En el partido de tenis en que se ha convertido la frustrada negociación entre la industria cultural y las operadoras para acabar con las descargas, los golpes son cada vez más fuertes. Si, por las segundas, Redtel dijo el lunes que no volverían a negociar con la Coalición de Contenidos, ésta les acusó ayer de sacar tajada con el P2P.

El presidente de la Coalición de Creadores y Contenidos, Aldo Olcese, dijo en la Asociación de la Prensa de Madrid que 'las operadoras ganan dinero con el tráfico que se genera con la piratería'. Olcese fue aún más lejos al asegurar que varios de los miembros de Redtel (donde están Telefónica, Ono, Vodafone y Orange) financian el P2P. 'Muchas de las web están financiadas con publicidad de las operadoras'. Comentó también que algunas han dicho que ellas no controlan dónde va su publicidad.  'Eso es cosa de las agencias de publicidad, nos dicen', recuerda.

Tras la bofetada, Olcese ofreció un acuerdo de mínimos a las operadoras. Ya no hablan de desconectar a los usuarios. Tampoco de implantar medidas tecnológicas (como la reducción del ancho de banda) a los que más descarguen. Ahora se conforman con diseñar un sistema para atacar a las páginas web que, mediante enlaces, facilitan, la descarga de archivos.

Como recordó Olcese, cuando comenzaron las negociaciones el año pasado, había en España 70 páginas que concentraban el 80% de la oferta de material audiovisual sujetos a derechos de autor. 'Ahora son 200 sitios', dijo. Según sus datos, se está produciendo un efecto llamada para las web de descargas. 'España es el único país del mundo en el que coinciden dos factores: tenemos una red tecnológica muy avanzada y un agujero legislativo que lo permite todo'. Esto ha provocado que, en los últimos meses, páginas de otros países, como Rusia o Kazajistán, sean albergadas aquí.

Para lidiar con el problema, Olcese quiere un acuerdo entra las dos partes, una autorregulación, que el Gobierno sancione después como norma. Lo que buscan es un sistema ágil por el que las operadoras cierren las web alojadas en España. En el caso de que estén en el extranjero, como The Pirate Bay, lo que deberían de hacer es impedir el acceso desde España. 

Una vez conseguido esto, el Gobierno debería convertirlo en norma. 'Puede ser mediante su incorporación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o a una nueva ley, como la audiovisual', dijo. A Olcese le importa más 'la eficacia en el tiempo que la contundencia de la sanción'. Por eso, ofrecen este acuerdo de mínimos donde sólo se iría contra las páginas y nunca contra el usuario, al menos en principio.

'Daremos un margen al mercado y veremos si este sistema funciona'. Para el presidente de la Coalición, sería todo un éxito si, atacando estos sitios, se redujeran las descargas en un 70%. La cifra es la misma de la que hablan en el Reino Unido para calcular si el sistema que estudian allí (mandar avisos peros sin desconexión) funciona. El plazo que se dan es el de un año desde que se aprobase. Si no fuera así, le tocaría al turno a los usuarios.

En este caso, Olcese insistió en que se podrían aplicar medidas tecnológicas (reducción de la velocidad) a los 4.500 que, calculan, comienzan la cadena de las descargas. Como en el Reino Unido, donde el organismo regulador de las telecomunicaciones Ofcom se va a encargar de gestionar el sistema, Olcese dijo que la reforma podría encargar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones esta misión o crear un organismo administrativo nuevo.

El presidente de la Coalición de Contenidos se mostró 'casi convencido de el Gobierno hara algo y pronto'.