de un cliente si cuenta con la aprobación de 'una autoridad legal competente'.

Sin embargo, los delegados de los estados quieren que esa cláusula se incluya en el 'recital', o líneas maestras que preceden al grueso de la ley de telecomunicaciones, según indicó un funcionario europeo. Pero algunos miembros del comité de la industria que intervienen en el Parlamento consideran que introducir esa fórmula en la propia ley enviaría un mensaje más duro a los que abusen.

Francia, que está introduciendo sus propias normas para luchar contra las descargas, respalda esta posición. El comité de la industria votó el proyecto de ley escenificando un enfrentamiento con los estados miembros sobre lo que algunos consideran un aspecto puramente de imagen política.

'Este es el mayor punto de fricción. Está claro que los estados miembros no estarán de acuerdo en que esto vaya dentro del texto', dijo un diplomático europeo. 'Sería una pena si toda la reforma se viera detenida sólo por algo que no estaba en la propuesta original', añadió.

Algunos expertos legales señalan que el Tribunal Europeo de Justicia, el máximo órgano judicial europeo, ha indicado en sus decisiones que no hay diferencia en el estatus legal de una petición previa o una petición dentro del cuerpo de la ley.

La Reforma de Reding crea un Organismo Paneuropeo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas (BEREC, en sus siglas en inglés), que tomará decisiones por mayoría en lugar de con el voto consensuado que utilizaban hasta ahora los reguladores nacionales al decidir sobre políticas comunitarias.