La Fiscalía del Tribunal de lo Criminal de París pidió hoy 20 años de cárcel para el ex dirigente de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, "Súsper", y penas de 18 a 5 años para los otros seis presuntos miembros del aparato militar juzgados con él.

El fiscal Olivier Bray, que insistió en que durante el periodo por el que ahora se le juzga -entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003- Fernández Iradi era "el jefe del aparato militar de la banda", reclamó 18 años de cárcel para Gorka Palacios Alday, en ese tiempo "el jefe de los comandos", y 15 años para Juan Luis Rubenach Roiz, responsable de la logística dentro del mismo aparato militar.

Bray solicitó 12 años para José Miguel Almandoz Erviti y otros tantos para Íñigo Vallejo Franco, y explicó que ambos trabajaban juntos en la formación de activistas de ETA cuando fueron arrestados el 9 de diciembre de 2003 en una casa de Lons, cerca de Pau, junto a Palacios Alday y Rubenach Roiz.

Menores fueron las penas demandadas para los otros dos que compartían el piso franco de "Súsper" en Mont de Marsan, en las Landas francesas (suroeste), cuando se produjo la operación policial que permitió arrestar a los tres el 4 de diciembre de 2003: 8 años para Patxi Abad Urkixo y 5 para Garazi Aldana.

Esta última, que tiene la doble nacionalidad española y francesa, es la única que comparece libre en el proceso -bajo control judicial- y para ella el representante del Ministerio Público indicó que dejaba a la apreciación del Tribunal si debería volver a ingresar en prisión, habida cuenta de su pasado psiquiátrico, pero también de su riesgo de reincidencia.

Para todos los demás (los otros seis), Bray requirió que dos tercios de las penas sean de cumplimiento efectivo y que se dicte también contra ellos la expulsión definitiva de Francia en el momento en que deban quedar en libertad.

Tras recordar que Fernández Iradi ya fue condenado en dos ocasiones en Francia, a 30 y a 15 años de cárcel respectivamente, puso el acento en su papel al frente del aparato militar, que "es el centro del dispositivo del terror" de la banda, y como tal "directamente responsable" de los 828 muertos que ETA tiene en su historial.

Señaló que entre los documentos requisados a "Súsper" en Mont de Marsan había algunos con información detallada sobre posibles objetivos de atentados contra, por ejemplo, políticos vascos como el socialista Rodolfo Ares.

Pero el aspecto peculiar de este proceso es que junto a los habituales cargos que pesan sobre los presuntos etarras juzgados en Francia, -como formar parte de una organización terrorista, portar armas, tenencia de explosivos, usar documentos falsos, receptación de diversos bienes robados, en particular coches, etcétera, es que todos ellos están inculpados por tentativa de extorsión de fondos.

Sobre esta imputación, el fiscal insistió en que los miembros del aparato militar "participan en la extorsión" para obligar a que empresarios vascos y navarros paguen el llamado "impuesto revolucionario".

Bray aludió en repetidas ocasiones a los archivos informáticos que se encontraron en Mont de Marsan, y entre los que había fichas de 125 empresarios cuyos dosieres habían pasado a manos del aparato militar porque se negaban a abonar el dinero que les reclamaba ETA.

Aseguró que el mecanismo del chantaje pasa por que la estructura del aparato político "Gezi" gestiona las fases iniciales de ese chantaje y, cuando no funciona, encarga al aparato militar (ESA) que tome medidas de presión contra los "recalcitrantes", lo que puede traducirse en secuestros "exprés" u otro tipo de atentados contra ellos mismos, sus familias o sus bienes.

"Gezi cuando tiene un pequeño problema recurre a ESA", y, en este caso concreto, la primera estructura "informaba a Fernández Iradi para que los condenados actuaran".