La Mesa y la Junta de Portavoces del Senado decidirán el próximo martes si, tal y como propone el PP, los parlamentos autonómicos deben ratificar los candidatos que presentaron hace más de dos años y medio para magistrados del Tribunal Constitucional, o si optan por proponer nuevos nombres.

Los órganos de gobierno de la Cámara Alta analizarán para ello el informe de los servicios jurídicos del Senado sobre los 23 candidatos presentados por las autonomías, cuyas circunstancias personales y profesionales pueden haber cambiado en este tiempo.

Los letrados indicarán además si es obligado, conveniente o contrario a derecho atender la solicitud del PP y pedir a los parlamentos autonómicos que vuelvan a pronunciarse sobre los candidatos, aunque el informe no es "vinculante".

El informe fue solicitado por el PP antes de apoyar, en la Junta de Portavoces, la convocatoria de la Comisión de Nombramientos del Senado que debe decidir qué cuatro candidatos de los 23 existentes eleva al pleno de la Cámara.

Pese a que se ha pedido celeridad a los letrados en la redacción del informe, es posible que no esté ultimado antes del martes, cuando se reúnen la Mesa y la Junta de Portavoces, o que los grupos pidan más tiempo para estudiar su contenido.

De hecho, su elaboración no es fácil. Las autonomías participan en la renovación del Alto Tribunal gracias a la reforma de la Ley Orgánica del TC que establece, en su artículo 16.1, que los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas de las comunidades "en los términos que determine el Reglamento de la Cámara".

La reforma posterior del Reglamento introdujo un apartado (184.7) que establece que el presidente del Senado comunicará la apertura del plazo para presentar las candidaturas a las asambleas autonómicas, que podrán presentar hasta dos candidatos en ese plazo, y que la Comisión de Nombramientos del Senado elevará al pleno una propuesta "con tantos candidatos como puestos a cubrir, que deberán haber comparecido previamente en la Comisión".

Es decir, ni la reforma de la LOTC ni el Reglamento del Senado especifican si siguen siendo válidas candidaturas presentadas hace dos años y medio, y tampoco establece plazo alguno ni aclara qué hacer si, como es el caso, se han renovado dos parlamentos autonómicos -Galicia y el País Vasco- en ese tiempo.

Los letrados deberán también pronunciarse "a ciegas" sobre la variación de las circunstancias profesionales de alguno de los candidatos, puesto que ni la LOTC ni el Reglamento del Senado marcan incompatibilidades para ser designado magistrado del TC.

En estos dos años y medio, dos de los candidatos de las comunidades han pasado a ocupar puestos que, en principio, les impedirían formar parte del TC: Ángel Juanes, propuesto por el parlamento andaluz y nombrado el pasado 26 de marzo presidente de la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Campo, candidato de la cámara extremeña y ahora secretario de Estado de Justicia.

Por último, tampoco la LOTC o el Reglamento del Senado dicen nada sobre la posibilidad de repetir el proceso, dirigiéndose de nuevo a las asambleas de las comunidades autónomas, la propuesta que ha planteado el PP.

Cuando Rojo se dirigió a las comunidades para que designaran candidatos, les dio tres meses de plazo, pero ahora todos los grupos del Senado coinciden en que ese espacio de tiempo podría acortarse al máximo y no exceder, incluso, de los quince días.

El objetivo es acelerar ahora la renovación del TC para desbloquear la sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, mientras que el PP defiende la plena legitimidad del Alto Tribunal en su composición actual, y culpa al PSOE de la paralización en el nombramiento de los nuevos magistrados.

Dos de los 23 candidatos -Enrique López y Francisco José Hernando- han impedido hasta ahora el acuerdo entre PSOE y PP, necesario para que, como establece la ley, sean respaldados por tres quintas partes de la Cámara Alta.

El PP insiste en que no los va a retirar y el PSOE en no apoyarlos así que, pese a que el proceso de renovación del TC se haya iniciado formalmente en el Senado, nada indica que pueda ser inmediata.

De hecho, si una nueva consulta a las autonomías retrasa el proceso, éste podría llegar a coincidir con la renovación de los cuatro magistrados que corresponden al Congreso, cuyo mandato vence en octubre, circunstancia que, al tratarse ya de cubrir ocho vacantes, facilitaría el acuerdo entre el PP y el PSOE.