La Policía Nacional ha detenido a ciudadano español, que se trata del vicepresidente de la ONG Infancia sin Fronteras, Miguel Ángel Gisbert, que se dedicaba a la introducción ilegal de ciudadanos cubanos en Estados Unidos, a través de una compleja ruta que pasaba por Nicaragua, España y México, hasta llegar a la frontera estadounidense.

Infancia sin Fronteras es una organización no gubernamental para el desarrollo, constituida en 1998 como asociación sin ánimo de lucro, que trabaja especialmente dedicada al sector de la infancia.

El presidente de la ONG, Luis Lastra, ha manifestado sentirse 'alarmado' por la información, ya que se trata de una persona 'muy próxima', a la que 'tenemos mucho cariño y afecto y con el que hemos convivido en situaciones muy malas en muchos países'. 

La primera medida que ha adoptado la ONG es cesarle como vicepresidente y, además, ha puesto en marcha una investigación paralela para determinar si el detenido ha utilizado recursos de la organización o la ha vinculado a sus actividades delictivas, aunque Lastra cree que no. Por su parte, fuentes de la investigación han explicado que la ONG como tal, no se ha beneficiado de las supuestas actividades delictivas de su vicepresidente aunque era utilizada por Gisbert como 'tapadera' para sus negocios personales.

Durante la operación, en la que han sido arrestadas 29 personas -26 en Madrid y 3 en Barcelona-, también se ha desmantelado una red paralela especializada en la falsificación de tarjetas y estafas, gracias a la connivencia de comercios y restaurantes en los que se hacían las compras. Según ha informado la Policía, el fraude ocasionado con las compras realizadas de forma ilícita supera los 400.000 euros.

La infraestructura para la inmigración ilegal era facilitada por el vicepresidente de la ONG, detenido junto a su esposa, quien realizaba continuos viajes a Nicaragua, principal centro de actividad de la organización no gubernamental.

En ese país tenía establecidas varias empresas 'fantasma', cuya matriz se encontraba en España y que se financiaban con dinero procedente del blanqueo de capitales. A través de estas sociedades, y a cambio de dinero, ofrecían contratos de trabajo en Nicaragua a ciudadanos cubanos.

Tras esperar un tiempo prudencial en territorio nicaragüense, se remitía desde España, donde estaba la empresa matriz, una carta de invitación y un contrato de trabajo, con lo que los ciudadanos cubanos se desplazaban entonces hasta Europa. De este modo daban una apariencia de legalidad, si no fuera porque la empresa que supuestamente les contrataba no existía.

Posteriormente, el responsable de la ONG facilitaba a estas personas un documento falsificado para su salida de España con destino a México. Una vez allí, destruían el pasaporte falsificado y se dirigían a las ciudades fronterizas con Estados Unidos, para que otros miembros del grupo facilitaran su entrada en este país.

La banda cobraba a los ciudadanos cubanos cantidades superiores a los 7.000 euros que debían hacer efectivos en varios pagos. Al menos 2.000 euros al salir de Cuba y otros 4.000 ó 5.000 por llegar a México procedentes de España, segunda escala de su viaje.

Los investigadores desconocen si la organización contaba con alguna ramificación o contacto en la embajada de Nicaragua en La Habana para agilizar los visados con destino a territorio nicaragüense.

La investigación sobre el fraude se inició en agosto de 2008 al detectarse un restaurante de Madrid donde se copiaban los datos de tarjetas bancarias con la connivencia de los propietarios, por medio de un lector de bandas magnéticas de pequeñas dimensiones.

Tras clonar las tarjetas, los 'pasadores' eran los encargados de realizar compras de ordenadores, consolas, relojes o joyas con el beneplácito de los comerciantes que se quedaban con una comisión por la operación, además del artículo que supuestamente le habían comprado. En otras ocasiones, adquirían artículos de alto precio que después vendían en el mercado negro a precios rebajados.

Los agentes han practicado trece registros en Madrid y en las localidades de Fuenlabrada, Las Rozas, Rivas Vaciamadrid, Collado Mediano y Collado Villalba.

Se han localizado dos talleres de falsificación de documentos y uno de tarjetas en los que se han intervenido un centenar de tarjetas clonadas, un lector-grabador, una impresora, diez ordenadores, una pistola, documentación bancaria y 8.000 euros en efectivo.

La operación ha sido realizada por la Sección de Medios de Pago de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid y Barcelona, de la Comisaría de Fuenlabrada y del Grupo de Fraudes de la Comisaría del distrito Centro, de Madrid.