El ministro de Industria, Miguel Sebastián, confirmó hoy que a cerca de tres millones de hogares se les ha congelado la factura de la luz, ya que se benefician del denominado "bono social" diseñado para pequeños consumidores y quienes tengan menos recursos económicos.

El titular de Industria, Turismo y Comercio hizo estas declaraciones en una sesión extraordinaria ante la Comisión del Congreso de los Diputados de este ramo, en la que compareció para explicar la decisión de cerrar en 2013 la central nuclear de Garoña (Burgos) y las medidas para liberalizar el sector eléctrico.

Dentro de estas últimas, el Ejecutivo incluyó la creación del "bono social", una medida que se aplica directamente sobre los usuarios con una potencia de hasta 3 kilovatios (KW) en su primera vivienda, mientras que las familias numerosas, con todos los miembros en paro, o los pensionistas con prestación mínima tendrán que solicitarlo.

Según datos recogidos por Efe, a mediados de mes unos 30.500 usuarios han solicitado dicho bono, en tanto que a 2,7 millones de clientes ya se les había aplicado directamente.

Por lo que las estimaciones ofrecidas hoy por el ministro vienen a confirmar que cerca de tres millones de usuarios disfrutan ya de la medida, de la que el Ejecutivo cifró en su momento, podrán llegar a beneficiarse cerca de cinco millones de clientes.

Además, Sebastián anunció que antes de que acabe el año, Industria podrá a disposición de los consumidores un portal en el que se ofrecerá de manera comparada las distintas ofertas que hagan las comercializadoras eléctricas.

Dicho portal, para el que el departamento contará con la colaboración de la Comisión Nacional de Energía (CNE), reflejará por ejemplo, que un consumidor tipo que opte por el mercado eléctrico libre podrá ahorrar en electricidad hasta 28 euros al año, y en gas natural, una media de 16 euros.

Sebastián añadió que el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011 ha conseguido ya el 71% de su objetivo de ahorro anual, que asciende a 9.000 millones de euros al año.

En cuanto a la entrada en vigor al inicio de julio de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno, el ministro destacó que, aunque abre el camino a la liberalización del sector, ofrece una "salvaguardia" para que la apertura completa del mercado no tenga consecuencias adversas para los consumidores.

Una tarifa que, dijo, establecerá el precio de la luz de una manera "objetiva y transparente" y que permitirá obtener una recaudación suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, al contabilizar tanto el coste de la energía como el resto de gastos que se incurren para generar el suministro eléctrico.

En este sentido, insistió en que la apuesta del Gobierno por liberalizar el mercado eléctrico está siendo "muy clara", y supone, a largo plazo, "mayor competencia, precios mas bajos y más calidad del servicio".