El comisario José Manuel Villarejo se ha sumado a Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, pidiendo el archivo en la Audiencia Nacional de la llamada pieza Carol, en la que se investigan las conversaciones que ambos mantuvieron en Londres.

Lo ha hecho este lunes, enviando un escrito al juez en el que subraya que ya se había jubilado cuando se produjo el supuesto encargo de espionaje que trata de dilucidar el magistrado.

Con este escrito, Villarejo alega que no se le puede atribuir el delito de cohecho pasivo que ha permitido reabrir esta parte de las pesquisas, puesto que este se refiere a los funcionarios que, en el ejercicio de su cargo, reciban una retribución a cambio de incumplir sus deberes.

Según los datos aportados por su abogado, Antonio García Cabrera, el comisario se jubiló el 22 de junio de 2016 y los nuevos audios incorporados a la causa son del 7 de octubre de 2016.

Según un escrito al que ha tenido acceso El País, en el que también se adhiere a la argumentación esgrimida por Larsen para tratar de frenar esta investigación, "Villarejo no era [ya] funcionario público".

Larsen, que estaba citada a declarar el 8 de septiembre, recurrió este 14 de agosto la reapertura de la pieza Carol, archivada en 2018, y solicitó suspender todos los interrogatorios previstos para principios del próximo mes.

Entre los citados estaba la propia Corinna, Villarejo, el abogado Rafael Redondo (socio del comisario jubilado) y el del empresario Juan Villalonga, que habría hecho de intermediario entre el antiguo agente de la Policía Nacional y Larsen.

Este caso se ha reabierto después de que el juez Manuel García-Castellón recibiese dos nuevos audios (llamados Corin 16.10.7 y 16.10.7-a).

Según detalló el magistrado, en ellos se escucha como la empresaria comenta a Villarejo sus "inquietudes" sobre la posibilidad de que su ayudante "pudiera estar filtrando información referente a su vida privada" y como le facilitó entonces información a Villarejo para que presuntamente investigase a su asistente en España de forma ilegal. 

Pese a estos audios, el abogado de Larsen opina que estos hechos no guardan relación con las grabaciones que se investigaron en la pieza Carol y por ello insiste en que no debe reabrirse dicha pieza. Además, cuestiona que la Audiencia Nacional tenga competencias para hacerse cargo ya que, según él, estas grabaciones se produjo en Londres.

Por su parte, Podemos ha presentado su oposición al recurso de reforma impuesta por la representación de la empresaria.

La representante de Podemos basa su oposición en tres cuestiones; en primer lugar cita jurisprudencia que respaldarían la reapertura de un proceso judicial, siempre y cuando existan nuevas pruebas de los mismos hechos. En este caso se refieren a los nuevos audios ya citados (Corin 16.10.7 y 16.10.7-a).

En segundo lugar, frente a la duda que plantea la representación de Corinna respecto a la jurisdicción de un tribunal español para juzgar hechos ocurridos en Londres, Podemos explica que al consistir el encargo en "investigar, presuntamente, las comunicaciones de la asistente española de la señora Larsen, en España", resultaría irrelevante que una de las grabaciones ocurriera en Londres.

Y por último, en tercer lugar, Podemos refiere el artículo 198 del Código Civil: "la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años".

Es decir, argumentan que, presuntamente, se valió en el pasado de su cargo para realizar estas investigaciones ilegales.

Las defensas esperan la respuesta de la Audiencia Nacional sobre esta pieza, la quinta que se abrió en el conocido como caso Villarejo, que tiene ya más de una veintena de líneas de investigación.