La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) consideraría inaceptable la futura Ley de la Ciencia y la Tecnología si se aprobase sin modificar algunos aspectos reflejados en el borrador que presentará la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el miércoles y que ayer adelantó Público .

La presidenta de la federación, Cecilia Galindo, considera que, aunque la nueva ley les parece “el marco idóneo para definir una carrera investigadora que no existe en España”, no ve aceptable “que la carrera empiece una vez pasada la etapa postdoctoral, con treinta y tantos años”.
En su opinión, el mantenimiento de una etapa de formación, que incluiría un periodo de realización del doctorado y otro de postdoctorado, da excusas para limitar los derechos laborales. Desde la FJI, reclaman que la carrera comience en el momento en que se empieza a investigar, cuando se inicia el doctorado.

Según Galindo, en las discusiones de preparación de la ley, el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) fue receptivo con sus demandas. Sin embargo, estas peticiones no se ven plasmadas en el borrador de la ley. La presidenta de la FJI asegura que su grupo intentará que sus reclamaciones sobre la etapa de formación de los investigadores tengan reflejo en la redacción final. “Si esto no fuese así, habría movilizaciones”, afirma Galindo.

Un segundo aspecto que la FIJ rechaza de la ley es la coexistencia del sistema de becas con el propuesto para la nueva carrera investigadora. “Para nosotros, sería importante que apareciera en la ley que no se pueden dar becas a investigadores que estén trabajando”, concluye Galindo.

Ángeles Lario, presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal (ANIRC), reconoce que “el borrador incluye las propuestas hechas a lo largo de estos años por el colectivo Ramón y Cajal”. En principio, el programa fue un intento de aplicar a España el sistema de tenure track propuesto ahora en la ley. Se trataba de crear un contrato de investigación que evaluase a los científicos en el segundo y el cuarto año. Si el investigador pasaba esta segunda prueba, era contratado.

Sin embargo, la experiencia muestra que esto no es así. “Sigue habiendo RyC sin estabilizar, con situaciones inverosímiles para cualquier política científica seria”, explica Lario. “Si esta ley sirve para aplicar a todos los RyC los derechos que se les asignaron cuando se creó el programa, estaría en buen camino; si se obvia, será un fiasco más”, continúa. Según Lario, el Gobierno deberá aclarar también qué es lo que va a suceder con los RyC que se vean atrapados por la transición al nuevo sistema.