El pleno del Tribunal Constitucional ha respaldado a su presidenta, María Emilia Casas, tras oír sus explicaciones sobre la conversación que en abril de 2007 mantuvo con una abogada que el mes pasado fue detenida y acusada de incitar el asesinato de su ex marido.

Sólo el conservador Jorge Rodríguez-Zapata ha rechazado suscribir la nota en la que sus nueve compañeros agradecen a la presidenta "la transparencia de su comunicación" y le reiteran su confianza.

Éste magistrado ha emitido un comunicado aparte en el que explica que ha declinado pronunciarse sobre las explicaciones de Casas "porque considera que con arreglo a la propia jurisprudencia del Tribunal ello supondría una toma de postura que le contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran un pronunciamiento jurisdiccional o gubernativo" del Constitucional.

Los otros nueve magistrados, por su parte, expresan a Casas su opinión de que ni ella ni el Tribunal "deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas".

Además, manifiestan su decisión de continuar "con normalidad" el estudio y la resolución de los asuntos que en este momento tienen en su agenda, entre los que se encuentran los recursos contra el Estatuto de Cataluña.

La conversación sobre la que Casas ha dado hoy explicaciones tuvo lugar en abril 2007 entre la presidenta y una abogada, que decía sufrir malos tratos y que su hija padecía abusos sexuales, a instancias de una conocida de ambas, que pidió a la magistrada que estudiara el caso.

Durante la charla, la letrada comentó que su ex marido había muerto "en circunstancias un tanto extrañas", ante lo que Casas reaccionó asegurando que no podía ayudarla y facilitándole los teléfonos de dos abogados, tras lo que se despidió diciendo: "si alguna vez va en amparo (al Constitucional), pues me vuelve a llamar".

La conversación fue grabada por la Policía a instancias de una juez de Valdemoro (Madrid) que investigaba el asesinato y remitida al Tribunal Supremo por si de la actuación de Casas se podía derivar alguna responsabilidad penal.

El pasado jueves, el Supremo archivó el procedimiento, al estimar que la presidenta del Constitucional no asesoró de ningún modo a su interlocutora.

En un auto, el Alto Tribunal estimó que los comentarios de Casas en esa conversación "se ajustan sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos".

Cerrada la vía penal por la inexistencia de delito, los compañeros de Casas han recordado hoy que el pleno del Constitucional es el "único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros".

La posición del único magistrado que se ha desmarcado de la decisión adoptada hoy por el pleno, Jorge Rodríguez-Zapata, es una sorpresa sólo relativa -el resto de los jueces adscritos al considerado sector conservador han respaldado a Casas- dada la larga lista de desencuentros de éste con la presidenta.

El más significativo se produjo el pasado mes de junio, cuando junto a Roberto García-Calvo -recientemente fallecido- firmó una carta en la que manifestaba su "discrepancia más profunda" con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) -que prorrogaba el mandato de Casas- y pedía expresamente la dimisión de la presidenta.