El nuevo Eurobarómetro sobre talas ilegales, elaborado por la organización WWF , coloca a España a la cola de la lucha contra esta práctica que esquilma los bosques del mundo. Por fortuna, algunos ayuntamientos, como los de Barcelona y Madrid, ya están prácticando una compra responsable de madera.
La principal conclusión del estudio es que 17 de los 27 Estados Miembro de la Unión Europea no han logrado aún adoptar medidas suficientes para impedir que la madera extraída de manera ilegal entre en las fronteras europeas y penetre en sus circuitos comerciales.
Cabe destacar que la UE es uno de los mayores consumidores de madera del mundo. Las talas ilegales a escala global no son solo un problema ecológico, sino también social y económico, al generar una competencia desleal con los operadores que cumplen con los requisitos de sostenibilidad.
Europa importa anualmente casi 130 millones de metros cúbicos de madera, por lo que tiene una gran responsabilidad a la hora de resolver esta amenaza para el futuro de los bosques y de las poblaciones que viven de ellos. De hecho, se calcula que alrededor del 15% del total de sus importaciones, lo que se traduce en unos 3.800 millones de euros, procede de talas ilegales.
El Eurobarómetro de WWF tiene en cuenta el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de protección forestal y comercio de la madera, la cooperación para el desarrollo encaminada a abordar la tala ilegal en los países productores y la compra pública responsable.
Entre los países con peores resultados figura en esta ocasión España, que ocupa el antepenúltimo lugar, seguido de Grecia y Finlandia, con el último puesto. El caso español es especialmente significativo, ya que su situación actual en el ranking ha empeorado en comparación con la de 2007.
Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF, 'España es un gran actor del mercado de la madera tropical y debe convertirse en un motor del desarrollo económico sostenible de estos países.' Y añade: 'El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el de Asuntos Exteriores y Cooperación deben coordinar una estrategia en este sentido para avanzar urgentemente en la implementación de los Reglamentos de lucha contra la tala ilegal.'
En cuanto a los ayuntamientos, solo nueve ciudades españoles se han desmarcado de esta tendencia sumándose a la iniciativa Ciudades por los Bosques de WWF y ya están aplicando políticas de compra pública responsable, como es el caso de Madrid, Barcelona, Murcia o León, entre otros.
WWF recuerda que el comercio mundial de madera extraída de forma ilegal es un negocio que mueve grandes cantidades de dinero a escala planetaria. El Banco Mundial estima que las talas ilegales suponen pérdidas de unos 10.000 millones de euros al año a los países productores.
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