Pescanova ha entregado este martes en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra la documentación adicional requerida por el juez, para dar curso a la solicitud de concurso voluntario de acreedores, según han confirmado fuentes de la compañía.
El plazo para aportar esa información complementaria finalizaba el miércoles, pero la multinacional ya ha entregado los documentos este martes, el mismo día en que Manuel Fernández de Sousa agota su mandato como presidente de Pescanova.
A partir de ahora, según han explicado fuentes conocedoras de la situación de la empresa, Fernández de Sousa permanecerá como presidente en funciones sin que, por el momento, se haya convocado una junta de accionistas para aprobar cambios al respecto (el último día para convocarla es el próximo 31 de mayo). En cualquier caso, si el juez acepta la solicitud de concurso, serían los administradores concursales los que tomarían las riendas de la multinacional, cuya deuda puede alcanzar los 3.100 millones de euros.
Fernández de Sousa fue nombrado presidente de Pescanova en 1985 y cada cinco años ha ido renovando su cargo automáticamente con el apoyo de un consejo de administración, que al día de hoy se encuentra totalmente dividido, por lo que el máximo ejecutivo de la firma no contaría con suficiente respaldo.
En la actualidad, el presidente en funciones de Pescanova ostenta el 7,45% de la firma, tras confesar que ha vendido casi la mitad de su participación antes del preconcurso de acreedores, y cuenta, sin embargo, con cuatro asientos en el consejo (su hijo, Pablo Javier Fernández Andrade, su hermano Fernando Fernández de Sousa y Jesús García, en representación de Sociedad Gallega de Importación de Carbones).
Con la actual participación en la firma, Fernández de Sousa debería contar con uno o dos asientos, por lo que no habrían prosperado sus propuestas de solicitar el concurso voluntario de acreedores o la revocación de la auditora DBO, iniciativas que Damm, con el 6,18% del capital de Pescanova, no hubiera apoyado.
En total, Damm (con un 6,183%), el fondo Luxempart (5,837%) e Iberfomento (3,39%), los consejeros más críticos con la gestión de Fernández de Sousa, cuenta con una participación del 15,41%, más del doble que el propio presidente, por lo que podrían forzar la convocatoria de una junta extraordinaria.
Pese a ello, se mantienen a la espera del procedimiento concursal, sin descartar la adopción de medidas legales una vez conozcan la situación financiera real de la compañía, cuya documentación todavía no les ha sido remitida.
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